El dispositivo de seguridad que velará por la seguridad durante la celebración de las próximas elecciones generales del próximo 23 de julio estará integrado por un total de 90.282 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De ellos, 28.792 pertenecen a la Policía Nacional (a los que hay que sumar 99 agentes de la unidad adscrita a la Generalitat Valenciana) y 41.054 a la Guardia Civil.
En La Rioja, serán 734 los agentes que participarán en el dispositivo para las próximas elecciones generales. En concreto, serán 133 Policías Nacionales, 557 Guardias Civiles y 44 Policías Locales.
Por su parte, y en los territorios de su competencia, los Mossos d’Esquadra desplegarán 4.055 agentes, la Ertzaintza 1.217, la Policía Foral de Navarra 23 y la Policía Canaria otros 67. Completan el dispositivo los 14.768 agentes de distintos cuerpos de policía municipal.
En el desglose por comunidades autónomas, Andalucía es la que tendrá un mayor despliegue policial, con 18.636 agentes, seguida de la Comunidad de Madrid, con 10.775 efectivos; Cataluña, con 9.108 agentes, y la Comunitat Valenciana, con 9.083.
VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DEL PROCESO ELECTORAL
La Instrucción 7/2023 firmada por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, el pasado 26 de junio establece un conjunto de medidas de seguridad y protección que permiten y garantizan que el derecho fundamental a la participación política pueda ejercitarse el próximo 23 de julio en condiciones óptimas de libertad y seguridad, y protegidas de aquellas amenazas dirigidas a perturbar su normal desarrollo.
Entre otros extremos, esta instrucción recoge las directrices generales para la coordinación y actuación operativa de las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que participan en el dispositivo policial de protección de la jornada electoral, así como las medidas de protección del sistema electoral, todas cuyas infraestructuras serán consideradas ‘críticas’ y disponen ya del despliegue de seguridad necesarios.
Además, la orden del secretario de Estado fija un conjunto de medidas preventivas, reactivas y de coordinación ante posibles incidentes en el ámbito de la ciberseguridad que puedan afectar a las redes y sistemas de información que soportan los sistemas informáticos relacionados con las elecciones, las campañas, las administraciones públicas y las electorales, así como otros actores relevantes en la materia, velando por la seguridad de todos los aspectos informáticos del proceso electoral y garantizando la celebración de las elecciones generales.
Con este objetivo, la instrucción incluye un Dispositivo Extraordinario de Ciberseguridad (DEC-EG23) coordinado por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC) del Ministerio del Interior y en el que participarán las unidades de las Fuerzas de Seguridad especializadas en ciberdelincuencia y los Equipos de Respuesta ante Emergencias Informáticas (CSIRT) nacionales de referencia.
El programa de seguridad para el 23J ha superado ya la fase previa, iniciada el pasado 28 de junio, y se encuentra en fase de alerta, que se prologará hasta el próximo 21 de julio. Ese día, a las 20:00, comenzará la fase crítica, diseñada para dar protección a los actos de final de campaña, el día de reflexión y la jornada de votación del domingo 23 hasta el cierre de los colegios electorales, el traslado de la documentación relacionada con el escrutinio y la finalización de la actividad electoral.