La presidenta de la Asociación Protectora de Animales de La Rioja (APA), Carmen Faulín, ha recomendado hoy “leer” la Iniciativa Legislativa Popular de Protección Animal ante las “falsedades” que, según ha manifestado, se están vertiendo porque supone “un gran avance en la protección de los animales”.
En rueda de prensa junto a la voluntaria de APA Rioja Isabel Plana, Faulín ha subrayado que la Ley de Protección Animal, aunque nació de una iniciativa popular con recogida de firmas promovida por la Protectora, “se tramita igual que cualquier ley”.
Por tanto, ha dicho, se trata de una ley “con todas las garantías”, de tal forma que “el Consejo Consultivo la ha validado dos veces” y ha garantizado su rigor constitucional.
Faulín se ha detenido en el artículo 39 que, ha señalado, introdujo el Partido Popular, y del que se está “interpretando que se puede entrar en los domicilios”; algo, ha incidido, que “sólo se puede hacer por orden judicial”.
El artículo indica textualmente que “los funcionarios que desarrollen las funciones de inspección y vigilancia recogidas en esta ley están autorizados para acceder libremente, sin previa notificación, a todo establecimiento, instalación, vehículo o medio de transporte, o lugar en general, con la finalidad de comprobar el grado de cumplimiento de lo establecido en esta ley”.
Plana ha incidido en que “si los letrados hubiesen visto alguna duda en este punto no lo habrían aprobado” y ha insistido en que no valida la entrada en los domicilios particulares, porque la Constitución está por encima.
La Protectora también ha querido desmentir que aparezca la obligación de realizar una autopsia a los animales. Así, en el Título II, Artículo seis, establece la obligación de “comunicar la muerte del animal (...)adjuntando el correspondiente certificado expedido por un veterinario donde se hagan constar las causas de la muerte y si presenta o no signos de violencia”.
Faulín ha explicado que se están encontrando animales abandonados que aparecen dados de baja como fallecidos en el registro y que se quiere evitar esto o que se pueda “pegar un tiro” a un perro cuando ya no vale para la caza.
Con respecto a la caza y la pesca, “lo que no se va a permitir es que no tengan un mínimo de atención, que es lo que exige la ley, bienestar animal”; y en el pastoreo, “la ley no habla nada de los perros pastores, sólo se impide la práctica inmoral y cruel de dejarlos atados como barrera para el ganado”.
Se trata de “animales que los encadenan en vida, a veces en lo alto de un puerto, en vez de cercar una finca”, ha dicho. “Los hemos visto sin caseta, enfermos; recuerdo uno que ya ni cabía en el bidón y le caía la nieve, eso es una crueldad suprema, una utilización como si fuera un objeto”, ha añadido.
En cuanto a la recogida de animales por parte de los ayuntamientos, ha manifestado que está reglamentado “desde los años sesenta”, pero no se cumple y se llama a los voluntarios de la protectora.
En cuanto a las tradiciones, entre las que ha citado los Caracoles de Tricio, o el Gallo de Santo Domingo, ha afirmado que continuarán “si no hay maltrato”.
Sobre la esterilización, ha especificado que es obligatoria en toda transacción (adopción en perrera o asociación de protección animal, cesión entre personas, venta) a partir de la fecha de entrada en vigor de la ley, es decir, a partir del 1 de diciembre de 2018; no se establece como obligatoria la esterilización de todos los animales de compañía adquiridos antes de esta fecha.
No obstante, Faulín ha defendido la esterilización frente a las camadas de cachorros que encuentra la protectora tirados a un contenedor; y ha señalado que países como Noruega han acabado con los abandonos, entre otras cuestiones, por la esterilización.