La comisaria de Agricultura, Mariann Fischer Boel, ha señalado ante el Parlamento Europeo que ha accedido a reformar su propuesta de reforma del sector del vino para reducir de 5 a 3 años el periodo para arrancar un total de 200.000 hectáreas de viñedos tal y como pidió España, lo que hará que se concentren los recursos financieros destinados a ello en un periodo menor de tiempo.
El Pleno del Parlamento Europeo ha celebrado en Estrasburgo un debate sobre la reforma del vino, previo a la votación, mañana, de su informe de recomendaciones para los Estados miembros, que esperan cerrar un acuerdo sobre la reforma en el Consejo de Agricultura y Pesca que empezará el 17 de diciembre.
Fischer Boel ha explicado a los eurodiputados que, tras escuchar las demandas por lo que respecta al arranque de viñedo, “puedo ver ventajas en hacerlo funcionar en tres años en lugar de en cinco, como sugerí”.
La propuesta inicial de Bruselas era que los productores que arrancaran en el primer año de la reforma cobrarían una prima más el 30%, seguida en los dos años sucesivos por una prima más el 20% y una prima más el 10% respectivamente. El cuarto y quinto año esta cantidad sería menor, con la prima menos el 10% y la prima menos el 20% respectivamente.
El mes pasado, algunos países como España lograron en los comités técnicos que la Comisión modificara esta propuesta para dejar el periodo de arranque en tres años, en el primero de los cuales el agricultor que abandone el cultivo cobre una prima más el 20%; el segundo, una prima más el 10%, y el tercero, solamente la prima.
Asimismo, la comisaria ha afirmado que también ha escuchado la “preocupación ” de la Eurocámara por lo que respecta al traspaso de ayudas agrícolas del sector vinícola al desarrollo rural. Aunque defendió este sistema, dijo estar “dispuesta a proponer una menor transferencia del gasto al desarrollo rural”.
Por otra parte, Fischer Boel ha reunido a los eurodiputados “los tres grandes asuntos” sobre los que no hay acuerdo entre los Veintisiete de acuerdo con los resultados del Consejo de noviembre y que requerirán una decisión política de los ministros en la sesión de diciembre.
PRESUPUESTO NACIONAL
En primer lugar se ha referido a los presupuestos nacionales, donde el debate es determinar “qué medidas exactamente podrán incluirse en él”. La comisaria ha descartado de plano que vaya a modificarse la dotación financiera para cada Estado miembro y aseguró que no permitirá que con este dinero los Gobiernos europeos financien la destilación de crisis. Se ha mostrado “flexible” por lo que respecta a incluir medidas relativas a innovación y a la reestructuración de bodegas.
El segundo aspecto es el de la chaptalización o adición de azúcar, una técnica enológica que defienden los países del norte y este de Europa y rechazan los del sur. Ha admitido que el consenso político se alcanzará si también hay una solución sobre la adición de mosto, tal y como reclama Italia, y apuntó que en la chaptalización, en todo caso, habrá que encontrar “nuevas condiciones”.
Por último, Fischer Boel se ha mostrado dispuesta a seguir discutiendo en qué momento debería entrar en vigor la liberalización de los derechos de plantación, que es el tercer problema, pero insistió en que éstos deberán suprimirse llegado el momento. “Mi sugerencia es prolongar el sistema de derechos de plantación hasta el final de 2013”, dijo, aunque admitió que “la fecha exacta será parte del compromiso final” entre los países de la UE.
La comisaria ha cerrado su intervención diciendo que “ha llegado la hora de llegar a un acuerdo”, al que “estamos acercándonos”. Advierte que ha hecho gala de “mucha flexibilidad, pero no voy a permitir la propuesta de que (la reforma) se diluya hasta el punto de que los productos definitivos pierdan todo su gusto y todo su valor”. “El compromiso que encontremos tiene que merecer el nombre de reforma”, subrayó.
INFORME CON 700 ENMIENDAS
El debate que ha seguido a la intervención de Fischer Boel no ha hecho sino reflejar, a través de las intervenciones de los eurodiputados de las distintas nacionalidades, las diferentes posiciones que existen entre los Estados miembros, que deberán llegar a un acuerdo sobre la reforma del vino la semana que viene. La Eurocámara, por su parte, votará mañana un informe de opinión al que se han presentado 700 enmiendas.
La eurodiputada del PP Esther Herranz ha apostado por la “promoción, no solamente fuera de la Unión sino también dentro”, para que “el sector para que siga siendo competitivo” en todo el mundo. Por lo que respecta a las transferencias de fondos agrícolas al desarrollo rural, ha advertido que la decisión que tomó la UE en 2005 de reducir este segundo capítulo en el presupuesto de 2007-13 no se va a paliar “por quitar dinero a los agricultores”.
Herranz ha insistido en que se mantengan los derechos de plantación porque es la “herramienta legal” necesaria para que el sector “se autorregule”. Los derechos de plantación, ha dicho, “permiten controlar las producciones”, donde “ya se está demostrando que se puede ser rentable controlando esas producciones como es en las denominaciones de origen, muy controladas”.
Por último, ha advertido que su grupo votará en contra de “todas las enmiendas” al informe que “no respetan los compromisos firmados con anterioridad”, en referencia al Grupo Socialista.
APOYO A LA TRANSICIÓN
En su intervención, la eurodiputada del PSOE Rosa Miguélez ha asegurado haber presentado una enmienda al informe que se votará mañana a favor de “una ayuda directa destinada a la diversificación” que cada Estado miembro podría decidir incluir en su sobre nacional para financiar actividades orientadas a “facilitar a los agricultores la transición a la nueva organización común del mercado (OCM)” del vino. “Para facilitar a los agricultores que han trabajado en la actual OCM pasar a la nueva”, ha explicado.
Por otra parte, Miguélez ha celebrado que la Comisión haya accedido a rebajar de cinco a tres años el periodo de arranque de viñedos y que este aspecto “no sea ya el eje de la reforma” del sector.
En su opinión, de manera general, “esta reforma tiene aspectos muy positivos, como la simplificación y flexibilización normativa para ser más competitivos” y también “la promoción de los vinos europeos dentro y fuera de nuestro continente”.
El eurodiputado de EA, Mikel Irujo, ha insistido en el mantenimiento de los derechos de plantaciones comparando la situación que se da en su comunidad, Navarra, y en, a pocos kilómetros, La Rioja. Suprimir este esquema “eliminaría de un plumazo a los pequeños productores y dejaría (el sector) en manos de una docena de multinacionales”, ha subrayado.
Según ha declarado, en Navarra la liberación de plantaciones “es ya un hecho”, algo que no ocurre en La Rioja. El resultado es un precio de la uva navarra mucho menor que la riojana y que “La Rioja vende toda la producción mientras que en Navarra hay que recurrir a la destilación de crisis”.