La última reunión del Consejo de Ministros, a propuesta de la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha acordado la distribución de los fondos previstos en los programas del Plan Nacional sobre Drogas (PND), que desarrollan las comunidades autónomas y que ascienden a 9,5 millones de euros en 2019. En el caso de La Rioja, se trata de un total de 126.425,19 euros.
El destino de estos fondos es cubrir los gastos derivados del desarrollo de la Estrategia Nacional sobre Drogas en los planes autonómicos (programas de atención directa a toxicómanos, programas de atención a familias, de reinserción social y laboral, etc.), desarrollo de programas de prevención, de los sistemas de información, así como los gastos derivados de programas de rehabilitación de toxicómanos con problemas jurídico-penales.
Esta transferencia permitirá a las comunidades autónomas poder desarrollar, entre otras actuaciones, convocatorias de subvenciones para las entidades del Tercer Sector dedicadas a las drogodependencias en sus respectivos ámbitos territoriales.
El Pleno de la Conferencia Sectorial del Plan Nacional sobre drogas, reunida el 12 de junio, aprobó por unanimidad los criterios de distribución aplicables en 2019 a los créditos presupuestados para los gastos que originen los programas derivados del PND que desarrollen las CC AA y la distribución resultante conforme a los mismos.
La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas tiene entre sus tareas la dirección, impulso, coordinación general y supervisión de los servicios encargados de la actualización y ejecución del Plan Nacional sobre Drogas y, concretamente, el mantenimiento de las relaciones con las diferentes Administraciones que desarrollen actividades en este ámbito.
Las Comunidades Autónomas tienen asumidas competencias de ejecución en materia de drogodependencias, y anualmente se destinan cantidades en los Presupuestos Generales del Estado (aplicación 26.18.231-A.45) para subvenciones finalistas a Comunidades Autónomas, como apoyo e impulso de determinados programas que la Conferencia Sectorial del Plan Nacional sobre Drogas considera prioritarios en el ámbito de la prevención, la asistencia y la reinserción.
De acuerdo con la normativa, estos créditos deben ser objeto de distribución territorial según criterios objetivos fijados por la Conferencia Sectorial y serán formalizados mediante acuerdo de Consejo de Ministros, así como la distribución resultante.