El pasado 12 de junio se cumplió un año de las controvertidas elecciones presidenciales de Irán en las que Mahmud Ahmadineyad, actual presidente, fue reelegido con el 63% de los votos.
Lo más representativo de los comicios no fue, sin embargo, la reelección del ya presidente Ahmadineyad, ni la afluencia de 39 millones de iraníes a las urnas. Lo que hizo que estas elecciones pasen a la Historia del país y del mundo es el presunto fraude electoral que dejó al candidato opositor, Mir-Hossein Mousavi, a las puertas de la presidencia; las posteriores protestas y las continuas violaciones de los derechos humanos de los apresados tras las manifestaciones en los meses siguientes a los comicios.
La marcada victoria de Ahmadineyad no dejó indiferente a nadie pues las encuestas de intención de voto realizadas sólo unas semanas antes de las elecciones hacían esperar un resultado muy igualado para ambos candidatos.
Cuando los partidarios de Mousavi conocieron los resultados, olas de protestas pusieron en pié a Teherán así como a otras ciudades importantes de Irán y del mundo contra el presunto fraude y en apoyo al candidato derrotado. La otra cara de la moneda, las multitudinarias manifestaciones de apoyo al presidente electo.
Ahmadineyad desestimó por completo las protestas populares así como las denuncias presentadas por Mousavi y Mohsen Rezaee, otro de los candidatos.
Una ola de represión
Las manifestaciones multitudinarias contra el presunto fraude electoral se saldaron con la muerte de 48 personas, según datos del Gobierno iraní y de muchos más según defensores de los derechos humanos del país, además de cuatro detenidos que fueron asesinados bajo tortura en el centro de detención de Kahrizak.
Desde ese momento, diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos iniciaron campañas de apoyo a las víctimas de la represión. En concreto, 'La Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán', denunciaba recientemente la constante vulneración de derechos que sufren los presos políticos iraníes en sus lugares de arresto.
El portavoz de la campaña, Hadi Ghaemí, declaraba el pasado 7 de julio que “Irán hostiga a los presos de conciencia hacinándolos en celdas con malas condiciones higiénicas, dejando propagarse enfermedades diversas, alimentándolos insuficientemente y privándolos de acceso a cuidado médico”.
Un año después de la ola de protestas, según aseguran los responsables de la Campaña, en la sección 350 de la cárcel de Evín –conocida como el “sector de los presos políticos”-, permanecen retenidos más de un centenar de presos de conciencia relacionados con las protestas post electorales.
Entre las violaciones de derechos que se destaca en los informes, se encuentran las condiciones de suciedad y mala ventilación de las instalaciones, la mala calidad de los alimentos y especialmente, la imposibilidad de los presos a acceder a la atención médica necesaria.
Responsabilidades
Un año después de los hechos, los responsables de 'La Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán', alzan la voz exigiendo responsabilidades, y con tal fin, han publicado el informe ‘Los hombres de la Violencia: los autores de la represión post electoral’ a través del cual se hace un llamamiento a la comunidad internacional solicitando que no se permita viajar fuera del país y se apliquen sanciones financieras a una serie de personas implicadas directamente en la tortura y el encarcelamiento de los manifestantes y opositores en general.
En el informe se detallan los nombres y ocupaciones de quince altos funcionarios íntimamente vinculados a la brutal represión contra los activistas y manifestantes pacíficos del pasado año víctimas de torturas, violaciones e incluso asesinatos.
A través del informe, la organización pone de manifiesto la necesidad de que estas personas –que no se limitan a los quince detallados en el documento- pertenecientes a los servicios de seguridad e inteligencia de Irán, sean debidamente enjuiciados por sus crímenes.
La lista de los inculpados comienza con Hosein Taeb, comandante del Basidch en el momento de las elecciones, acusado de permitir que las fuerzas bajo su mando golpearan, torturaran y asesinaran a los manifestantes. Del mismo modo, Gholam Hosein Mohsení Eyeí, ministro de Inteligencia durante los hechos y actual Fiscal General del país, es considerado responsable de los malos tratos infligidos por parte de los agentes de inteligencia a los disidentes.
Esmaíl Ahmadí Moqaddam, jefe de la Policía iraní, Saíd Mortazaví, Fiscal General de Teherán en el momento de la elección, Sadeq Mahsulí, ministro del Interior de la República Islámica de Irán en el momento de las elecciones, Juez Abolqasem Salavatí, Seyed Hasán Firuzabadí, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, Mohammad Alí Yaafarí, Comandante de la Guardia Revolucionaria, el Juez Mohammad Moqisé, Ayatolá Ahmad Yannatí, secretario general del Consejo de Guardianes, Ayatolá Mohammad Taqí Mesbah Yazdí, Yadollah Yavaní, jefe de la Oficina Política de la Guardia Revolucionaria, Ruhollah Hoseinián, miembro del Parlamento, Alí Saidí, representante del Líder Supremo en la Guardia Revolucionaria y Hosein Shariatmadarí, director editorial del diario Keyhán, completan la lista.
La Campaña acusa a todos ellos de delitos similares, relacionados con el uso abusivo de la violencia o la incitación a la misma, la tortura y la imposición de penas desproporcionadas a los presos, incluso de muerte.
La represión después de la represión
La ONG Human Rights Watch aseguraba hace algunas semanas que el Gobierno de Irán ha endurecido, un año después de las protestas postelectorales, las medidas represivas contra el pueblo iraní.
La organización afirma que tras un año de represión, las manifestaciones públicas de inconformidad al Gobierno iraní han tenido que pasar a la clandestinidad debido en gran parte a la creciente presencia de las fuerzas de seguridad en diferentes puntos del país.
Joe Stork, subdirector de Oriente Medio para Human Rights Watch, afirmaba a este respecto que “mientras la comunidad internacional se ha concentrado en las ambiciones nucleares de Irán, Teherán ha implementado un sistema metódico para eliminar cualquier forma de disensión dentro del país” a lo que añadió que “los periodistas, abogados y activistas de la sociedad civil que solían hablar con los medios de comunicación internacionales y los grupos de derechos humanos, se muestran ahora cada vez más reticentes, ante los temores de que sus conversaciones telefónicas y por Internet estén intervenidas”.
La Judicatura de Irán lanzó un comunicado según el cual 250 personas han sido condenadas a duras penas por hechos relacionados con las protestas de 2009. Sin embargo, Human Rights Watch afirma que estas medidas represivas no se aplican sólo a los participantes de las protestas post electorales y afirma que desde junio del pasado año, el Gobierno iraní ha ejecutado al menos a siete disidentes políticos kurdos, acusados de un delito conocido como moharebeh, “enemistad contra Dios”.
Entre los grupos más vulnerables a las represivas medidas del Gobierno iraní, destacan los periodistas y los defensores de los derechos humanos por su capacidad para recopilar información y denunciar los abusos. Como complemento a estas represivas medidas, el Gobierno ha tratado de restringir sistemáticamente la información que entra y sale del país ya sea a través de los medios de comunicación tradicionales o las nuevas tecnologías.
Personas directamente afectadas y organizaciones defensoras de derechos humanos no cesan en su reclamación a la comunidad internacional para que presione al Gobierno iraní, que por el momento no ha procesado a ningún alto representante gubernamental por los abusos perpetrados.
“El jueves, 10 de junio, Irán compareció ante el Consejo de Derechos Humanos y rechazó los pedidos de la comunidad internacional de que respete los derechos de sus ciudadanos”, afirmaba Stork, con motivo del aniversario de las elecciones presidenciales de Irán. “A medida que el nudo alrededor de la sociedad civil iraní se estrecha cada vez más, los gobiernos deben reaccionar al unísono para protestar por los alarmantes esfuerzos de silenciar las voces independientes y disidentes dentro del país”.