Almeida deja en el aire las sanciones por entrar a Madrid Central a partir de ahora

Las sanciones por entrar a Madrid Central se han convertido en una bomba explosiva en manos del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida tras la decisión del Tribunal Supremo de anular la zona de bajas emisiones a raíz de un recurso del grupo municipal popular. 24 horas después de conocerse el auto, el alcalde de Madrid deja en el aire que se vayan a ejecutar las multas por el acceso indebido a la zona de bajas emisiones creada en 2018 a la espera del criterio, asegura, de los servicios jurídicos municipales.

“Las cámaras de Madrid Central siguen funcionando y registrando las entradas, pero eso no quiere decir necesariamente que se vaya a sancionar”, ha señalado el primer edil en una rueda de prensa conjunta con la nueva Delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González.

La corporación continuará “incoando” los procedimientos administrativos de las sanciones, pero asegura que “en estos momentos no se puede decir que vayan a concluir en una multa”. “Dependerá de lo que nos digan los servicios juridícos”, ha apostillado el primer edil. Las nuevas declaraciones incrementan la confusión de los madrileños ante un escenario inédito en el que existe un importante riesgo de vacío legal y la amenaza de un agujero financiero si los los multados recurren sus sanciones al no existir la base legal sobre la que se impusieron.

Ante la pregunta de si se siente atrapado por el recurso que presentó el PP contra Madrid Central y que ha originado el pronunciamiento judicial, el primer edil responde que de lo que se siente “preso” es de “una chapuza del anterior equipo de Gobierno” y defiende que “no se puede decir que eres el culpable si denuncias una vulneración y los tribunales te dan la razón”.

La corporación insiste en que acelerarán los tiempos para aprobar cuanto antes la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible que despeje los problemas a los que ahora se enfrenta el equipo de Gobierno. Con esta norma, el PP restaurará la zona de bajas emisiones que Almeida prometió eliminar en su carrera a la Alcaldía de Madrid en 2019 sin recortes a las restricciones, como pretendía en un principio.

El área de Movilidad y Medio Ambiente se aferra a que cuenta con dos meses para ejecutar la sentencia y eso sería un margen para tramitar completamente la ordenanza. Sin embargo, este plazo podría verse acortado si alguno de los otros cinco recurrentes, cuyos recursos pasarán igualmente por el Supremo, pide que se cumpla antes el pronunciamiento judicial. Entre ellos están empresas y colectivos con intereses en que el tráfico sea libre, como los empresarios del ocio nocturno (CEONM), los Automovilistas Europeos Asociados o una consulta de gestión de multas de tráfico (Pyramid Consulting). Lo que ocurra con las multas aún es una incógnita.