La polémica por el uso del velo, que comenzó con la expulsión de la joven Nawja de un colegio de Pozuelo de Alarcón, continúa en España. El vicepresidente y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha asegurado que el Gobierno autonómico no regulará el uso del burka en espacios públicos porque no tiene competencias para ello y recordó que esta prenda “representa una vulneración de los derechos fundamentales de las personas que están garantizados” en la Constitución.
González se pronunció así en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno al ser preguntado por si la Comunidad de Madrid tenía intención de regular el uso del burka en espacios públicos después de que la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, asegurara el pasado martes que esta prenda es un “símbolo de sumisión” que no debe tener cabida en la sociedad occidental.
Por su parte, el vicepresidente madrileño ha subrayado que la postura de Aguirre “coincide con la mayoría de las posiciones que se están defendiendo por parte de los gobiernos europeos muchos de los cuales, en sus países, están regulando en contra del uso de esta prenda”.
También ha manifestado que el burka representa “una vulneración de los derechos fundamentales de las personas que están garantizados en las constituciones”, especialmente del de igualdad, que “impide la sumisión de la mujer al hombre”. “Nuestra Constitución también garantiza eso y es un valor que debe prevalecer”, ha concluido.
Las críticas contra el burka también han llegado desde el gobierno central.
El Ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha asegurado que, “personalmente”, el burka le parece “una forma de discriminación de la posición de la mujer llevada al extremo”, en relación al debate surgido entorno a la prohibición o no de esta prenda en espacios públicos.
Además, ha afirmado que “es evidente que no es lo mismo llevar el burka, que otro tipo de elementos de identificación religiosos”.
Igualmente, ha afirmado que “la Constitución recoge el derecho a la libertad religiosa y ésta se manifiesta de muy diversas formas, algunas de ellas muy complejas”, por ello, ha afirmado que la obligación de los poderes públicos es “respetar las libertades que recoge la Constitución siempre que sean compatibles con el ejercicio de otros derechos fundamentales”.
Por ello, ha asegurado que la futura nueva Ley de Libertad Religiosa que quiere presentar el Gobierno, establecerá “reglas claras que permitan hacer juicios de ponderación y proporcionalidad”.