¿Cuántos desaparecidos provocó la dictadura de Pinochet? ¿Y la de Videla? “Mira que ha dado ríos de tinta”, apura el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, Leandro Álvarez Rey, que cita: “pues fueron unos 3.000 en Chile y unos 30.000 en Argentina”. Y en Andalucía, enlaza, “en los primeros meses de la guerra civil, el número de asesinatos políticos fue el doble que en 17 años de una dictadura como la argentina y de 20 veces más que en los casi 20 años de la chilena”.
Las cifras del terror no son fáciles de borrar del imaginario colectivo. “El alcance de la represión en suelo andaluz fue de tal magnitud que, queramos o no, el peso de la memoria está muy arraigado”, explica. De ahí el compromiso de una tierra convertida en vanguardia memorialista. Lo cuenta el historiador en esta ventana abierta desde eldiario.es/andalucía al mundo de la investigación universitaria.
Porque indagar en las páginas más oscuras del pasado reciente de la historia española tiene mucho de implicación personal. Un interés “que ha ido variando a lo largo de los años” de la mano de circunstancias no sólo atadas a la “sensibilidad” del profesional, corrige, “sino a una cuestión fundamental: la posibilidad de acceder a las fuentes”.
“En España tenemos una de las legislaciones más restrictivas en lo que se refiere al acceso a la documentación”, abunda. Y lidiar con ese toro complica las cosas. “En los años 80 hubo verdaderos arrojados que se pusieron a investigar la guerra civil”, comenta admirado. Hoy todo es más fácil, sugiere.
En los pasos que da Andalucía, una pata importante es “la colaboración entre la Dirección General de Memoria Democrática y las nueve universidades públicas andaluzas”, sostiene Leandro Álvarez Rey. Esta relación positiva ha aportado resultados palpables en varios proyectos de envergadura.
Como el titulado Actuaciones y resoluciones de los tribunales de responsabilidades políticas en Andalucía. Este trabajo ha permitido analizar “el mundo variado de la represión”. Haciendo hincapié en “esos cerca de 60.000 andaluces que fueron procesados y esquilmados de sus bienes, los miles de andaluces que fueron expulsados de sus empleos como fruto de los procesos de depuración”. Ya publicado, con la coordinación de Fernando Martínez desde la Universidad de Almería, “ha llevado años y han participado casi medio centenar de investigadores e historiadores”, cuenta.
Como el proyecto Las actuaciones y resoluciones del tribunal especial para la represión de la masonería y el comunismo en Andalucía. Ahí están “los 6.000 masones andaluces, muchos fusilados, otros procesados y condenados en consejos de guerra”, a los que se juzgó de forma específica. “El arraigo de la masonería en Andalucía no tiene comparación con otros territorios del estado”, manifiesta el catedrático de Historia Contemporánea.
De ahí surgió “un Diccionario Biográfico de los Masones Andaluces donde constan todos sus datos, la sanción, las circunstancias de la represión de la que fueron objeto, aparte de su trayectoria biográfica”. Y desde esta represión poliédrica [física, económica, ideológica], el éxodo, la huida: “los 50.000 andaluces y andaluzas que tenemos ya censados y forman parte del exilio republicano español”.
“Es el tema en el que estamos trabajando, desde hace años, y es casi el más complejo de todos”, admite. “Hablamos de decenas de miles de personas y de fuentes muy dispersas”. La necesidad, por ello, de bucear en archivos desperdigados por medio mundo. “De México, donde se exilia gran parte del exilio más político e intelectual; en Francia en los archivos departamentales en el sur, que es donde son internados en los campos; los archivos en Argelia en el norte de África, los de la Unión Soviética, en Gran Bretaña, en Chile, Argentina, Colombia”.
“Ya tenemos una base de datos con más de 300.000 registros. Vienen a corresponder a unos 50.000 andaluces y andaluzas exiliados”, adelanta Leandro Álvarez Rey. Sólo en el año 39, recuerda, la estampida republicana “se cifra en unos 525.000 exiliados totales”. Luego, muchos regresan, convirtiéndose “en carne de cañón para el franquismo”.
Porque algo claro, después de años de investigación, “es que nunca llegaremos a conocer la represión al 100 por cien en toda su dimensión”. “Y no hablamos solo de los asesinatos”, dice. “Sino también de esa otra represión tan poco conocida sobre las mujeres”. “La memoria de lo que fue la guerra y la represión en muchos casos se ha transmitido casi de generación en generación en el ámbito familiar pero, sospecho, hay aspectos que ni siquiera ahí se han contado”.
O la incautación de bienes, requisas, depuraciones… “pocos demógrafos explicarían hoy cómo dos millones de andaluces salen pitando, sobre todo de nuestros pueblos, desde finales de los 50 y comienzos de los 60, sin tener en cuenta que estamos hablando de familiares de fusilados en la guerra civil para los cuales seguir viviendo en su pueblo casi pared con pared con el que sabes que mató a tu padre o violó a tu madre… es insoportable”. Además, remata, “con el estigma de ser hijos de rojos”.
“Podemos llegar a precisar, de eso se han encargado muchos investigadores, la mayoría no vinculados a la universidad, el número de fallecidos, muertos, asesinados en la guerra civil. ¿Pero el número de mujeres violadas? ¿El número de niños huérfanos dados en adopción a familias? Eso son, me temo, cuestiones que nunca llegaremos a conocer en toda su dimensión”, culmina el catedrático de la Universidad de Sevilla, Leandro Álvarez Rey. Porque investigar supone “recomponer un puzzle” y el ámbito memorialista continúa recuperando las piezas rotas por la guerra civil y la dictadura franquista.
El trabajo de investigación de Álvarez Rey “prácticamente siempre se ha centrado en la historia del siglo XX”, resume. Con una tesis doctoral, leída en 1990, titulada La derecha en la Segunda República y centrada “básicamente en Sevilla y Andalucía”.
“Eso me permitió acceder a fondos que en ese momento eran de difícil consulta como los fondos carlistas, archivos privados como el de Manuel Jiménez Fernández o el de Diego Martínez Barrios”. Ya otros historiadores habían abierto camino, caso “de los primeros trabajos de Paco Moreno sobre la guerra civil y la represión en Córdoba, o Rafael Quirosa en Almería y Rafael Gil Bracero en Granada”. Todos, subraya, “en los años 80” del siglo pasado.
“Es verdad que en los últimos 10 ó 15 años el interés [por la Memoria Histórica] ha adquirido mayor fuerza, dentro y fuera del mundo universitario”, prosigue. El catedrático señala también “todo lo que representan las asociaciones e investigadores locales que han aportado un enorme caudal de información sobre aspectos como la represión”.
Este escenario social creciente va unido al educativo. Hay material claro para bañar las aulas de contenido fidedigno. “Por eso me extraña que haya algún alumno en un instituto que no sepa si Franco era un demócrata o un dictador”, dice Álvarez Rey. En tal caso, abunda, “me temo que no es problema del estudiante ni del manual de texto que hayan usado, sino más bien de la persona que ha estado dándoles clase”.
Una de las experiencias más avanzadas que nacen de la reciente Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía es integrar esta materia en colegios e institutos. Pero, ¿por qué es necesario abrir el melón educativo? Por la dimensión de la barbarie, señala el catedrático.
“Hubo cerca de 60.000 asesinatos en la guerra civil y la posguerra, de los cuales unos 8.000 fueron asesinados por el bando republicano y otras 50.000 por el bando franquista”, refiere. “Si comparas esas cifras con las de cualquier otro punto de España, son nimias”, puntualiza.
Era además, defiende Leandro Álvarez Rey, “una necesidad dado el estado de suspensión en la práctica de lo que se intentó hacer hace unos años”. Refiere la etapa del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, con la punta de iceberg de la Ley 52/2007 (conocida como de Memoria Histórica), contrapuesta a la parálisis evidenciada en el presupuesto “cero euros” del que se presume el actual presidente, el conservador Mariano Rajoy.
En todo caso, recupera, el melón educativo ha de estar bien calado. Como un proyecto transversal. “Si se quiere que lo que hemos dado en llamar Memoria Histórica se difunda y empiece a enseñarse en las escuelas, es necesaria una relación entre la consejería de Cultura, las delegaciones de Educación, el profesorado encargado de impartir esa materia o ese anexo a los programas, los centros de profesores, la elaboración de propuestas didácticas, de talleres…”, enumera. Si no, culmina, “será un añadido más a unos programas ya de por sí muy recargados”.
Para dotar de buen rumbo a la iniciativa andaluza, son necesarias bases como las perfiladas en el Congreso ‘La Memoria Democrática y su didáctica’ organizado por la consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de la Junta de Andalucía junto a la consejería de Educación y la Asociación Hespérides. Álvarez Rey propone además aplicaciones prácticas como añadido. Como visitas a fosas comunes, lugares de memoria, rutas de simbología franquista, o las propias conferencias y exposiciones.
“El congreso sirve como base de algo que tiene que perfilarse más”, ratifica. “Y lo que se viene haciendo en institutos de secundaria y colegios donde ya hay grupos que se están reuniendo para activar estas dinámicas”. Con una clave, avisa: “no se debe confundir la historia y la memoria, que está preñada de la ideología y experiencias personales”.
¿Qué es Memoria Histórica, entonces?, plantea Álvarez Rey. “El conocimiento de la historia reciente de nuestro país”, define. “La memoria –advierte– no se debe construir sólo con una parte [del relato], y la historia debe ser neutral y crear un discurso en el que todos nos veamos reflejados”.
Sobre este blog
En la recuperación de la memoria histórica es fundamental la recuperación de los hechos. Y detrás del rigor, están las investigadoras e invesitgadores andaluces a los que queremos dar el protagonismo que merecen en esta ventana repasando sus motivaciones y sus trabajos más destacados.
