La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revisará hoy, jueves, en una vista el procesamiento del ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, el ex secretario general de LAB Rafael Díez Usabiaga y a otros seis dirigentes de la izquierda abertzale por impulsar el proyeto político de 'Bateragune (Todos juntos)', con el que pretendían crear “un referente político” que pudiera concurrir a las elecciones municipales y forales de 2011.
El tribunal, que está presidido por el juez Alfonso Guevara, analizará a puerta cerrada los recursos de apelación presentados por las defensas contra el auto de procesamiento que el juez Baltasar Garzón dictó el pasado 25 de enero.
Además de Otegi y Díez Usabiaga, en esta causa están procesados Arkaitz Rodríguez, Miren Zabaleta, Sonia Jacinto, Amaia Esnal, José Luis Moreno y José Manuel Serra. Todos ellos fueron detenidos el pasado 13 de octubre como resultado de una operación que se desarrolló en la sede de LAB de San Sebastián y están imputados por un delito de integración en organización terrorista.
El juez destacaba que los ocho pretendían “crear un bloque para el desarrollo de una estrategia soberanista” que diera forma a la “estrategia político-militar” de ETA creando un nuevo referente político institucional que sucediera a Batasuna y cuya constitución estaba prevista en la primavera de 2010.
“COMBINACIÓN DE VOTOS Y BOMBAS”
Según explicaba el auto, los indicios acumulados en la investigación apuntan a que el proyecto -“dirigido por ETA desde el principio hasta el final” estaba próximo a materializarse cuando se produjo la intervención policial y judicial en octubre de 2009.
Así, el juez acusaba a los procesados de desarrollar “una estrategia de combinación de votos y bombas” que se ponía en marcha al dictado de la “organización” y que incluía la utilización de “parones en la lucha armada”.
También concreta que una de las actividades desarrolladas por Otegi era “consegir treguas encubiertas para 'Euskal Herria' de ETA (...) para facilitar los contactos y aproximaciones con formaciones o agentes políticos y sociales soberanistas o independentistas que se muestren contrarios a la violencia y que exijan su cese como requisito para continuar, si bien la actividad violenta continúa en el resto de España”.