El Parlamento de La Rioja aprobó hoy en pleno una declaración institucional por la que se compromete a impulsar, en el ámbito de su competencia, las leyes y disposiciones autonómicas que sean necesarias y a modificar cualquier otra que lo requiera para garantizar la plena inclusión de las personas con discapacidad como ciudadanos en igualdad de oportunidades.
Esta declaración tiene su origen en el pasado 3 de mayo, cuando entraron en vigor los acuerdos adoptados por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como su Protocolo Facultativo.
Este instrumento jurídico internacional, surgido de la Organización de Naciones Unidas, instaura una nueva concepción de la discapacidad centrada en los derechos humanos y en la persona con discapacidad como titular irrenunciable de dichos derechos.
Por ello, el Parlamento de La Rioja, en su declaración, manifiesta que comparte el contenido de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, cuya vocación es la de impulsar el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derechos humanos en igualdad de condiciones, instando a los países que integran la comunidad internacional a su protección y garantía.
Asimismo, la Cámara regional expresa su disposición a colaborar en la “plena y efectiva implementación de los valores, principios, mandatos y disposiciones recogidos en la Convención” a través de la aplicación de los mismos en todos los actos originados en el Parlamento, velando por su plena accesibilidad y por su respeto al derecho de igualdad de oportunidades y no discriminación.
Además, rechaza y condena la violación de los principios y disposiciones contenidas en la Convención y cualquier otro acto que vulnere el derecho de no discriminación, comprometiéndose a erradicarlos siempre que recaiga en el ámbito de sus competencias.
Por último, a través de esta declaración, el Parlamento insta a las demás instituciones y poderes públicos de la Comunidad a adherirse a esta declaración institucional y a aplicar y respetar los principios y disposiciones contenidos en la Convención en el ámbito de sus competencias y obligaciones públicas.