El direcor general del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, José Luis Lapuente, ha afirmado que el planteamiento realizado por representantes de instituciones vascas para establecer una denominación de origen propia para los vinos de Rioja Alavesa, es un tema “político, porque viene planteado en el ámbito político, y no viene planteado en el sector de una manera mayoritaria”. En una entrevista concedida a Europa Press, Lapuente, acompañado del presidente del Consejo Regulador, José María Daroca, ha señalado que la institución “tiene una sensibilidad demostrada para estudiar cualquier tipo de proyecto, idea o cualquier cuestión que dote de valor añadido a toda la Denominación”.
Ha insistido en que es un asunto que “no viene promovida por el sector”. Ha recordado que “aquí Rioja se dio unas reglas en un momento determinado, entendiendo que esto es un barco que hay que llevar a buen puerto, y para eso era importante el consenso entre los operadores; hay consenso muy exigente, pero que cuando se alcanzan, garantizan proyectos de convencimiento y que todo el mundo piensa que va a revertir en valor añadido para la Denominación”.
De hecho, tanto Lapuente como Daroca han confirmado que hubo un ofrecimiento, por parte del Consejo, al diputado general de Álava, Ramiro González, para reunirnos, de cara a “evitar, algo que no tiene sentido, como es cartearnos por los medios de comunicación, y poder hablar de lo que fuera”, aunque “no nos ha cogido el guante todavía”. “Es frustrante y desagradable el tener que evaluar declaraciones que a veces son contradictorias” sobre este asunto, por ello “lo mejor sería tener algo tanginble”.
Inspecciones contratos
Por otra parte, preguntado acerca del anuncio de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) de inspeccionar los contratos de compraventa de uva, Lapuente ha recordado que el sector en la DOC Rioja “siempre ha abogado por la transparencia del mercado”. De hecho, “tiene creado un Comité que tendrá que echar a andar, con el objetivo que haya un Observatorio de precios”, que “recopile información económica de lo que está pasando en el sector para salir de la opacidad de años precedentes”.
El director general del Consejo ha recordado que ya en el año 2011 se promovió “contratos homologados para la compra de uva y de vino”, sin que existiera todavía una Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria, que “abogaba por documentar las operaciones por escrito y clarificar las relaciones entre unos y otros”. No obstante, ha lamentado que quizás la Ley de Morosidad “ha venido a distorsionar todo, con el famoso término de pago, que ha buscado solucionar otros problemas no se ha tenido en cuenta la realidad vitivinícola específica”.
Ha señalado que lo que pretende la AICA “no es novedoso”, porque “tienen la obligación de controlar que existan esos contratos y verificar los pagos, pero lo que no fue el año un inicio de actuaciones, dentro de su plan de oficio de control, este año lo han metido como inspección en otros sectores, y al final manejará una muestra que le de una primera información de cómo se opera”.