La bonificación fiscal en el impuesto de plusvalías, que entró en vigor en 2016, ha beneficiado a 225 logroñeses. Esta medida supone pagar sólo el 5%, la práctica exención de este tributo, cuando, en caso de fallecimiento del titular de la vivienda, ésta se transmita a los herederos directos, normalmente el conyuge o hijos, y sea su residencia habitual.
La concejal de Transparencia, Hacienda y Administración Pública, Mar San Martín, ha explicado que esta medida fue aprobada a iniciativa del Equipo de Gobierno, con el respaldo de la mayoría de los grupos, y tenía por objeto “corregir una situación injusta”.
En 2016, primer año de aplicación de esta bonificación, se beneficiaron 84 logroñeses con un ahorro estimado en 243.000 euros; en lo que llevamos de 2017, los beneficiarios han sido 141 logroñeses, con un ahorro de 407.000 euros. En total, ha señalado, “se han beneficiado de esta medida 225 logroñeses con un ahorro aproximado de 650.000 euros”.
La concejal ha asegurado que el Equipo de Gobierno trabaja en la definición de “una tributación más justa”, principalmente en dos líneas: el fomento del emprendimiento económico y las ayudas a las familias, como es el caso de la bonificación en el impuesto de plusvalías.
San Martín ha señalado que las medidas aplicadas para aliviar la tributación a los logroñeses “no podrían ser posibles si no tuviéramos superávit”.
SENTENCIA DEL TC
Respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional de mediados de mayo, que anulaba parcialmente el pago del impuesto de plusvalías en el caso de que no se hubiera producido incremento del valor, Mar San Martín ha asegurado que el Ayuntamiento de Logroño “está actuando de forma prudente”.
Así, ha informado de que el Ayuntamiento de Logroño decidió no continuar liquidando las plusvalías que pudieran verse afectadas por la nueva situación.
Mientras tanto, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), cuya vicepresidencia la ostenta la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha trasladado al Ministerio de Hacienda la necesidad de reformar la regulación del impuesto de plusvalías, que se compense a los ayuntamientos por la posible pérdida de ingresos y la elaboración de una nota aclaratoria sobre la forma de actuar para que sea igual por parte de todos los ayuntamientos de España.