El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela ha resuelto la transformación en procedimiento abreviado de la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación que habría cometido al investigar las desapariciones durante el franquismo, lo que significa que el magistrado será finalmente sentado en el banquillo y juzgado por estos hechos.
La resolución dada a conocer este miércoles supone el fin de la fase de instrucción de la primera de las tres causas abiertas al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5. Las otras dos causas investigan posibles conductas delictivas del juez relacionadas con los cobros que obtuvo durante la organización de unos cursos en Nueva York y por intervenir comunicaciones de imputados en el “caso Gürtel” con sus abogados en prisión.
Varela ha dictado su resolución después de que el pasado día 25 la Sala de lo Penal del alto tribunal rechazara el recurso que interpuso Garzón contra el auto de Varela en el que se exponían los motivos para sentarle en el banquillo por una presunta prevaricación, cometida en su investigación de los crímenes franquistas.
En el citado auto, dictado el pasado mes de febrero, Varela incluía valoraciones de calado contra el juez, como la que señala que el examen de las actuaciones había revelado, “como hecho probable, que el magistrado querellado actuó con la finalidad de eludir la decisión del legislador sobre el régimen de localización y exhumación de víctimas de los horrendos crímenes del franquismo sabiendo que éstos habían sido objeto de amnistía por las Cortes democráticas de España, cuya voluntad decidió conscientemente ignorar u orillar”.
Tal hecho puede constituir un delito de prevaricación del artículo 446.3 del Código Penal, según Varela, que añadía que en ese momento no procedía adoptar la decisión de seguir la fase de preparación del juicio oral, lo que sí puede acodar ahora que la Sala de lo Penal ya se ha pronunciado.
La querella contra Garzón, admitida a trámite el 27 de mayo de 2009, fue interpuesta por el sindicato de funcionarios Manos Limpias y posteriormente se adhirieron a la misma la asociación Libertad e Identidad y también Falange Española y de las JONS. Garzón se enfrenta a una posible condena de multa e inhabilitación.