La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió la decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska de archivar la causa relativa a las identificaciones erróneas de 30 de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yakolev 42 que transportaba en mayo de 2003 a miembros del Ejército desplegados en Afganistán. El fiscal Fernando Burgos presentó su recurso de reforma en el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, encargado de la causa. En él anticipa ya que el recurso es válido también para la Sala de lo Penal, que será la encargada de tomar una decisión al respecto.
Según el escrito, el Ministerio Público defiende que tres de los militares que formaron parte del equipo de identificación de los cuerpos -el general de Sanidad Vicente Navarro, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez- cometieron un delito de falsedad documental, en contra el criterio del juez que considera que sus acciones no encajan en este tipo delictivo. “La identificación inventada de treinta restos o cadáveres no es una cuestión superflua”, destaca el fiscal que añade que además de los documentos emitidos en Turquía (como el informe de necropsia) también deben valorarse otros, como los archivos de los cementerios que también son de derecho público.
Burgos indica que los citados archivos de los cementerios “son falsos en lo que a los militares fallecidos y en ellos inhumados o incinerados se refiere” y esto ha sido provocado y generado por la falsedad de los documentos elaborados por los tres militares mencionados. Esta falsedad -defiende el fiscal- “es siempre una falsedad documental” que, además, recae en este caso “sobre un elemento sustancial”: decir de quién es el cuerpo que está depositado en determinada fosa o ha sido incinerado.
La Fiscalía especifica que los documentos que se elaboraron en Turquía no tenían solamente la finalidad de certificar una muerte y describir sus causas sino “la de identificar” hecho que constituye “un dato sustancial y de trascendental importancia”. “Se indica de quién son unos restos mortales, con una proyección jurídico-civil cierta, no meramente sentimental”, indica el recurso.
EFECTOS EN EL DERECHO SUCESORIO
Todo lo señalado puede conllevar, en opinión del Ministerio Público, efectos que van más allá del daño infringido a las familias que enterraron o incineraron a sus seres queridos de forma equivocada, dado que también pueden provocar alteraciones en el derecho sucesorio.
Los restos mortales de los 62 militares fueron dispuestos en bolsas individualizadas y numeradas por las autoridades turcas que se encargaron de identificar un total de 32 cuerpos. El general Navarro asignó posteriormente “sin ningún dato revelador de la identidad de los cadáveres”, identificaciones a cada una de las bolsas restantes, elaborando una lista en la que se hacía constar las identidades, dice el fiscal.
Los féretros fueron trasladados a España y los documentos que acreditaban la identidad fueron utilizados por los familiares de los fallecidos para acreditar su muerte e inhumar los cuerpos. “Esos treinta cadáveres fueron entregados a familias que no lo eran”, indica Burgos que añade que 21 de ellos fueron enterrados bajo identidad falsa y los otros nueve fueron incinerados. Burgos pone, además, de manifiesto que en los documentos extendidos por un funcionario público, como los aquí mencionados, debe protegerse “la confianza que los ciudadanos tienen derecho a depositar” en ellos.