Una organización que asesora a la UE en la regulación de alimentos resulta ser un lobby de la industria
Un instituto cuyos expertos han ocupado puestos clave en paneles reguladores de la Unión Europea y la ONU es, en realidad, un lobby de la industria disfrazado de organización científica para la salud sin ánimo de lucro, según revela un estudio académico.
El International Life Sciences Institute (ILSI), radicado en Washington, describe su misión como una búsqueda de la “objetividad y claridad” en “beneficio del bien público”. Sin embargo, investigadores de la Universidad de Cambridge, de la Universidad de Bocconi en Milán y de la campaña US Right to Know han evaluado unas 17.000 páginas de documentos obtenidos bajo la ley de transparencia y presentan pruebas de posible tráfico de influencias.
La autora principal, Sarah Steele, investigadora asociada senior en la Universidad de Cambridge, señala: “Nuestras conclusiones se suman a las pruebas de que esta organización sin ánimo de lucro ha sido utilizada durante años por sus patrocinadores empresariales para contrarrestar las políticas de salud pública. ILSI debería ser percibido como un grupo industrial, un organismo privado, y regulado como tal, no como una institución que actúa por el bien común”.
En un email de 2015 enviado con copia a la entonces directora de ILSI, Suzanne Harris, y a ejecutivos de empresas como Coca-Cola y Monsanto, el fundador del instituto, Alex Malaspina, exvicepresidente de Coca-Cola, denunciaba con dureza las nuevas directrices dietéticas de EEUU para reducir el consumo de azúcar.
“¡Estas directrices son un verdadero desastre!”, escribió. “Nos podrían acabar afectando de muchas maneras: impuestos a los refrescos, cambios en los programas de comidas escolares, un esfuerzo educativo fuerte a menores y adultos para limitar el consumo de azúcar, restricciones en los anuncios de comidas y bebidas azucaradas y finalmente una mayor presión del CDC [Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU] y otras agencias para empezar a reducir drásticamente el azúcar que añadimos a las comidas y bebidas procesadas”, añadió.
Malaspina –a quien Coca-Cola describe como un “experimentado líder en asuntos científicos y regultarios”– indicó que esperaba que muchos países siguiesen las nuevas directrices y añadió: “Tenemos que considerar cómo prepararnos para una defensa fuerte”.
Según los principios obligatorios del ILSI, el organismo “no puede proponer directa ni indirectamente soluciones de políticas públicas ni defender los intereses comerciales de sus empresas miembro ni de otras [corporaciones]”.
Kristin DiNicolantonio, directora de comunicaciones globales del instituto, asegura a The Guardian que “bajo ninguna circunstancia el ILSI protege a la industria para que no se vea afectada de políticas y leyes desventajosas”.
El estudio, publicado el lunes en la revista Globalization and Health, muestra que cuando las oficinas regionales de ILSI no lograron promover mensajes favorables a la industria, estas se vieron sometidas a sanciones.
En otro correo electrónico de 2015, Malaspina explica: “ILSI México está en un lío por su patrocinio en septiembre de una conferencia sobre edulcorantes en la que se discutió el tema de los impuestos a los refrescos. ILSI suspende ahora a ILSI México hasta que corrijan sus errores. Un verdadero desastre”.
“Espero que hayamos tocado fondo y que finalmente nos recuperemos en lo que concierne a Coca-Cola e ILSI”, añade Malaspina. ILSI señala que su filial mexicana fue suspendida por “participar en actividades que pueden ser interpretadas como promoción de políticas”.
Su papel en la regulación del glifosato
Paralelamente, ILSI se vio involucrada en otra polémica, cuando The Guardian reveló que su vicepresidente en Europa, el profesor Alan Boobis presidió un panel de la ONU que concluyó que el glifosato probablemente no era cancerígeno para los humanos.
El informe final del panel incluía declaraciones sobre la ausencia de conflictos de interés, aunque ILSI Europa había recibido donaciones por valor de 500.000 dólares de Monsanto, que utiliza glifosato en su herbicida RoundUp, y 528.500 dólares de su representante industrial, Croplife International.
Figuras empresariales de compañías como Monsanto, Kraft y Nestlé se han sentado en la junta directiva de ILSI, aunque DiNicolantonio señala que lo hicieron “en su condición individual”.
En 2012, el Parlamento Europeo suspendió la financiación a la Autoridad Europea de Seguridad Alimenticia (Efsa, por sus siglas en inglés) durante seis meses por una serie de acusaciones de conflictos de interés que salpicaban a miembros de ILSI en su propia junta directiva. Otra investigación parlamentaria independiente sobre esta institución en 2017 contribuyó a la creación de nuevas normas de transparencia en la UE.
El grupo alimenticio Mars anunció el año pasado que iba a romper sus vínculos con ILSI, cuyo trabajo describió como grupo de presión.
Miembros actuales y antiguos de ILSI continúan jugando un papel fundamental en el mecanismo asesor de la UE en materia científica, que recientemente produjo un informe que recomienda una serie de posiciones de la industria sobre los pesticidas. Estas posiciones, por ejemplo, sustituirían las normas actuales que prohíben cualquier producto que pueda dañar la salud humana por el concepto al estilo estadounidense de “riesgo aceptable”.
El informe de la Barrera de Preocupación Toxicológica, publicado por Efsa a principios de año, salió a la luz de un grupo de trabajo en el que la mayoría de los expertos tenía vínculos formales con ILSI, según Pesticides Action Network Europe (PAN-E). La nueva barrera permitiría “niveles de exposición seguros” a muchos químicos que no han sido totalmente analizados por su toxicidad.
PAN-E alega que la sección de uso regulado en ocho de las 12 evaluaciones de riesgo de pesticidas de la UE que ha estudiado han sido “diseñadas y/o promovidas” por la industria.
Acusaciones de presiones a la OMS
Durante 2015, la decisión de la Organización Mundial de la Sauld (OMS) de distanciarse de ILSI por los vínculos entre uno de sus miembros y la industria del tabaco generó cierta inquietud internacional en ILSI, según revela el nuevo estudio.
En un intercambio de correos entre el profesor de la Universidad de Washington Adam Drewnowski y Malaspina se llegó a sugerir un contacto directo con la directora de la OMS, Margaret Chan.
Drewnowski escribió que Chan había dicho que “estaba preparada para sentarse con la industria en la mesa, pero no en la cama (según sus propias palabras). Desde entonces, su posición se ha endurecido considerablemente. Deberíamos recordarle su propia frase y llevarla a la mesa”.
Más tarde, Malaspina envió un email a destacados miembros de ILSI y Coca-Cola afirmando: “Debemos encontrar la manera de que alguien, como un científico famoso, haga una visita a Chan. Jim Hill o alguien de talla similar o un científico del Gobierno de EEUU”.
“Chan continuará acribillándonos con importantes consecuencias negativas a nivel mundial. Esta amenaza a nuestro negocio es grave”, así advertía Malaspina del riesgo de no comenzar un diálogo con ella.
En otro correo a Barbara Bowman, entonces directora de la división de enfermedades cardíacas y prevención de infartos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC), Malaspina se quejaba de que la OMS “ahora no quiere trabajar con la industria, pero quien encuentra todos los nuevos medicamentos no es la OMS, sino la industria. Está influida por el Gobierno de China y está en contra de EEUU. Hay que hacer algo”.
DiNicolantonio asegura por correo electrónico que cualquier sugerencia de que ILSI ha intentando influir en Chan por los productos azucarados “no tiene base y no es correcta”.
