La supresión de penalidades llega a Change.org: piden firmas contra la resolución del Gobierno regional

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha solicitado comparecer a petición propia en el Parlamento para informar sobre los contratos de residencias y centros de día.

En concreto, María Martín analizará la Resolución 1/2024, de 24 de enero, de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, por la que eximen de penalidades por incumplir los ratios de personal en servicios de atención residencial y centro de día para personas mayores en La Rioja.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 153.2 del Reglamento del Parlamento y tras la reunión de la Mesa de la Cámara, la voluntad de la consejera y del Gobierno Regional es que esta comparecencia se produzca lo antes posible.

Mientras, las voces en contra de la medida han anunciado las primeras acciones y movilizaciones. El PSOE está estudiando llevar el asunto an la Fiscalía de La Rioja e IU interpelará sobre esta cuestión en el pleno del Parlamento de La Rioja.

Los sindicatos no han tardado en reaccionar. CCOO ha anunciado una concentración en Servicos Sociales el próximo martes 6 de febrero a las 12 horas, mientras UGT se concentrará en el Parlamento de La Rioja el lunes a las 8.30 horas.

CSIF ha anunciado hoy que estudia llevar a los tribunales la resolución. Sus servicios jurídicos estudian la denuncia de esta resolución, las posibles demandas de trabajadores por el empeoramiento de sus condiciones laborales, de los familiares por incumplimiento de contrato y de los trabajadores del SERIS que se ven obligados a ausentarse de su puesto de trabajo para atender las demandas de las empresas del sector socio-sanitario.

“Distorsiona con gravedad a 4.200 familias”

Por su parte, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública además de mostrar su rechazo a dicha resolución han iniciado una campaña en la plataforma change.org para recabar firmas en contra de la decisión adoptada por el Gobierno regional. Y es que dicha Plataforma insiste en que “con esta resolución se pone en peligro la atención a las personas mayores mayores, se ejerce mayor tensión sobre unas plantillas de trabajadoras ya de por sí insuficientes y se va a producir una mayor demanda asistencial en los centros públicos de salud de los que dependen”. Según sus cálculos, la resolución del Ejecutivo reigonal “distorsiona con gravedad a 4.200 familias que tienen a sus familiares en residencias o en centros de día y a 2.000 trabajadoras del sector de los cuidados, que ven cómo el Gobierno se inclina en favorecer a las empresas en lugar de adoptar medidas de mejora en los cuidados y de unas profesionales que cada día se dejan la vida en atender a las personas mayores”.

Y es concluyen que la consejera de Salud y Políticas Sociales “no ha entendido nada de lo ocurrido en las residencias de personas mayores con los efectos de la pandemia por COVID 19, donde solo en la primera ola fallecieron 204 personas en La Rioja y que puso de manifiesto la debilidad estructural de las residencias privadas que la derecha conservadora promueve, también favorecida por una legislación demasiado laxa”.