Según informó el Ministerio del Interior en un comunicado, los arrestados ejecutaban, previo pago, ajustes de cuentas, cometían robos con intimidación, y controlaban las actividades delictivas de miembros de la comunidad china residente en España. El final de la operación tuvo que precipitarse ante la posibilidad de que fueran a ejecutar a un comerciante.
Los agentes practicaron dos registros en Madrid y uno en Valencia, en los que se intervino una pistola con munición, armas blancas, ordenadores, equipos de vídeo y diversa documentación. La investigación ha sido realizada por agentes del Grupo de Homicidios de la UDEV Central en colaboración con la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia.
Las actividades de la organización desarticulada, siempre previo pago de una cantidad económica acordada con quien solicitaba sus “servicios”, que iban desde las coacciones a las agresiones más o menos violentas, incluso hasta los homicidios. Alguna de sus víctimas permaneció ingresada en un centro hospitalario durante semanas como consecuencia de la paliza que le habían propinado para intimidarle.
La organización realizaba sus “servicios” únicamente entre la comunidad china residente en España y estaban perfectamente organizados, explica la nota de Interior. Así, parte de sus miembros captaban a los clientes y obtenían información sobre la identidad y las actividades personales, sociales y laborales de sus víctimas, mientras que otros aportaban la infraestructura necesaria, como armas, vehículos o viviendas de seguridad para facilitar las acción del grupo ejecutor. Estos últimos vivían al margen de la organización y sólo se desplazaban a los lugares fijados previamente para cometer las agresiones.