La lucha de México contra el crimen organizado, el cual engloba el tráfico ilegal de armas y el narcotráfico, tiene a un aliado fundamental en Estados Unidos. En este marco, ambos gobiernos han iniciado conjuntamente el proyecto Gunrunner, cuyo objetivo es frenar el flujo de armas de fuego desde el norte hacia el sur.
Sin embargo, Gunrunner parece no resultar efectivo, debido a la existencia de “debilidades significativas” en la agencia que lo desarrolla, según revela un informe del Departamento de Justicia.
La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) habría descuidado la vigilancia de los pequeños traficantes de armas, centrándose en las grandes redes, lo que habría favorecido la venta ilegal de armamento. Así, cerca del 90 % de las armas que se usaron en la comisión de crímenes en México durante el año 2009 fueron adquiridas en Estados Unidos.
Además, el informe critica la ausencia de una estrategia “sistemática y coherente” por parte de la ATF, debido a la falta de coordinación con otras instancias, tanto mexicanas como estadounidenses, destacadas en la persecución de organizaciones criminales, entre las que citó a las agencias de control aduanero en la frontera común y a la Agencia Antidrogas estadounidense.
Por su parte, el subdirector de la ATF, Kenneth E. Melson, subrayó el compromiso de la oficina de “mejorar el programa en las áreas identificadas y construir nuevos logros”, al tiempo que apuntó la evolución de algunos aspectos, como el incremento del número de armas decomisadas en la frontera suroeste.
La otra preocupación: el narcotráfico
Por otro lado, el presidente mexicano, Felipe Calderón, ha expresado su preocupación por el posible apoyo político que estarían recibiendo los cárteles de la droga, pues aseguró que este tipo de “fenómenos criminales” resultan “inexplicables” sin el apoyo económico de otras fuerzas.
“Es un tema bien difícil, porque efectivamente muchos fenómenos criminales no se explican sin una cobertura política, hablando en plata [dinero]”, dijo al ser consultado sobre el tema por la prensa en la ceremonia oficial de apertura de la 66 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) .
Calderón prefirió no revelar más detalles sobre los presuntos vínculos del crimen organizado en la política mexicana, porque no cuenta con las suficientes pruebas jurídicas que le permitan señalar a los responsables de estas “coberturas”.
Para Calderón, en México hay “casos muy visibles” que a veces son catalogados como “irrelevantes” pero en todos esos casos “tiene que haber una lección clara de todos los partidos políticos” de que “no se debe aceptar ni la mínima colusión entre el crimen y la política, porque entonces esto tardará muchos años más para poderse resolver”.
Como ejemplo expuso el caso del fallecido capo de la droga Pablo Escobar Gaviria que en 1982 fue electo diputado en Colombia. Un año más tarde, se dieron a conocer sus actividades en el narcotráfico a través de denuncias de medios de comunicación y de varias personalidades que fueron posteriormente asesinadas.
“No debemos dejar que México llegué hasta allá. Tenemos que actuar contra la tentación del crimen organizado de infiltrar la política, y eso puede ser en todos los partidos”, pidió Calderón.