¿Qué pasa después de hacer un Marie Kondo? El Ayuntamiento de Madrid y las empresas rentabilizan la recogida de ropa
Los trucos de Marie Kondo para mantener el armario ordenado no nos han descubierto nada nuevo, pero quizá sí nos hayan hecho replantearnos para qué queremos tanta ropa que apenas nos ponemos. Durante el serial, la japonesa insta a sus participantes a deshacerse de ella y regalarla, tirarla o donarla. Ahora bien, ¿dónde deberíamos hacerlo? Según el contenedor al que vayamos en Madrid, la ropa irá a parar a una u otra empresa.
El Ayuntamiento ha adjudicado los nuevos contratos para poner contenedores de recogida de ropa usada en la calle. Desde octubre del año pasado, si donas ropa en el este de la ciudad, estarás dándosela a una empresa llamada Recuperalia que paga 1.818 euros anuales por contenedor al consistorio. Pondrá 419 recipientes. Si la donas en el sur, la ropa se la lleva una alianza entre Recumadrid y Solidança que solo paga 140 euros al año por contenedor, doce veces menos que el anterior, y que pondrá 365. El concurso ha quedado desierto en el oeste, donde ninguna compañía ha aceptado las condiciones del pliego.
Con los contenedores el negocio es doble: el Ayuntamiento ingresa más de 800.000 euros al año por permitir a estas empresas ponerlos en la calle y ellas ganan por vender la ropa usada que los vecinos dejan ahí. En 2017, concretamente, Recuperalia facturó un millón de euros. Solidança, que tiene contenedores en varios puntos de Cataluña y acaba de entrar en Madrid, 1,7 millones.
Hasta el año pasado, la adjudicataria era Ecotextile Solidarity, una mercantil fundada en 2011 que también factura alrededor de un millón al año y que llegó a pagar 3.200 euros por cada contenedor. Por los 170 que tenía, Madrid ingresaba 544.000 euros al año. La adjudicación le costó muchas críticas a la exalcaldesa Ana Botella, al no ser Ecotextile una entidad sin ánimo de lucro sino una empresa normal que generaba beneficios (no muchos: unos 20.000 euros al año) revendiendo la ropa en otros países y para su reciclaje al por mayor. El Ayuntamiento de Carmena se defendió entonces diciendo que el contrato no le gustaba y que buscaría una nueva adjudicataria.
Lo hizo. En marzo de 2018 se publicó el pliego para la nueva gestión del servicio de contendedores, con la diferencia de que esta vez iba dividido en tres lotes (este, sur y oeste) y reservaba el del sur para empresas de inserción social. Las empresas que quisieran optar al contrato debían mejorar el precio de partida marcado por el Ayuntamiento, sustancialmente superior para las empresas normales (780 euros por contenedor al año) que para las sociales (75 euros por contenedor al año, diez veces menos). A diferencia de otros contratos públicos de servicios o suministros, aquí se lo lleva el que más dinero ofrezca, no el que menos.
Al concurso optaron cuatro empresas normales y tres de inserción social. Y aquí es donde han venido los problemas: al considerar que no competían en igualdad de condiciones, casi todas las empresas normales han retirado sus ofertas y por eso ha quedado desierto uno de los lotes del concurso. Solo Recuperalia la ha mantenido y pagará sus casi 2.000 euros por contenedor.
“Yo participé. Luego vi las injusticias y me salí”, explica Pedro Andrés, director general de Texlimca, una de las empresas participantes, que ha recurrido el concurso. Aunque su negocio sea el mismo que el de las empresas sociales, considera que pagar diez veces más por contenedor es excesivo. “Y hay que comprar los contenedores y vehículos eléctricos. Y el mercado está a la baja. Así jamás podré competir con la empresa social”. Además de pagar la cuota anual por ocupación del espacio público, todas las empresas deben comprar los contenedores homologados por el Ayuntamiento, que cuestan unos 750 euros y al finalizar el contrato pasan a ser propiedad municipal.
Desde las empresas de inserción Recumadrid y Solidança explican que, aunque el negocio sea el mismo (también venden la ropa en otros países o a proveedores que la reciclan) la finalidad es diferente, porque contratan a personas para insertarlas en el mercado laboral. “El negocio de la ropa nos interesa porque crea mucha mano de obra para puestos de inserción. Nuestro objetivo es crear puestos de trabajo. Contratamos a gente derivada de los servicios sociales que solo puede estar tres años, con el fin de que entren en empresas ordinarias”, dice Isabel Gimeno, gerente de Solidança. “No tenemos ánimo de lucro, pero tampoco ánimo de pérdidas. Todo lo que ganamos sirve para generar puestos y no repartimos dividendos a final de año”.
De los 1,7 millones de euros que Solidança ingresó el año pasado, 139.900 euros fueron de beneficio. Texlimca facturó 4,3 millones en 2016, de los cuales ganó 50.000 euros. “Somos 60 trabajadores y tampoco reparto dividendos, porque reinvertimos los beneficios”, apunta Andrés. “Y al no ser contratos de inserción, el estado no me subvenciona la mitad de la seguridad social”.
Cáritas y Humana
Además de las citadas, al concurso también se presentaron viejas conocidas del negocio de la ropa usada: Humana y Cáritas. Las dos han creado sendas compañías de inserción social para poder optar a estos contratos públicos, que en Cataluña, por ejemplo, solo se dan a empresas de este tipo.
Cáritas tiene Koopera, que ofreció 85 euros por contenedor al año (10 euros más del precio de salida del Ayuntamiento) y no ganó. Y Humana ha creado Humana Integra, que ofreció 1.250 euros por contenedor. Eso son 14 veces más de lo que pedía el Ayuntamiento. Si no se lo llevó, fue porque no aportó parte de la documentación requerida. “Cuando finalizó el plazo, no figuraba inscrita en ningún registro administrativo de empresas de inserción”, indican desde el Ayuntamiento.
Si Humana puede pagar tanto dinero es porque su negocio está en las tiendas, donde revende la ropa usada a unos 5 o 10 euros la prenda. También monta mercadillos bajo la marca I love second hand. A diferencia de estas, las empresas normales que optaron al concurso no ponen tiendas. “Lo que se hace con la ropa usada es clasificarla para encontrarle el valor más alto posible. Si es para triturar, vale 1 céntimo el kilo. Si es usable, se exporta a países emergentes. En tiendas, la puedes vender más cara”, cuenta Andrés. Por su parte, Cáritas, que también tiene tiendas, ha llegado recientemente a un acuerdo con Zara para poner los contenedores en sus tiendas de forma gratuita, en lugar de pagando a los Ayuntamientos.
Las empresas tradicionales del sector se han asociado para ver cómo hacen frente a esta nueva competencia social, que paga menos por los contenedores y por las cotizaciones de sus empleados. “Nos están hundiendo. Queremos concursar en igualdad de condiciones. Tendremos que montar empresas de economía social”, dice Paulino Prieto, gerente de Verde Universal.
A medio plazo, sugieren que se aplique a la ropa una tasa de reciclaje similar a la que pagan las empresas cuando ponen envases -bricks de leche, botellas de refrescos, etc.- en el mercado, que en España gestiona la entidad sin ánimo de lucro Ecoembes. “Las que producen y ponen ropa en el mercado deberían pagar para que se gestionara una vez acaba la vida del producto”, considera Andrés. “Que vaya en función de los kilos que pesa la prenda. Y si el material es difícilmente reciclable, que paguen más. Ahora somos los gestores los que sufragamos los costes de inversión, recogida y encima tenemos que pagar al municipio”.
Según sus datos, cada español consume una media de 34 prendas al año y desecha entre 12 y 14 kilos, un modelo de hiperconsumismo fomentado precisamente por fabricantes como Inditex, que hacen ropa barata y lanzan colecciones cada muy poco tiempo. “Es desmesurado. Hay veinte veces más ropa que hace quince años. Y hoy en día tiene muy mala calidad, así que no vale para nada, solo para triturar”, concluye el empresario. “Olvidémonos de paraguas sociales y donaciones porque eso pasaba hace 45 años: hoy en día todo el mundo lleva ropa de quita y pon. La ropa se produce en exceso”.
