La oposición turca advierte de la existencia de una campaña de acoso e intimidación por parte del Gobierno en la fase previa al referéndum del mes que viene. Turquía vota el cambio hacia un sistema presidencialista que concedería extensos poderes al presidente Recep Tayyip Erdogan.
La ola de arrestos de diputados de la oposición, activistas y periodistas, así como el cierre forzoso de medios de comunicación, han dejado básicamente a la prensa afín al Gobierno moderando el debate sobre la votación.
Representantes de la oposición también destacan el uso de una retórica de polarización desde el partido gobernante, el AKP. Miembros del partido de Erdogan han vinculado la oposición al nuevo paquete constitucional con el apoyo a grupos terroristas como ISIS. Además, la votación se celebrará bajo el estado de emergencia impuesto tras el intento fracasado de golpe de Estado del pasado julio.
“En las democracias la gente puede escoger y elegir lo que quiere”, señala Barış YarkadaÅŸ, miembro del opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP), que defiende el 'no' en el referéndum. “Ahora, el derecho de los ciudadanos a escoger y elegir está siendo secuestrado porque los ciudadanos solo pueden oír una voz: la del 'sí'”.
Erdogan aprobó las enmiendas constitucionales el mes pasado tras pasar con mayoría simple por el Parlamento, sentando así las bases para la votación del 16 de abril. El referéndum es ampliamente percibido como una votación sobre el liderazgo de Erdogan. Si sale adelante, los cambios permitirían al presidente permanecer en el poder dos mandatos más, hasta 2029.
Los cambios constitucionales incluyen también aumentar el número de diputados y al mismo tiempo bajar su edad; la abolición de la figura del primer ministro; la creación de un gabinete con poca supervisión del Parlamento; y la concesión tanto al presidente como al Parlamento de la potestad de convocar elecciones anticipadas.
Los seguidores del presidente afirman que los cambios llevarán a una Turquía fuerte que no vuelva a estar sometida al caos de los gobiernos de coalición. También creen que solucionarán los conflictos de poder en el ejecutivo y que establecerán controles al poder presidencial con la posibilidad de retirarle la confianza o convocar nuevas elecciones presidenciales.
Pero los críticos temen que Turquía se convierta en un país al mando de un solo hombre, con el poder concentrado en las manos de Erdogan, que consolidará su autoridad gracias a un parlamento y a un poder judicial afines.
Aliados del terrorismo
Los opositores también denuncian la opresión a gran escala en un país que se recupera de una serie de ataques terroristas, así como por el intento de golpe de Estado de julio y la subsiguiente purga en la administración.
Una decena de políticos de la oposición del prokurdo Partido Democrático del Pueblo (HDP) están actualmente en prisión y la semana pasada los jueces impusieron castigos a los dos copresidentes de la coalición izquierdista que incluye a políticos kurdos y a activistas, así como a otros grupos minoritarios.
Selahattin DemirtaÅŸ, el carismático político kurdo que se ha manifestado contra el sistema presidencialista y que está encarcelado desde noviembre, ha sido sentenciado a cinco meses más de prisión. El copresidente de su partido, Figen YüksekdaÄŸ, ha sido expulsado de su escaño tras ser declarado culpable por el Tribunal Supremo por su asistencia, hace varios años, al funeral de un terrorista izquierdista. “La sentencia es un intento de intimidarnos a nosotros y a nuestra gente”, denunció el HDP.
“El único líder que puede mantener una buena campaña por el no contra Erdogan es Selahettin DemirtaÅŸ”, señala Mithat Sincar, diputado del HDP. “Su detención implica que Erdogan ha expulsado del juego a su rival más poderoso”. Sincar asegura que un referéndum bajo el estado de emergencia llevará inevitablemente a una mayor división en un país que ya está políticamente dividido.
Altas autoridades del partido en el gobierno AKP han vinculado el voto en contra de la reforma a la promoción de los intereses de grupos terroristas como ISIS, PKK y los gulenistas (seguidores del clérigo exiliado en Estados Unidos y acusado de intento de golpe de Estado).
El primer ministro Binali Yıldırım ha afirmado que los grupos terroristas se oponen a los cambios constitucionales. “Si todas las organizaciones terroristas están haciendo campaña en coro por el 'no', eso debería ser significativo para nuestro país, nuestra gente y nuestros ciudadanos. Mis ciudadanos no estarán en el mismo lado que los terroristas”.
152 periodistas en prisión
Ozan Erdem, un diputado provincial del AKP fue forzado por su propio partido a renunciar el mes pasado después de afirmar que el país se tendría que preparar para la guerra civil si los cambios constitucionales eran rechazados en la votación.
Más allá de la retórica, la oposición afirma que tiene pocos medios para expresar sus puntos de vista. El CHP calcula que 152 periodistas están actualmente en prisión, incluyendo 11 de Cumhurriyet, el periódico más viejo del país y que ha adoptado una dura posición contra las reformas y ha sido acosado con denuncias y con la amenaza de la imposición de una junta gubernamental para dirigir el periódico. Además, se han cerrado más de 170 medios desde el intento de golpe de Estado, incluidos periódicos, páginas web, canales de televisión y agencias de noticias. Unos 2.500 periodistas han sido despedidos.
Esta semana, el periodista turco-alemán Deniz Yücel, del periódico Die Welt, fue detenido tras informar del hackeo y la filtración de los correos personales del yerno de Erdogan. Dicha decisión ha sido interpretada como un mensaje para la prensa extranjera en el país.
Cerca de 5.000 académicos han sido despedidos como parte de una purga en muchas profesiones, incluida en la policía, el ejército y el poder judicial. Tras el fracasado golpe de Estado, más de 125.000 personas han sido despedidas y 40.000 detenidas.
“El concepto de pluralidad está siendo abolido... y Turquía se está situando en una posición donde solo existe una única voz”, asegura Yarkadas, el diputado de CHP que dirige la comisión de medios del partido y que se ha reunido recientemente con los periodistas encarcelados de Cumhurriyet.
Algunos observadores ven la intimidación del Gobierno a la campaña a favor del 'no' como una muestra del miedo a que un electorado dividido pueda inclinarse por rechazar los cambios constitucionales. Las encuestas han variado mucho, aunque algunos sondeos internos muestran un liderazgo de la oposición. Los votantes indecisos, alrededor de un 10% del electorado total, serán fundamentales en el resultado.
Muy pocos esperan una pelea justa. El Gobierno ha eliminado la autoridad de la Junta Electoral Suprema para imponer castigos a los canales de televisión que no den suficiente tiempo de emisión a ambas campañas. “Ahora Turquía debate entre susurros”, señala un funcionario del ámbito mediático que prefiere mantenerse en el anonimato.
Traducido por Javier Biosca Azcoiti