La muerte del niño de nueve años en Lardero (La Rioja) y la detención de Francisco Javier Almeida se someterá a debate en la sesión de control del Gobierno de esta semana, ya que PP y Vox exigen explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la aprobación --en contra del criterio mayoritario de los técnicos de la cárcel-- de la progresión al tercer grado en febrero de 2020, dos meses antes de que un juez concediera la libertad condicional.
En concreto, han presentado sendas preguntas para el ministro, así como dos interpelaciones sobre la política penitenciaria del Gobierno, según consta en las iniciativas registradas por los grupos para la sesión de control.
Los grupos demandan explicaciones --también exigidas esta semana desde Ciudadanos-- sobre las progresiones a tercer grado en contra del criterio de las Juntas de Tratamiento, que son los órganos colegiados de las prisiones que estudian de forma individualizada la situación penitenciaria de cada interno, como ocurrió en el caso del presunto autor del asesinato del pequeño Álex.
Grande-Marlaska ha lamentado este viernes la “maldad o desinformación” en una tragedia como la de Lardero ya que, en su opinión, se está haciendo un “uso partidista” que provoca desconfianza hacia las instituciones. El ministro sostuvo que el presunto autor del crimen estaba en libertad condicional por decisión de un juez, y no en tercer grado, y que las autoridades responsables actuaron según “el parámetro de la ley”.
Expediente penitenciario
El crimen de Lardero ha generado una fuerte conmoción porque el autor es un exconvicto condenado a 30 años por el 'crimen de la inmobiliaria', ya que en 1998 mató a una mujer agente de una empresa con la que previamente quedó para ver una vivienda. Además, fue condenado a otros siete años por un agresión sexual ocurrida con anterioridad, en 1993.
Tras siete intentos sin éxito, en febrero de 2020 Instituciones Penitenciarias resolvió a favor de progresarlo al tercer grado en la modalidad restringida del artículo 82.1 --salidas tuteladas y con controles con vistas a su reinserción social--, una decisión que contó con el rechazo por mayoría de la Junta de Tratamiento de la cárcel de El Dueso (Cantabria), que prefería mantenerlo en segundo grado.
Dos meses después, en abril de 2020, el juez de vigilancia de La Rioja concedió la libertad condicional a Almeida, una decisión que no tuvo oposición de la Fiscalía. El interno cumple una condena acumulada de 25 años, la cual extingue por completo en 2023, y había disfrutado desde 2013 de 39 permisos de salida sin incidencias por quebrantamiento.
Siete intentos de progresión
Previamente al tercer grado y su traslado desde la cárcel de Cantabria a la de La Rioja, donde fijó su residencia y fue detenido por matar a Álex tras 18 meses en libertad condicional, Francisco Javier Almeida había intentado sin éxito la progresión al régimen abierto en otras siete ocasiones, aprovechando la obligación de las Juntas de Tratamiento de revisar la clasificación en un plazo máximo de seis meses.
Según detallan fuentes conocedoras del expediente, el primer intento fue en agosto de 2015, cuando ya había sobrepasado las tres cuartas partes de la condena por el 'crimen de la inmobiliaria'. La Junta de Tratamiento decidió dejarlo en segundo grado o régimen ordinario, respaldando Instituciones Penitenciarias esta opción tras solicitar el interno la valoración de la Secretaría General (artículo 105.2).
El interno entonces recurrió ante el juez de vigilancia penitenciaria de Cantabria, que el 23 de octubre de 2015 resolvió a favor de progresarlo al tercer grado al entender que estaba preparado para ello, aunque aplicándole el artículo 100.2 --el conocido como 'principio de flexibilidad', ya que mezcla aspectos del segundo y tercer grado--.
No obstante, la Fiscalía consideró que la progresión era prematura y la Audiencia Provincial de La Rioja, al ser el órgano sentenciador, le dio la razón al Ministerio Público.
El juez sí veía evolución favorable
La situación se repitió en enero de 2016, cuando de nuevo Instituciones Penitenciarias respalda a la Junta de Tratamiento de El Dueso para mantener en segundo grado a Almeida. El juez volvió a darle la razón, justificándola en la evolución favorable del interno. Había disfrutado hasta entonces de 17 permisos y consideraba en su resolución que “el tercer grado no equivale al licenciamiento”.
Tras tumbarla la Audiencia, en 2017 Francisco Javier Almeida lo intenta otras dos veces, y en 2018 otra vez más, aunque estas tres ocasiones el juez no estima el recurso del interno. En 2019, el preso trata de conseguir la progresión de grado otras dos veces, con el 'no' de nuevo tanto de la Junta de Tratamiento como de Instituciones Penitenciarios; aquí no consta que el interno recurriera ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
La progresión que se termina validando fue la tercera intentona en 2019, concretamente en noviembre, cuando la Junta de Tratamiento decide mayoritariamente --por 6 votos a 3, según señalaron sindicatos de prisiones-- que Almeida continúe en segundo grado. Instituciones Penitenciarias, sin embargo, en esta ocasión sí resuelve en febrero de 2020 aplicando el tercer grado en la modalidad restringida del artículo 82.1.
Los sindicatos ACAIP-UGT y CSIF han censurado esta semana el “buenismo” de Interior al tomar una decisión sobre Almeida, sin justificarla, según denuncian, en contra del criterio mayoritario de la Junta de Tratamiento. Según ellos, los técnicos “sabía que no estaba preparado para vivir en libertad y veían riesgo de incidencia”.
Fuentes penitenciarias señalan que con Almeida se realizaron 16 intervenciones de seguimiento desde 2020 --con entrevistas y llamadas telefónicas-- por parte de técnicos de prisiones para comprobar que se cumplían los requisitos impuestos por el juez para la libertad condicional. En estos contactos, el internos solicitó un cambio de domicilio --autorizado por el juez--, presentó el contrato de alquiler, la nómina de trabajo y fue facilitando los justificantes de pago de la responsabilidad civil.
Presos de ETA y prisión permanente revisable
En los debates de los próximos días en el Congreso, los grupos de la oposición volverán a poner en cuestión la política penitenciaria del Gobierno de Pedro Sánchez, al dudar de las decisiones sobre progresiones de grado y los acercamientos de presos de ETA al País Vasco y Navarra, así como la transferencia de esta materia en beneficio del Gobierno vasco.
PP y Vox también podrán sacar a colación la política respecto a los presos etarras y reiterar sus críticas al Gobierno, al que acusan de haber logrado el apoyo de EH Bildu al primer trámite de los Presupuestos a cambio de la futura liberación de presos de la banda terrorista.
Estos asuntos volverán también a la siguiente sesión plenaria, cuando los 'populares' y los de Santiago Abascal sometan a votación las correspondientes mociones derivadas de las interpelaciones y fuercen a retratarse a todos los grupos sobre sus propuestas en esta materia.
Por lo pronto Vox ya avanzó a principios de esta semana su intención de plantear una revisión de la prisión permanente revisable para su endurecimiento. Esta formación también ha anunciado que denunciará ante la Fiscalía la progresión al tercer grado del autor del crimen de Lardero.