El Gobierno de La Rioja solicita que se rebaje el nivel de protección de la parcela destinada a la construcción del nuevo Palacio de Justicia, en Logroño, con el objetivo de lograr “un edificio más funcional”.
El director general de Justicia e Interior, Miguel Sáinz, en una rueda de prensa, ha anunciado esta alegación del Gobierno de La Rioja a la modificación puntual, recientemente aprobada por la Junta de Gobierno Local de Logroño, del plan parcial que fija alturas y alineaciones para futuro Palacio y que modifica el Plan General de Ordenación Urbana. Tras la aprobación de este documento por parte de la Junta de Gobierno Local se presentó para su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja y, actualmente, está en período de alegaciones.
El Gobierno de La Rioja pretende que se pueda construir un edificio de hasta cuatro alturas y se retranqueen las calles anexas al Palacio, que se prevé construir en el antiguo cuartel de Murrieta, ha informado el director general. Sáinz ha calificado de “insuficiente” esta propuesta aprobada por el Ayuntamiento porque “da por bueno un plan de construcción de nueve torres, que es nada funcional para la nueva oficina judicial”.
Ha criticado que el Consistorio haya aprobado “una mera alineación de calles y no una tipología funcional del nuevo edificio”, lo que denota, según ha asegurado, que el proceso se retrasa y que requiera una posterior modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Logroño que recoja este último apartado.
Las alegaciones del Gobierno riojano al documento también se enviarán a la Administración del Estado, según ha detallado Sainz, quien ha criticado “la incapacidad” del Gobierno central de modificar la protección de una parcela para convertirla en “un edificio más funcional”. Por su parte, la subdirectora general de Justicia, Cristina Maiso, ha criticado “la improvisación y la falta de proyecto del Ministerio de Justicia para la nueva oficina judicial”.
En relación con la huelga de los funcionarios de Justicia, ha subrayado que el Gobierno de La Rioja “no asumirá las transferencias en esta materia mientras el Ejecutivo socialista no haya resuelto estas reivindicaciones salariales”.