Sólo el diálogo puede llevar estabilidad a Cataluña y la UE es parte de la solución
Escribo estas líneas desde una convicción profundamente europeísta y como expresión de un sentimiento de honda preocupación. La crisis política que se vive en relación a Cataluña no incumbe sólo al Estado español, concierne al conjunto de la Unión Europea. Esta crisis está afectando al modelo de encaje de pueblos cuyas sociedades vienen expresando, históricamente, una voluntad de autogobierno. Esta voluntad arraigada en Cataluña o el País Vasco, no se manifiesta en contraposición al proyecto europeo sino que se vincula a su europeísmo.
El resultado de la crisis de Cataluña tendrá efectos en el conjunto de la Unión. Nos encontramos ante un conflicto político de dimensión europea que demanda una solución de diálogo, negociación y acuerdo. Una solución que permita conciliar realidad y realismo, legalidad y legitimidad, voluntad de libre adhesión en Estados compuestos de diferentes realidades nacionales en una fórmula de unión voluntaria.
Los conflictos políticos requieren soluciones políticas.
La ausencia de voluntad política de diálogo orientado al acuerdo, ha provocado esta situación. El Gobierno español debería abrir, de inmediato, una vía de diálogo con realismo, dado que está en juego el concepto de soberanía. Planteo dos principios. Un principio de responsabilidad que dé preferencia al pacto y evite cualquier fractura social o política interna o entre ámbitos territoriales o institucionales. Un principio de realidad que reconozca la existencia de un conflicto entre voluntades sociales mayoritarias que, en cuanto a su proyecto nacional, se manifiestan de forma divergente en Cataluña, el País Vasco y el resto del Estado español.
Desde el primer día de mi mandato, trasladé al Jefe del Estado y al Presidente del Gobierno Español la necesidad de abrir una reflexión profunda, compartida, sobre el modelo de relación y articulación territorial acordado en 1978, a la salida de la dictadura. Este modelo no hizo sino ratificar la “unidad impuesta” por la Constitución de Cádiz de 1812, mantenida hasta nuestros días. Una “unidad impuesta” que dejó sin efecto el modelo de “unión voluntaria” vigente y los Derechos Históricos del Pueblo vasco, que no encontraron “amparo y respeto” hasta la Constitución de 1978. Esta reflexión no se ha acometido y no puedo entender, ni compartir, la forma de gestión de la crisis en relación, hace más de una década al País Vasco y, ahora, a Cataluña. Actuar con responsabilidad significa anticipar las consecuencias de las decisiones políticas, judiciales, penales y policiales que se impulsan. No se ha hecho y la realidad se acerca a un escenario de escisión social y ruptura política, institucional y emocional que será muy difícil revertir.
Reino Unido y Escocia, Canadá y Quebec, modelos de solución democrática.
Los responsables institucionales y políticos debemos formar parte de las soluciones, no de los problemas. Contamos con modelos, cercanos y recientes, para arbitrar soluciones acordadas que conjuguen el principio de legalidad y el principio democrático. Es la ley de claridad en la relación entre Quebec y Canadá o el acuerdo de referéndum legal y pactado entre Escocia y Reino Unido. Estas consultas han permitido a la ciudadanía expresarse y comprobar que su opinión ha sido tenida en consideración. Constituyen un precedente de resolución civilizada, constructiva y democrática de una discrepancia.
Cataluña y País Vasco reclaman su protagonismo en Europa.
En el País Vasco, tras décadas de violencia y terrorismo, estamos impulsando una vía de solución al futuro del autogobierno, en un modelo que conjuga construcción nacional y construcción social con la participación, por primera vez, de todas las tradiciones políticas vascas. El 10 de mayo presenté al Presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, la visión del autogobierno vasco y el futuro de la Unión Europea.
La premisa es que el ideal del autogobierno se encuentra en la concordia y convivencia entre identidades diferentes, desde el respeto y reconocimiento mutuo. Este ideal es de aplicación a la articulación del Estado español plurinacional. Supone asumir el reconocimiento jurídico-político, social y cultural de las realidades nacionales catalana o vasca, además de la española. Propone una visión constructiva y pactada a la redistribución de soberanía.
Una Europa unida requiere una soberanía compartida.
El objetivo de convivencia entre identidades diferentes, se puede alcanzar asumiendo el concepto europeo de cosoberanía o soberanía compartida. Sobre esta base, abogo por habilitar cauces legales para que las Comunidades políticas que, mediante decisión expresa de sus instituciones parlamentarias de autogobierno, quieran consultar a la ciudadanía sobre su futuro, puedan hacerlo.
Apuesto por una Europa de gobernanza multinivel, abierta a una estructura basada en el principio de subsidiariedad que permita un reparto de competencias y de soberanía. Una Europa capaz de aunar los elementos positivos de los modelos confederal y federal, construida de abajo arriba, que base su Unión en el reconocimiento de la diversidad de los pueblos, naciones y culturas que la integran.
Las naciones europeas somos parte de la solución.
En 1916 una Delegación vasca participó en Lausanne en la Conferencia de las Nacionalidades, expresando que “el País Vasco tiene necesidad de demostrar que existe, de ponerse en contacto con las nacionalidades de Europa para tomar parte en los grandes problemas de orden jurídico internacional.” Hemos comprometido una aportación al libro blanco sobre el futuro de la Unión Europea y hoy, un siglo después de aquella Conferencia, planteo que el protagonismo político y decisorio se comparta con los pueblos y naciones que integran Europa. Es clave para vertebrar el proyecto y conectarlo con la ciudadanía, en un proceso ascendente. Significa recuperar los principios fundacionales para construir una federación de naciones y pueblos en torno a un proyecto político compartido.
La crisis de Cataluña es una “cuestión de orden jurídico internacional” que apela al futuro de Europa y demanda una solución dialogada. No es un problema interno de Cataluña y el Estado español, como tampoco hace diez años era un problema en relación al País Vasco o, posteriormente, a Escocia. Lo que está sobre la mesa afecta, de forma directa, a la salud del proyecto europeo, a la identificación y convivencia de sus ciudadanos con la unión que representa.
