Los jueces admitieron los hechos en un tribunal federal de Scranton y confirmaron las sospechas de que habían recibido dinero entre los años 2003 y 2006 de dos instituciones distintas, aunque de la misma propiedad. “El comunicado que ha desacreditado mi judicatura es cierto”, resumió Ciavarella en una misiva remitida al tribunal. “Mis acciones han destruido todo en lo que he trabajado y sólo me puedo culpar a mí”, agregó.
Tanto Ciavarella como Conahan, cuya valoración no ha trascendido, se enfrentan a una pena de unos siete años de cárcel. La trama urdida consistía en dictar sentencias desorbitadas para que los centros de menores recibiesen mayores subvenciones públicas, parte de la cuales derivaban a los dos jueces implicados, según la fiscalía. De esta forma, algunos menores fueron castigados con la reclusión por conductas menores, como robar en una tienda.
El Centro Legal Juvenil calcula que entre 1.000 y 2.000 menores recibieron castigos desproporcionados entre 2003 y 2006. Además, denuncian que en muchos casos no se cumplía ni siquiera con los requisitos legales en los juicios, donde algunos menores acudían sin abogado defensor.
El Tribunal Supremo de Pensilvania apartó a los magistrados de la carrera judicial el 26 de enero, después de que fuesen imputados por los hechos. Ahora, las autoridades deberán investigar también dónde iba a parar el dinero de los sobornos, que podría haberse ocultado mediante pagos falsos a través de intermediarios.