Varias ONG en Ecuador ven “persecución” a defensores de derechos digitales

Más de una treintena de ONG expresaron su preocupación ante lo que consideraron una tendencia mundial de “perseguir a defensores de los derechos digitales”, entre los que incluyen a Ola Bini, el informático sueco amigo de Julian Assange procesado en Ecuador.

Human Rights Watch (HRW), Reporteros sin Fronteras (RSF), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Amnistía Internacional (AI), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y la Fundación para el Internet Libre, figuran entre las 35 organizaciones firmantes de un escrito que censura esa supuesta “persecución”.

Entre las personas que han visto vulnerados sus derechos en ese sentido, incorporan también a entrenadores e investigadores de seguridad, y exigen “una fuerte protección de su trabajo y su reconocimiento como defensores de derechos humanos”.

El escrito advierte de que ya sea a través de leyes que penalizan su actividad, o mediante una persecución judicial destinada a silenciarlos y castigarlos, el trabajo de los “defensores de derechos digitales” así como sus vidas están en peligro.

Este fenómeno, aseguran, tiene un efecto perjudicial sobre los derechos humanos, tanto en línea como fuera de linea.

“Casos como la interferencia política en el caso penal contra Ola Bini en Ecuador, la investigación y las medidas arbitrarias tomadas contra Javier Smaldone en Argentina, así como los casos de Alaa Abd El Fattah en Egipto, Fikret Baskaya en Turquía, Ahmed Mansoor en los EAU y muchos otros, son parte de una tendencia mundial creciente y peligrosa”, denuncian.

Los firmantes argumentan que el trabajo que realizan los defensores de los derechos digitales en defensa de la privacidad es fundamental para la protección de los derechos humanos.

Así, explican que los defensores crean conciencia sobre la existencia de vulnerabilidades en los sistemas, lo que permite que los sectores público y privado encuentren soluciones que mejoren la seguridad de la infraestructura y el software en beneficio del público.

Creen además vital su trabajo como asesores de seguridad para periodistas y activistas de derechos humanos, labor que considera como “un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión”, que como tal, “debe protegerse”.

Relatores especiales sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión de la OEA y la ONU han expresado su preocupación por la detención y el enjuiciamiento de Bini, recuerda el documento.

Este informático sueco fue detenido el pasado 11 de abril en el aeropuerto de Quito cuando se disponía a viajar a Japón y pasó 70 días en prisión preventiva sin conocer cuál era su delito.

Su caso, según explicó a Efe, está plagado de irregularidades que incluyen largas horas bajo arresto sin asistencia letrada, más de medio día sin que el Consulado sueco tuviera conocimiento de ello y el no haber sido informado de los motivos de su detención, presumiblemente porque las autoridades no disponían de pruebas del supuesto espionaje cibernético al que apuntaron.

Desde su puesta en libertad en junio, debe cumplir medidas cautelares como la comparecencia semanal ante sede fiscal y aún está pendiente de juicio, después de que se le imputaran cargos de intromisión en sistemas informáticos en el país andino.