Los 1.300 inquilinos a los que llega tarde la sentencia que obliga a recuperar los pisos vendidos a fondos buitre

“Hasta que la Comunidad de Madrid no nos mande un papel en el que nos diga que vuelve a ser nuestro casero, no me lo creo”. Con escepticismo responde Liliana García, inquilina de una de las 3.000 viviendas públicas que el Gobierno autonómico de Ignacio González (PP) vendió en 2013 a Encasa Cibeles, una sociedad creada para gestionar la compra de estos pisos y participada al 97% por el fondo Goldman Sachs.

Durante meses, González vivió con parte de sus propiedades empaquetadas en cajas por miedo a una nueva fecha de desahucio. Finalmente, ante los varapalos judiciales que ha ido encadenando el Ejecutivo regional —en los que se ha confirmado la nulidad de la venta impulsada por la Comunidad en cada uno de los fallos— esta mujer respiró tranquila después de que un juzgado de primera instancia determinase en mayo que el fondo tenía “falta de legitimación” para ejecutar su desahucio ya que se había anulado su “título de propiedad”. 

La Comunidad lleva más de tres años pleiteando en contra de todas las resoluciones que confirmaban la anulación de la venta y, por lo tanto, abrían la puerta a la recuperación pública de los inmuebles. No ha sido hasta este mes cuando el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha cedido y ha anunciado que las familias afectadas por la venta pasarán a ser inquilinos de la Agencia de Vivienda Social (AVS), antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA). 

Los beneficiarios de esta medida son solo los inquilinos de las 1.700 viviendas que mantiene Encasa Cibeles, y que fueron adquiridas en esta operación, porque el resto de inmuebles que ya no pertenecen al fondo no se ven afectados por la decisión judicial. Aún así, alguno de los 1.300 adjudicatarios que obtuvieron una vivienda pública y se marcharon por distintos motivos —subida de alquiler, problemas con el fondo o amenaza de desahucio— han asumido con emoción que la Comunidad acate las decisiones judiciales. “Llevamos años denunciando que era nuestro. Ellos sabían que era ilegal, especularon con viviendas públicas y suelo público”, apunta Pedro Fernández, al que le tocó un piso en el Ensanche de Vallecas. 

“Abandoné en 2015 por el acoso que sufría. El alquiler que me querían poner era abusivo, 800 euros. No podía pagarlo. Tenía dos hijos y una tercera en camino. Hasta entonces pagaba 120 euros”, asegura. Para Marian M., que recibió un piso en Soto del Henares, la decisión de la Comunidad “es una gran alegría, aunque llega muy tarde”. Este afectado, de origen rumano, defiende que el Gobierno autonómico debería haber acatado la sentencia “mucho antes”.

Según cuenta Marian, con el cambio de casero empezaron los problemas en su edificio. “Comenzaron a irse vecinos y empezó el calvario. A las dos y a las tres de la noche había muchos ruidos, era gente que quería meterse dentro de los pisos”, expone. También relata que un trabajador de la empresa comenzó a pasearse por el edificio. “Nos decía que teníamos deudas, que teníamos que pagar IBI y deudas de la comunidad”, apunta. “Los niños se angustiaban al ver que llamaba la gente a la puerta”, incide.

La pérdida de la casa tuvo consecuencias emocionales para los afectados. “He tenido que volver a vivir con mis padres. Caí en depresión”, apunta Fernández. Por su parte, Marian relata que su familia se desmoronó debido a la incertidumbre y preocupación vivida al ver que no llegaban a pagar el alquiler tras perder su trabajo y sobrevivir con puestos precarios. “No había forma de llegar a un acuerdo sobre el alquiler”, incide.

Consecuencias emocionales ante el cambio de casero

Ante el miedo a un desahucio, la familia de Marian optó por abandonar el piso en 2016. No fue fácil encontrar una alternativa habitacional con los recursos que contaban. “Terminamos en una casa que estaba en pésimas condiciones. Esto me afectó y supuso la ruptura del matrimonio”, apunta.

“Salieron por las presiones que sufrieron desde el principio. Nada más empezar la venta, trabajadores sociales [contratados por la empresa] ofrecían dinero [para irse] y otros les amenazaban”, recuerda José Castro, asesor municipal de Vivienda en el Ayuntamiento de Navalcarnero y activista de la plataforma antidesahucios, sobre los inquilinos que se marcharon cuando el fondo comenzó a gestionar los inmuebles. En esa localidad se inició la batalla judicial que se ha saldado con la nulidad de la operación impulsada por el Gobierno de González para conseguir liquidez.

Desde Encasa Cibeles niegan que haya habido “presiones” para que los residentes abandonasen sus viviendas. Fuentes oficiales de la compañía aseguran que el fondo “ha respetado escrupulosamente al pie de la letra los contratos que sus inquilinos firmaron con el IVIMA (actual AVS)”.

Los dos afectados entrevistados desprenden halagos para los vecinos, que como Liliana, se quedaron en su casa mientras la presión judicial y administrativa iba aumentando. “Le han echado mucho valor. Están luchando por algo que es suyo”, añade Marian. Las viviendas que se vendieron en 2013 están diseminadas por varios municipios de la Comunidad de Madrid, entre ellos, Arroyomolinos, Collado Villalba, Leganés, Madrid, Majadahonda, Móstoles, Navalcarnero, Parla, Tielmes, Torrejón de Ardoz y Valdemoro.

Cambios en la Consejería de Vivienda

Poco antes de que la Comunidad haya optado por acatar la decisión judicial, se han producido dos hechos vinculados a este asunto. Por un lado, a principios de este mes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid notificaba a los afectados una nueva sentencia en la que confirmaba de nuevo la anulación de la operación y urgía a la Comunidad a recuperar los pisos. Y, por otro lado, la remodelación del Ejecutivo de Ayuso tras las elecciones del 4 de mayo afectó a la cartera de Vivienda, que pasó a ser gestionada por Paloma Martín. Hasta entonces, el responsable de este asunto había sido David Pérez. 

Detrás de la batalla judicial a la que se aferró la Comunidad de Madrid para dilatar la devolución de las viviendas está César Pinto, un abogado de oficio, al que le llegó el caso en 2013. Uno de los afectados por la venta, Rachid Boikou, que residía en Navalcarnero, le requirió para recurrir toda la operación y no solo la enajenación de su casa. 

En un primer momento, según relata el letrado a elDiario.es, asumió el procedimiento con dudas: “Pensaba que si la administración ayudaba a los inquilinos y les mantenía las bonificaciones sociales —descuentos en el precio del alquiler— no serían perjudicados, aunque su casero ya no fuese el IVIMA”. No fue así, desapareció el carácter social de las viviendas.

Posteriormente, tuvo alguna duda sobre si los jueces iban “a entrar en el fondo de la cuestión”. En este caso, sí fue así. El juzgado de lo contencioso-administrativo número 29 de la capital analizó detalladamente el asunto y concluyó en mayo de 2018 que la Comunidad no había justificado el motivo por el que se quería deshacer de tres millares de viviendas públicas. El magistrado recordó que esa argumentación era necesaria, sobre todo, teniendo en cuenta que los inmuebles vendidos en 2013 “cumplen una función social, como es la de proporcionar a clases desfavorecidas una vivienda digna”. 

Afectados y defensores del derecho a la vivienda vinculados a este caso destacan la “determinación” y la “constancia” de Pinto. “César fue el jurista que pensó en plan jurista y no en plan activista”, cuenta Castro. El asesor municipal del Ayuntamiento y el letrado que ha ganado esta batalla judicial llevan años en contacto, ya que el afectado que impulsó el caso reside en Navalcarnero. Y destaca que el abogado de Boikou es “muy humilde y no quiere protagonismo”. Aún así, los afectados por la venta de vivienda pública en Navalcarnero organizaron hace unos meses un homenaje a Pinto. “Se lo hicimos por sorpresa y se quedó muy cortado. Fue muy emotivo”, recuerda Castro.

Viendo que cada vez está más cerca la solución a este conflicto y que un millar de afectados volverán a tener una vivienda pública, el letrado mantiene el perfil bajo que le caracteriza y no se vanagloria de la victoria judicial conseguida, por la que lleva más de siete años batallando en sus recursos. “No lo veo como un triunfo, sino como trabajo. Tenemos que seguir trabajando. Te dan la razón en un caso, pero 40.000 veces te dicen que no. Y hay que buscar soluciones a esos 40.000”, se limita a asegurar al ser preguntado sobre si este caso es el mayor éxito que ha conseguido en su carrera. 

Goldman Sachs reclama 198 millones

La nulidad de la operación abrió un conflicto entre Encasa Cibeles y la Comunidad de Madrid. El fondo ya ha puesto encima de la mesa las condiciones económicas que estiman para ejecutar la devolución de las 1.721 viviendas que continúan en su poder. Las cifras que se han conocido hasta ahora revelan que Goldman Sachs reclama hasta 198 millones a la Comunidad para otorgar esos inmuebles, es decir, el fondo requiere casi la misma cantidad que pagó en 2013 (201 millones de euros) a cambio de 2.935 viviendas públicas que le compró al Gobierno de González, tal y como publicó elDiario.es. 

Ninguno de los afectados por esta operación económica —ni Encasa Cibeles ni la Comunidad de Madrid— han expuesto en qué punto se encuentran las negociaciones. Desde la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura se limitan a asegurar que se ha iniciado un “trámite para la restitución recíproca de las prestaciones entre ambas partes: entrega de las viviendas por Encasa y compensación económica de la Comunidad de Madrid”.  

Para proceder a la recuperación pública de estas viviendas, la Consejería ha creado “un grupo de trabajo” con juristas y trabajadores de la AVS “que ya han empezado a contactar con las 1.700 familias” y “fijar una cita para para poder analizar caso por caso las condiciones de sus actuales contratos de arrendamiento y sus necesidades sociales”. Las fuentes consultadas —Pinto, Castro y García— aseguran que los afectados con los que tienen contacto no han recibido por ahora ninguna notificación oficial que les garantice que su casero vuelve a ser la administración. 

Tras el último paso de la Comunidad, algunos de los 1.300 inquilinos de viviendas públicas que abandonaron o fueron desahuciados de sus casas se han puesto en contacto con Castro y con Pinto. “Llevo dos o tres días recibiendo llamadas de gente que se fue”, expone el trabajador del Ayuntamiento de Navalcarnero, que defiende que esos afectados “tienen derecho a presentar demandas para resarcir el daño”. 

Ante el acatamiento de la sentencia, Marian y Pedro se están asesorando para solicitar una reparación patrimonial a la Comunidad. Pinto defiende que los 1.300 inquilinos que se marcharon tienen derecho a ser “indemnizados por daños morales”. Según expone el abogado, esas cantidades se deberían “cuantificar según las circunstancias” de cada caso. El futuro de estas demandas puede suponer en un meses un nuevo frente judicial para el Gobierno de Díaz Ayuso.