Marcio Goulart do Nascimiento estaba encadenado y vestido con un mono azul carcelario en un tribunal federal con otros once hombres el viernes pasado en El Paso, Texas. Dos semanas antes, a las afueras de El Paso, agentes fronterizos lo arrestaron cuando intentaba cruzar la frontera con Eliana, su mujer, su hijo de nueve años y su hija de 15. Lo detuvieron y entregaron a sus hijos a la custodia de los servicios de inmigración. Esa fue la última vez que los vio.
El juzgado de El Paso es un ejemplo de primera mano de la política de “tolerancia cero” de Donald Trump en cuanto a inmigración. Anunciada por el fiscal general de EEUU, Jeff Sessions en abril, la política significa que todo aquel que sea sorprendido cruzando la frontera de manera ilegal será procesado. Esto se traducirá en más adultos encarcelados y, en las últimas seis semanas, en cerca de 2.000 niños separados de sus padres. Cada día, docenas de padres procedentes de América Central y Sudamérica se enfrentan a cargos por intentar entrar en EEUU de manera ilegal y contar su historia.
Después de ser condenado a la pena ya cumplida por una entrada ilegal, el juez Miguel Torres preguntó a Do Nascimiento si quería decir algo al tribunal. “Decidí venir a EEUU con mi mujer y mis dos hijos porque si me hubiera quedado en Brasil habrían asesinado a toda mi familia”, respondió al juez, que observaba consternado.
En el tiempo que tuvo para hacerlo, el trabajador brasileño de 38 años contó, con la ayuda de un intérprete, por qué huyó de su ciudad natal de Vitoria, a unas siete horas al noreste de Río de Janeiro.
“Quería presentar una queja contra una vivienda donde se vendían drogas en mi barrio”, expuso. “Así que fui a la comisaría a quejarme de este lugar de narcotráfico y me dijeron que si hacía tal denuncia me matarían. Fue entonces cuando decidí huir con mi esposa y mis hijos a EEUU. Ayer supe que mataron a mi casero porque nos ayudó a huir a EEUU”.
“Por favor, perdónenme. Vine con toda mi familia porque no quería que nos matasen”. Justo después de terminar su declaración, Do Nascimiento sufrió un ataque. Otros prisioneros lo agarraron y un funcionario del tribunal lo sentó en una silla de ruedas mientras su cuerpo se quedó sin fuerzas y sus ojos se cerraron.
El juez llamó a un paramédico y los alguaciles se lo llevaron a una celda de detención. El desmayo detuvo el proceso, pero solo por unos momentos.
Ese día, Juan Francisco Castro, de 49 años, también estaba en la sala. Los agentes fronterizos lo habían detenido a él y a sus dos hijas. Una de ellas acababa de cumplir 18 años y la otra tenía 16. Todos fueron detenidos el 1 de junio hacia las 21.30 horas. Los documentos del tribunal dicen que el agente “notó que la ropa de los sujetos estaba mojada desde la rodilla hasta los pies”. Esta familia salvadoreña había vadeado el río para entrar en EEUU desde Ciudad Juárez, en México.
Con la ayuda de un intérprete español, Fuentes Castró imploró al tribunal que le perdonara. “Me sentí impotente. El Salvador está pasando por un momento terrible. Lo único en lo que podía pensar era que tenía que sacar a mis hijos de allí. Lo siento mucho”. En el momento de su detención, dio los datos de contacto de su hermana que vive en California.
Los agentes fronterizos intentaron ponerse en contacto con su hermana, pero no obtuvieron respuesta. Cuando las autoridades de inmigración de EEUU no pueden ponerse en contacto con un miembro de la familia que pueda hacerse cargo de los niños, se les pone bajo custodia y se les coloca en un hogar de acogida o en un centro de detención de inmigrantes.
El lunes por la mañana, no hubo cambios en la escena de los juzgados: grilletes, trajes azules, todos con auriculares para comprender a los traductores. Cada día, las mujeres y los hombres procesados por entrar ilegalmente en EEUU son personas diferentes, pero los procedimientos son casi siempre los mismos: “Sí”, “No”, “Culpable”. El lunes, Torres hizo declarar y sentenció a 14 personas por violaciones migratorias en un proceso que duró una hora y diez minutos. Finalizó justo a tiempo para hacer un receso para el almuerzo.
El proceso solo se retrasa momentáneamente cuando el acusado se niega a declararse culpable. José de Jesús Díaz, detenido por la Patrulla Fronteriza después de cruzar el río desde México con su hija de 16 años se negó a declararse culpable este lunes hasta que no supiera el paradero de su hija.
Su abogado, Sergio Roldán, dijo que Díaz se declararía culpable solo cuando su hija estuviera bajo la custodia de su hermana, que vive en Nevada. Pero para que ella pudiera hacerse cargo de la custodia de su hija, ella tendría que solicitar una petición de adopción a un tribunal estatal de Texas, un proceso que probablemente llevaría por lo menos dos semanas y media.
Roldán, que tiene 25 clientes que han sido separados de sus hijos, dijo que esta era la primera vez que uno se negaba a declararse culpable hasta que no supiera dónde estaba su hijo.
Elizabeth González sabe dónde está su hija. Se había declarado culpable y había sido sentenciada cuando el juez le preguntó si tenía algo que quisiera decir ante el tribunal. Madre soltera de 30 años de Guanajuato, en México, dijo que vino a EEUU porque quería proteger a su hija de tres años de su padre que era un hombre violento y traficante de drogas que ya había abusado de ambas. Ella dijo que estaba intentando reunirse con su madre, que vive en Fort Worth, en Texas.
Su abogado de oficio Darren Ligon dijo que el novio de su cliente era miembro de una banda en Ciudad Juárez. “Lo más terrible es que lo que mi clienta estaba intentando evitar, ha ocurrido. Las autoridades de inmigración han entregado a su hija al padre violento a través del puente internacional. Se pusieron en contacto con él en Juárez y vino a por su hija”, apunta.
El juez Philip Martínez dijo a González que su historia era “realmente desgarradora”. “Tal vez pueda presentar una solicitud de asilo en el tribunal de inmigración, pero la situación cambia a diario y no sé si tendrá éxito”. Martínez se refirió de esta manera a la decisión de Jeff Sessions de no permitir que la violencia machista o la persecución entre bandas sean motivos para solicitar asilo.
González fue sentenciada a sesenta días de cárcel y un año de libertad condicional. Tras pasar por la cárcel, tendrá que afrontar un proceso de inmigración y podría ser deportada, a menos que la Administración de Trump le conceda asilo político. “Solo quiero la custodia de mi hija”, dijo al tribunal. “Solo intentaba proteger a mi hija de su padre”.
Traducido por Cristina Armunia Berges