Los afectados por la venta de 14 edificios de la Iglesia piden al Gobierno que lleve el caso a la Fiscalía
Los 180 inquilinos que habitan en los pisos vendidos por una fundación vinculada a la Iglesia sin previo aviso y con ellos dentro han pedido por carta al Gobierno que lleve el caso a la Fiscalía. En una misiva abierta, solicitan a la delegada del Gobierno en Madrid –como patrona de la Fundación de Santamarca y San Ramón y San Antonio– que “impulse” la investigación por parte del Ministerio Fiscal de los “indicios de irregularidades” de la venta, que amenaza con dejar a los vecinos en la calle si los nuevos propietarios no renuevan sus contratos.
En la misiva, los afectados se dirigen a todas las instituciones implicadas directa o indirectamente en el proceso. La operación, aprobada a finales de mayo y sobre la que están estudiando acciones legales, contó con el aval del órgano de Gobierno de la entidad, el Patronato, donde están presentes el Arzobispado de Madrid, que lo preside, la delegación del Gobierno y el alcalde de Madrid. Los inquilinos se enteraron por carta y tres meses después de firmarse la enajenación que los pisos, objeto de una herencia con fines sociales, habían sido vendidos a 14 sociedades diferentes vinculadas entre sí y de creación reciente.
“Se realizó a través de sociedades pantalla sin que se conozca el precio, sin notificación previa a los inquilinos y sin informar al Protectorado”, dice la misiva. Como desveló eldiario.es, la fundación se saltó un paso legal necesario para enajenar patrimonio: comunicar al órgano de control de las fundaciones en Madrid de la operación. Precisamente la falta de documentación ha impulsado la suspensión del proceso en seis de los inmuebles por parte de dos registradores de la propiedad de la capital. En ninguno de ellos se ha podido completar la inscripción de compra.
En uno de los casos, la registradora, además, ha solicitado a la entidad que declare si estos bienes están directamente relacionados con el fin fundacional, como aseguran los inquilinos. “La venta del patrimonio urbanístico de la Fundación Fusara vulnera la voluntad expresada en su testamento por las fundadoras de la fundación y pone en peligro su objeto social: que nuestras rentas ayuden a niños y niñas huérfanos, sin recursos y en riesgo de exclusión”, apuntan en la carta.
Los vecinos señalan como artífices de la operación al delegado episcopal David Pérez Royo –que dimitió de su cargo la semana pasada en plena crisis por la venta– y al secretario de Fusara, Manuel Fernández Clemente, “ambos de confianza del Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro”, según los inquilinos. Por eso piden al arzobispo que “inicie las acciones necesarias para instar a la nulidad de las operaciones garantizando así la voluntad de los legatarios, la continuidad de la labor social de Fusara, el bienestar de las 180 familias afectadas y su propia voluntad de transparencia en la gestión de las fundaciones”. A todos los patronos les solicitan que exijan conocer el precio de la venta y “la identidad de los compradores ocultos”.
La Justicia ya tumbó en los años noventa otra venta de bienes procedentes de la herencia que alumbró la fundación. En ese momento, la entidad aún estaba dividida en dos y la mitad afectada fue el Orfelinato de San Ramón y San Antonio, que trató de traspasar unas acciones, vinculadas a Termas Pallarés S.A, a los hijos del secretario de la entidad a través de un intermediario y por un precio “exiguo” que provocaba un “perjuicio económico” para la fundación, según la justicia. El caso fue denunciado por el Gobierno de Felipe González.
La carta también se dirige a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y al alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida. Ninguno de los dos está involucrado en la operación pero los afectados les solicitan que “insten a la nulidad” de la operación, Almeida como patrono de la fundación y Díaz Ayuso en tanto en cuanto el Protectorado de Fundaciones depende del Gobierno regional. El alcalde de Madrid ya ha ofrecido ayuda a los inquilinos que se queden en la calle.
A través de la misiva, asimismo, los afectados pregunta al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez, si fueron informados de la operación. Según los estatutos de la fundación, ambas figuras forman parte del Patronato que avaló la venta pero no hay ni rastro de ellas en las reuniones ni tampoco en la composición del órgano publicada en la página web de Fusara.
