Trump pone en peligro la concesión del estatus de refugiado a víctimas de violencia machista
Cuando Elbia huyó de su pequeña aldea en Guatemala dejó atrás años de abusos a manos de su novio. El punto crítico fue cuando este le pegó tanto que quedó atrapada entre las tablas del somier de la cama. Poco después, ella y su hijo de cuatro años se adentraron en las montañas que se alzan por encima de la casa de su familia —el primer paso de un camino de meses hasta Estados Unidos—.
Ahora, Elbia, cuyo nombre ha sido cambiado para proteger su identidad, se encuentra en el final de ese doloroso viaje. Recientemente se presentó ante un tribunal de inmigración en Eloy, Arizona, para pedir asilo en Estados Unidos.
“Empiezo a comprender que lo que me pasó no era mi culpa y que tengo derechos”, afirmó en su solicitud al tribunal. “Este es mi sueño, vivir una vida sin violencia”.
Los activistas de inmigración han estado batallando por el destino de las mujeres como Elbia durante más de una década. Defendiendo que las personas que huyen de la violencia machista deberían tener derecho al asilo, han obtenido victorias cruciales en los tribunales para víctimas de la mutilación femenina, los matrimonios forzados y la violencia homófoba.
En 2014, el alto tribunal de inmigración del país emitió una sentencia emblemática en la que daba el derecho al asilo en Estados Unidos a las mujeres que escapan de la violencia machista generalizada. Sin embargo, bajo la presidencia de un hombre que dirige una ola de sentimiento antinmigración, los activistas temen que estos logros y los futuros estén en peligro.
Las acciones de Trump
En su conjunto, las diversas órdenes ejecutivas de Trump sobre la inmigración complicarán a los solicitantes de asilo llegar a Estados Unidos, les obligarán a pasar más tiempo en detención y harán más difícil que tengan éxito en los tribunales si no se rinden antes, afirman los activistas. La orden original de Trump en inmigración —el veto migratorio— llevó incluso a algunos agentes de aduanas y protección de fronteras a impedir a los solicitantes de asilo rellenar nuevas solicitudes.
Otro documento, publicado por el Departamento de Justicia ha empezado a transformar lo que solía ser una evaluación honesta de la credibilidad de un solicitante de asilo en algo más cercano a una plena audiencia judicial.
Los solicitantes de asilo que llegan a la frontera sur siempre han tenido que pasar una fase de credibilidad antes de que su caso llegue a un juez. Sin embargo, los estándares de las pruebas se han intensificado en las audiencias de credibilidad y es como si los solicitantes de asilo tuviesen que ganar su caso dos veces —y en las audiencias de credibilidad, no existe la oportunidad para presentar pruebas o testigos—.
“El efecto acumulativo de las órdenes es hacer mucho más difícil que los solicitantes lo logren”, explica Karen Musalo, directora del Center for Gender & Refugee Studies (CGRS) que, junto con el Proyecto Florence, representa a Elbia.
Jeff Sessions, el nuevo fiscal general y un clásico crítico contra la inmigración, tiene el poder de anular personalmente al tribunal de inmigración de mayor instancia. Y existen peticiones para que suspenda la emblemática sentencia de 2014.
Los activistas contra la inmigración siempre han deseado una revocación absoluta de décadas de política de asilo. Y ahora esos grupos gozan de la atención de la administración.
“No somos un refugio para mujeres maltratadas”
Elbia tenía 14 años cuando un chico de 15 se le acercó en un festival del pueblo y le presionó para que fuese su novia. Él insistió, negándose a aceptar un “no” como respuesta. Cuando ella tenía 16, ya estaba viviendo con él en la casa de la familia del chico.
Fue tras dar a luz cuando él empezó a abusar de ella. Aparte de pegarle, su novio gastaba tanto en alcohol que apenas había dinero para alimentar a su hijo. Cuando se negó a tener otro, él la violó. La amenazó con matarla. Durante tres años, recuerda, “ni me acuerdo de todas las veces que me pegó y me violó”.
La ley de asilo de Estados Unidos protege a las personas perseguidas por su raza, religión, nacionalidad, opinión política y grupo social particular. No protege explícitamente a las personas perseguidas por su género, pero una serie de sentencias judiciales ha reconocido grupos específicos de mujeres como “grupos sociales particulares” protegidos.
La sentencia de 2014 reconoce “a las mujeres casadas en Guatemala que no pueden dejar su relación” y da a las mujeres una base sólida para hacer sus solicitudes de asilo.
El argumento que da validez a la sentencia es el siguiente: en Guatemala, la violencia machista contra las mujeres es un problema social y generalizado. Las fuerzas de seguridad en el país son reticentes e incapaces de frenar a los maltratadores por su actitud respecto a los derechos de las mujeres. La violencia machista no es un problema doméstico y privado, sino un problema cultural a nivel nacional similar a la mutilación genital o el matrimonio forzado.
El argumento en contra de conceder el asilo a mujeres como Elbia es que hay muchas mujeres como ella. “Nuestro país no es un refugio para mujeres maltratadas”, afirmó la agitadora conservadora Ann Coulter en el programa de radio de Sean Hannity. “No estamos aquí para hacernos cargo de todos los casos de caridad del mundo”, añadió.
El poder judicial, dividido
Los activistas en favor de la inmigración señalan que ya es extremadamente difícil para las mujeres solicitar asilo en EEUU por violencia machista. En los últimos seis años, de acuerdo con un análisis realizado por investigadores sobre tendencias judiciales de la Universidad de Siracusa, el sistema de inmigración estadounidense se ha polarizado cada vez más entre los jueces que aprueban abrumadoramente las solicitudes de asilo y los que las rechazan. Las diferencias han aumentado tanto que el mejor indicador para conocer el resultado del caso es saber el nombre del juez asignado.
En la actualidad, las posibilidades se han inclinado en contra de los solicitantes de asilo. Las negativas han crecido a un ritmo sin precedentes de 2015 a 2016. La gente de México, El Salvador, Honduras y Guatemala, donde varios tipos de violencia obligan a la gente a huir, son los que menos posibilidades tienen de ganar sus casos.
La solicitud de asilo de Elbia se presentó como el caso perfecto en este escenario hostil. Los hechos en su caso son prácticamente idénticos a los de la emblemática sentencia de 2014 y sus abogados convocaron a un grupo de testigos expertos de élite para testificar sobre el peligro —persecución, en sus propias palabras— a la que se enfrentaría Elbia si volviese a Guatemala. El caso se desarrolla en Arizona, donde los jueces de inmigración tienen la tasa de rechazo por los cielos.
Un juez escuchó su caso el 17 de febrero. En menos de una semana, el juez llamó a sus abogados para decirles que le otorgaban el asilo. Elbia se podía quedar.
Mujeres sin protección
Pero muchos otros no tendrán tanta suerte, teme uno de sus abogados. “Que haya hecho falta un experto nacional en el tema para trabajar en el caso, desarrollar el testimonio a favor y preparar importantes recursos para ganar lo que debería ser un caso bastante claro lo dice todo”, explica Blaine Bookey, abogada de CGRS.
Y estos son solo los obstáculos que se ha encontrado dentro de las fronteras estadounidenses. En su declaración jurada, Elbia relató un viaje de meses de duración que casi le cuesta la vida. “Dormí bajo los árboles y en una cueva”, contó. “Encontré huesos de personas muertas en el desierto”. Pero la alternativa, explicó, era aún más terrible.
“Mi suegra me dijo que fue varias veces a la policía para interponer una denuncia contra su propio marido, pero que no hicieron nada por ayudarla”, indicó.
Si se hubiese quedado en Guatemala, aseguró que su pareja hubiese contratado a un miembro de una pandilla para encontrarla. “El Gobierno no me hubiese dado ninguna protección, da igual en qué parte del país estuviese”, explicó. “Las mujeres no encuentran protección. Tienen que sufrir hasta que finalmente son asesinadas”.
Traducido por Javier Biosca Azcoiti
