Las asociaciones vecinales denuncian el “acoso” del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid tras el confinamiento

Las asociaciones vecinales de Madrid denuncian que una vez levantado el estado de alarma la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, ambas administraciones gobernadas por el PP, han incrementado su política de “acoso y amedrentamiento contra el movimiento asociativo”. Así lo verbaliza Quique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que explica que ese acoso se ha materializado a través fórmulas como la rescisión de los contratos o la no renovación de los espacios públicos cedidos a diferentes asociaciones durante la anterior legislatura. 

Según estos movimientos, las instituciones, sobre todo municipales, están poco a poco desmantelando el tejido de cuidados y las redes vecinales que en los momentos más duros de la pandemia dieron cobertura a las necesidades básicas de las familias más vulnerables. 

Pepa Comendeiro, miembro de la Asociación Cultural Compañía del Krisol, se encontró con que, después del confinamiento, las cerraduras de La Chimenea, el espacio que desde hace más de tres años comparten tres colectivos en el barrio de Canillejas, tenía las cerraduras cambiadas. “Nos bloquearon las puertas de acceso para hacer, dijeron, mantenimiento del edificio. No nos notificaron nada, pero como es suyo pueden hacer lo que sea”, explica. 

De la reunión con la Junta de Distrito, a la que fueron a pedir explicaciones, sacaron una orden de desalojo que debía cumplirse en 15 días. Finalmente, negociaron y lograron que se cumpliera el contrato original de cesión, que termina en noviembre de 2020. Esto significa que, llegado el momento, deberá convocarse un concurso público para que las mismas asociaciones —una de ellas es un banco de alimentos— u otras puedan utilizar ese espacio. Aunque no todo es tan sencillo, la Junta ha decidido empezar unas obras este verano, así que realmente el barrio no está usando la instalación.

La confusión sobre la Casa del Cura

Esta orden de desalojo se produjo casi al mismo tiempo que el Ayuntamiento revocaba la cesión y ordenaba desalojar la Casa del Cura con los votos de PP, Ciudadanos y Vox. Se trata de un edificio municipal en el barrio de Malasaña que gestionaban entre 38 colectivos. Este miércoles terminó el plazo dado a los vecinos para abandonar el bloque. Sin embargo, estos decidieron recurrir la decisión y no entregar las llaves. Paradójicamente, el pasado jueves, el mismo ayuntamiento que había ordenado el desalojo del edificio de Malasaña notificó la entrega de 3.000 euros en subvenciones a la Casa del Cura. Y, el viernes, la Policía Nacional frenó el cambio de cerraduras que trataban de realizar varios trabajadores, algo que según el movimiento asociativo no está permitido y que los colectivos ya han dicho que van a denunciar. 

Además de la antes citada, se han sucedido más contradicciones por parte de la administración local. Bernardo Sánchez, tesorero de Asociación de Amistad Hispano-Cubana Bartolomé de las Casas que trabaja contra el bloqueo económico que sufre la isla, denuncia a eldiario.es que el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) ya les ha comunicado que no podrán renovar el año prorrogable de alquiler de su local, algo que, según confirma la FRAVM, no suele ocurrir. “No hay ninguna problemática, responde a motivos políticos”, explica Sánchez.  

Tampoco va a poder renovar la Asociación Vecinal la Unidad de Villaverde Este, que desde 2017 comparte un edificio con otros dos colectivos del barrio. Adif cedió el bloque de la calle Diamante al Ayuntamiento, que a su vez permite su uso a estos grupos en un contrato con renovación anual automática y revisión cada cuatro años. “Mientras la Junta nos agradecía el trabajo nos llegó en paralelo una carta diciendo que este año es el último que se renueva el local”, recuerda Miguel Rodríguez, su presidente, que asegura que aunque les prometieron una solución, ahora mismo no hay ninguna conversación abierta con el distrito. La asociación pide recuperar los siete meses, de marzo a septiembre, que no habrán podido disfrutar del espacio, primero por la pandemia y después por unas obras para adaptar el edificio a personas con movilidad reducida que ya han empezado y que esperan que terminen en septiembre. 

“Este gobierno municipal no quiere hacer concesiones de larga duración. Agarrándose a la Ley de Patrimonio, hace concesiones demaniales cada tres o cuatro años a través de un concurso público”, sintetiza Villalobos, presidente de la FRAVM. Escudándose en la transparencia y en la falta de una directiva que regule la entrega de las cesiones, el Ayuntamiento comandado por José Luis Martínez-Almeida lleva meses revisando los acuerdos establecidos en anterior legislatura. 

Concesiones de 25 o 50 años a confesiones religiosas

El equipo de Manuela Carmena trató de mapear los espacios disponibles y establecer una legislación que permitiese una adjudicación ágil y más adaptada a las particularidades de los movimientos vecinales, que no siempre tienen la antigüedad o la entidad jurídica que la legislación contempla, explica Villalobos. Así, las asociaciones critican una persecución contra ellas porque “[el Ayuntamiento] no tiene pudor en hacer concesiones de 25 o 50 años a órdenes religiosas o fundaciones de su cuerda cuando, sin embargo, a cualquier asociación pequeña le impone estos criterios de cuatro años”, remarca Villalobos. “De esta forma destruyes a las asociaciones porque si continuamente tienen que renovar su espacio no pueden planificar actividades a largo plazo”, añade. 

Además, siguiendo una estrategia similar a la que se llevó a cabo con el desalojo de La Ingobernable –que finalmente no podrá ser reconvertido en un centro de salud–, para no poner a la opinión pública en contra el Consistorio apela a reconversiones de estos lugares en usos sociales como centros sanitarios, de formación para el empleo, o de servicios sociales. Este último es el caso de la antes citada Casa del Cura, pero también del colegio Rubén Darío en Hortaleza. La escuela llevaba años abandonada hasta que en junio el Pleno decidió entregársela a las asociaciones del barrio. Sin embargo, a principios de julio el concejal-presidente de Hortaleza, Alberto Serrano (Ciudadanos), anunciaba por Twitter que el área de Familias, Igualdad y Bienestar Social requería de “todo el complejo Rubén Darío para un gran proyecto de Servicios Sociales”.

La crítica de las organizaciones sociales tiene que ver con que tanto la Comunidad como la ciudad de Madrid cuentan con espacios vacíos que podrían ser habilitados para las asociaciones, sin que eso significara perder instalaciones para servicios públicos. Como declaración de intenciones, con el inicio de la legislatura el Ayuntamiento no permitió la entrega de los cuatro pabellones habilitados en la Casa de Campo como instalaciones para el movimiento asociativo. 

El silencio administrativo

Asimismo, el pasado 11 de junio la Junta de Fuencarral ordenaba el desalojo de la asociación de vecinos de Las Tablas del edificio de El Palomar, cedido en 2013. A falta de centros culturales en la zona, según ha denunciado su presidente, Lorenzo Álvarez, este espacio era un lugar de encuentro y actividades culturales en el barrio que, además, sirvió como banco de alimentos durante la pandemia. La autorización demanial expiraba y, además, el Ayuntamiento justificó que allí se realizaban actividades “ilegales” y “no permitidas”, ya que el contrato limitaba el tipo de eventos que se podían organizar. Finalmente, se logró parar el lanzamiento. 

Una última táctica es la del silencio administrativo. La Plataforma La CuBa de Lavapiés, uno de los primeros barrios en organizar una estructura de solidaridad para que los vecinos no pasaran hambre, sigue sin tener un espacio donde poder trabajar.  El local del Club de Fútbol Dragones de Lavapiés rápidamente quedó pequeño para las casi 800 familias que han llegado a atender durante el estado de alarma. Y el Teatro del Barrio, cuyos escenarios fueron cedidos por la cooperativa que lo gestiona para albergar el banco de alimentos, volvieron a sus actividades habituales. 

Sin lugar donde establecerse y con una gran presión mediática, narra Ana Useros, miembro de la Plataforma, solicitaron un local amplio y vacío en una calle cercana. El Consistorio les ofreció otro, mucho menor y sin capacidad suficiente para almacenar comida. Aunque la asociación aceptó –“entendemos que hay muchas cosas que se pueden hacer en un local de 30 metros para cuidar el barrio”, continúa Useros– La CuBa sigue esperando respuesta.