La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, Eva Hita, y el director general de Política Territorial, Urbanismo y Vivienda y gerente del Instituto de la Vivienda de La Rioja (IRVI), Javier Caldito, han asistido este miércoles en Madrid a la firma del acuerdo del Gobierno de La Rioja con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) para la construcción de 72 viviendas de protección pública energéticamente eficientes para el alquiler social en los municipios de Alfaro, Calahorra y Torrecilla en Cameros, acto de firma presidido por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
Las tres actuaciones las llevará a cabo el IRVI y se enmarcan en el programa de fomento e incremento del parque público de viviendas energéticamente eficientes destinadas al alquiler social o a precio asequible del componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos Next Generation EU de la Unión Europea con un importe de 3,43 millones de euros, mediante la promoción de viviendas de nueva construcción en este caso, o rehabilitación de edificios no destinados actualmente a vivienda, sobre terrenos de titularidad pública para ser destinadas al alquiler o cesión.
El alcalde de Alfaro, Julián Jiménez, la alcaldesa de Calahorra, Elisa Garrido, y el alcalde de Torrecilla en Cameros, Sergio Martínez, han asistido al acto de firma, en el que también han estado presentes en representación del MITMA el director general de Vivienda y Suelo, Francisco Javier Martín, y el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas.
La construcción de las 72 viviendas públicas energéticamente eficientes en La Rioja tiene un plazo de finalización hasta el 30 de junio de 2026.
En la distribución de los fondos aprobada en Conferencia Sectorial, y efectuada en proporción al número de hogares de cada región, La Rioja recibirá un total de 7 millones de euros para construir un total de 140 viviendas para alquiler social en edificios energéticamente eficientes, en las que se incluyan las 72 viviendas de Alfaro, Calahorra y Arnedo.
Detalles de las actuaciones
La actuación en Alfaro supone la construcción de un edificio de 40 viviendas en una parcela titularidad del IRVI en la calle Margarita de Austria s/n con una aportación del MITMA de 1,96 millones de euros. La superficie útil media del conjunto de viviendas será de 70 metros cuadrados.
En Calahorra la promoción pública se enfoca a la construcción de un edificio de 8 viviendas en una parcela del Ayuntamiento de Calahorra en la calle Mayor nº32, con una aportación de 340.200 euros por parte del MITMA. La superficie útil media del conjunto de viviendas será de 60,75 metros cuadrados.
En Torrecilla en Cameros está prevista la construcción de un edificio de 24 viviendas en la calle Pedro Sagasta nº4 para la que el MITMA aportará 1,13 millones de euros. La superficie útil media del conjunto de viviendas será de 67,40 metros cuadrados.
Las viviendas deben construirse en edificios energéticamente eficientes, lo que implica que se garantice que el consumo de energía primaria es al menos un 20% inferior al exigido para los edificios de consumo de energía casi nulo en la normativa española.
Requisitos para el acceso a las viviendas
Las viviendas se destinarán al alquiler social o cesión en uso durante un plazo mínimo de 50 años. Las viviendas financiadas con cargo a este programa solo podrán ser arrendadas a personas que vayan a tener su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada, priorizando siempre el criterio social.
A propuesta del Gobierno de La Rioja, se limitan los ingresos máximos de los arrendatarios, de tal modo que los ingresos máximos de la unidad familiar no serán superiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
En el caso de familia numerosa y personas con discapacidad, en el cálculo de los ingresos máximos se emplearán los coeficientes ponderados establecidos en el Decreto 33/2013 de 1 de octubre, por el que se regula la vivienda de protección oficial de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
El precio del alquiler de las viviendas estará limitado a un máximo de 4,14 euros por metro cuadrado de superficie útil de la vivienda. En el precio del alquiler se incluirán plazas de garaje, trasteros u otros anejos.
Este precio de alquiler se aplicará en el momento de la suscripción del contrato de arrendamiento y será objeto de actualización anual conforme a las variaciones porcentuales del IPC.
“El Gobierno de La Rioja tiene como prioridad máxima impulsar una política de vivienda social y asequible. La protección de este derecho básico universal es nuestro firme compromiso. La construcción de viviendas de protección pública en edificios energéticamente eficientes para alquiler social cumple, por tanto, con esta vocación de nuestra política de vivienda de favorecer el acceso a la vivienda para las personas que más lo necesiten, al mismo tiempo que contribuimos a los objetivos de eficiencia energética. Nos comprometemos con las poblaciones que más lo necesitan y también con la acción por el clima”, ha destacado Eva Hita.
“Porque la eficiencia energética es también un elemento de cohesión social, gracias al impulso que nos ofrecen los fondos europeos Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, ha añadido la consejera.
Asimismo, Hita ha valorado la colaboración entre el Gobierno de España, el Gobierno de La Rioja y los ayuntamientos de Alfaro, Calahorra y Torrecilla en Cameros: “La cooperación de las diferentes administraciones es fundamental para que podamos materializar los objetivos de la transformación de nuestra sociedad con el respaldo de los fondos europeos y el apoyo de los gobiernos central, regional y local desde los principios de la sostenibilidad y en beneficio de la ciudadanía”.
Por su parte, Javier Caldito, ha destacado que “estas actuaciones suponen enfocar la actividad promotora pública del IRVI con unos claros fines de recuperación socioeconómica de los barrios y los entornos de nuestros pueblos y, lo más importante, con el fin de proteger a nuestra población con más necesidad en el acceso a la vivienda. La construcción de estas viviendas genera, además, reequilibrio territorial. Y son una oportunidad de mejorar la habitabilidad y aumentar la confortabilidad de los espacios en los que vivimos y, en definitiva, incrementar la calidad de vida de las personas”.