La Fiscalía Anticorrupción ha presentado en el Juzgado de Instrucción de Illescas (Toledo) una denuncia contra el ex alcalde de Seseña (Toledo), el socialista José Luis Martín, durante los años 1999 a 2003, por las irregularidades cometidas durante la tramitación del Programa de Actuación Urbanizadora “El Quiñón”. El acusado justificó sus incrementos patrimoniales en el cobro de un cupón de la ONCE por valor de 144.000 euros.
En su denuncia, el Fiscal aprecia la existencia de los delitos de prevaricación, cohecho y delito contra la Hacienda Pública, en la tramitación del PAU que la empresa Onde 2000 SL presentó ante el Ayuntamiento el 19 de noviembre de 2002, y que incluía la recalificación de 1.833.147 metros cuadrados de suelo rústico para construir 13.508 viviendas que suponían una estimación poblacional de 40.500 habitantes.
Ese mismo año y coincidiendo con la presentación del PAU, el alcalde “sin que conste el origen del dinero”, suscribió fondos de inversión y seguros por importe de 158.000 euros y 1.800 euros, respectivamente y adquirió un bien inmueble en la provincia de Málaga por 9.617 euros. Sus salarios, en las fechas comprendidas entre los años 2001 a 2005, ascendieron a la cantidad de 27.806 euros brutos, a excepción del año 2003, cuando tras abandonar su cargo percibió 17.074 euros brutos, de los que 12.667 procedían del Ayuntamiento.
En cuanto a la tramitación del PAU, la denuncia de la Fiscalía recoge que ese trámite requería una consulta previa a la Comisión Provincial de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas, que en diciembre de 2002 comunicó al Ayuntamiento la necesidad de tramitar un Plan Especial de Infraestructuras (PEI) previo, para determinar la viabilidad de la actuación propuesta.
El PEI, que fue redactado por Onde 2000 SL, fue sometido a aprobación inicial por el pleno del Ayuntamiento el 13 de marzo de 2003, siendo aprobado sólo con los votos de la mayoría socialista, después de que los grupos de la oposición pusieran de manifiesto la falta de informes preceptivos, circunstancias que el alcalde conocía.
El día 22 de abril de ese año, el alcalde convocó un nuevo pleno para aprobar definitivamente el PEI, tras las alegaciones formuladas y las rectificaciones realizadas por la Comisión de Urbanismo, aunque volvió a aprobarse sólo con los votos favorables del Grupo Socialista, pues la oposición insistía en sus argumentos contrarios.
Como la propuesta de Onde 2000 SL incluía un PAU que comprendía la reclasificación de terreno rústico mediante la modificación de las normas del Ayuntamiento, eran necesarios los informes preceptivos de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
Estos informes no constaban en el expediente, a pesar de lo cual, el alcalde volvió a celebrar el día 8 de mayo un nuevo pleno para aprobar el PAU, donde aseguró, ante las críticas de la oposición, que los informes sí constaban y que “eran favorables”.
El alcalde sometió a la aprobación del pleno, tanto el PAU de Onde 2000 SL como su adjudicación como agente urbanizador a Onde 2000 SL y la propuesta de convenio urbanístico con Onde 2000 SL, votando en contra, por las mismas razones, los grupos de la oposición.
INVESTIGADO DESDE 2006
La denuncia culmina así dos años de investigación de la Fiscalía Anticorrupción, en los que ha encontrado unos incrementos patrimoniales injustificados por parte de Martín Jiménez que motivan, junto con otros indicios, la presentación ante el Juzgado de la Denuncia para que se inicie la investigación judicial que corresponda.
IU presentó un informe de 26 hojas y 500 documentos más un video informativo ante la Fiscalía Anticorrupción el 14 de julio de 2006, y la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias informativas para “conocer y determinar las irregularidades” en este caso el día 26 de ese mismo mes.
Tras la presentación del informe pidiendo la investigación en julio de 2006, comenzó un cruce de acusaciones entre el actual alcalde, Manuel Fuentes, y el constructor Francisco Hernando 'El Pocero' que se ha prolongado durante dos años y que ha provocado que el segundo haya llegado a presentar hasta seis querellas contra el primer edil por delitos de injurias, todas ellas sobreseídas.