El Ayuntamiento de Madrid ha decidido relevar en plena crisis por la falta de luz a la máxima responsable de las decisiones sobre la Cañada Real, Laura Castaños, hasta ahora comisionada municipal, para ponerla al frente de una nueva Dirección General de Inclusión Social que asumirá las competencias en sinhogarismo y asentamientos. Su nombramiento forma parte de la remodelación del área de Familias, Igualdad y Bienestar Social que como adelantó elDiario.es, reduce la plantilla que trabaja en Igualdad para reforzar la respuesta a la emergencia social que vive la ciudad.
El concejal del área, Pepe Aniorte, ha detallado los cambios en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de este jueves, en la que ha defendido que el Ayuntamiento no va a dejar desatendida a la Cañada Real ahora. No hay, de momento, una persona que sustituya a Castaños por lo que asumirá hasta nuevo aviso las dos responsabilidades.
Fuentes municipales precisan que junto a la comisionada trabajan cuatro funcionarios que continúan en estas labores. La nueva dirección general, además de la cabeza visible, tampoco tendrá de momento personal extra. “Se está negociando con el área de Hacienda. Va a haber más gente”, precisan desde el área.
El Ayuntamiento busca, por tanto, sustituto para un puesto clave para resolver una crisis a la que ni el Ayuntamiento, ni la Comunidad de Madrid ni la Delegación del Gobierno responde con una solución. Los casi 3.000 vecinos y vecinas del sector seis del asentamiento llevan cuatro meses sin luz ante la inacción de las administraciones. El sector cinco, donde viven 1.600 personas, tiene suministro solo en días alternos.
La justicia tampoco respalda a las familias: este miércoles un juzgado de Madrid archivaba su denuncia contra Naturgy y la Comunidad de Madrid. El auto avala a la eléctrica para no devolver la luz y corta el paso al intento vecinal de recuperar el derecho a suministro través de la vía judicial. El abogado que representa a las familias ha anunciado un recurso ante la Audiencia Provincial.
Una de las condiciones de Vox para negociar los presupuestos de la Comunidad de Madrid con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso es la eliminación del Comisionado de la Cañada Real a nivel autonómico. El Ayuntamiento desmiente que este reclamo pueda llevarse por delante la figura en el plano municipal. “La apuesta del Ayuntamiento es absoluta. Desde nuestras competencias seguimos trabajando en la situación de emergencia”, ha defendido Aniorte, que asegura que se ha ofrecido realojo temporal a 30 familias. El Pacto del año 2017 por la Cañada Real impulsó la creación de dos comisionados, uno en cada administración, para encargarse exclusivamente del cumplimiento del acuerdo.
Ayuso rechaza reunirse con Almeida y Rivas
Por otro lado, la presidenta autonómica ha rechazado la propuesta conjunta del Ayuntamiento de Madrid y del Consistorio de Rivas de mantener una reunión a tres para analizar la situación del asentamiento al más alto nivel político. Ayuso ha respondido al alcalde ripense, Pedro del Cura, que “es más oportuno que se continúe tratando la cuestión con la Consejería de Vivienda”. La dirigente asegura que está “muy al tanto” del asunto pero rehúsa involucrarse directamente en la gestión.
Mientras Del Cura pide a la presidenta que rectifique, en el Ayuntamiento aseguran que no les ha llegado “la notificación”. “Lo que sé es que desde Alcaldía pedimos una reunión al más alto nivel. Estoy seguro de que la Comunidad de Madrid está implicada en buscar la mejor solución para la Cañada”, ha dicho Aniorte ante las preguntas de los periodistas.
Las familias afectadas por los cortes de luz se han desplazado sus protestas a la Asamblea de Madrid, donde este jueves se celebra el Pleno ordinario de cada semana, en el que se recoge además una comparecencia del consejero de Administraciones Locales, David Pérez, sobre el problema. Tras concentrarse frente al Palacio de Cibeles, en la Puerta del Sol y ante la sede de Naturgy, los vecinos y vecinas tratan de seguir dando visibilidad a un problema que está impactando gravemente en su salud física y mental, como alertan los médicos y enfermeros de la sanidad pública que los atienden diariamente en una unidad móvil que se desplaza por el asentamiento.
La remodelación del área social
La Junta de Gobierno de este jueves ha dado el aprobado a la reorganización que plantea el Ayuntamiento para reforzar la respuesta a la emergencia social. Los movimientos implican la división en dos de la antigua Dirección General de Atención Primaria, Intervención Comunitaria y Emergencia Social: una de Servicios Sociales y Emergencia Social y otra de Inclusión. Esta última cuenta con una directora general, Laura Castaños, y con una subdirectora y una secretaria procedentes de la Dirección General de Conciliación y Cooperación Institucional eliminada.
En políticas de Igualdad, las dos direcciones generales, Conciliación y Prevención de la Violencia de Género, se quedan en una comandada por Ana Fernández. El área de Familias asegura que 71 de las 76 personas que formaban el departamento de Conciliación desaparecido seguirán trabajando en asuntos de Igualdad. La excepción son la directora general, Rosa Gómez, que ha sido cesada; la subdirectora y la secretaria.
Por tanto, el refuerzo previsto, y que ha motivado los cambios según el Consistorio, se queda en dos personas. Fuentes municipales explican que negocian con el área de Hacienda y Personal la incorporación de más plantilla a Servicios Sociales. Aseguran que en ningún caso serán trabajadoras de Igualdad. Otras dos personas encargadas de Discapacidad y que formaban parte de la Dirección General de Conciliación cambian también de departamento pero mantienen sus competencias, según el Ayuntamiento.
Más Madrid advierte de la remodelación se basa en una “excusa” presupuestaria, pues hay “recursos suficientes” para mantener la plantilla de Igualdad y reforzar los Servicios Sociales, y avisa de que el recorte es mayor del anunciado. La portavoz, Rita Maestre, cree que PP y Ciudadanos están llevando a cabo una “ofensiva” contra los derechos de las mujeres porque no “están interesados en la igualdad” y a eso “se une las exigencias de su fiel socio de Vox”.
Decenas de vecinos de los sectores V y VI de la Cañada Real Galiana han gritado proclamas como “Luz, ya”, “queremos pagar la luz y el gas” o “Ayuso da la cara”, y han pedido que las administraciones competentes se impliquen para solucionar una situación que, recuerdan, es de “derechos humanos”.
Najoua de 35 años, vecina del sector VI, lamentaba el largo tiempo con las mismas excusas de siempre“. Como madre de dos niños, de seis y tres años, relata lo ”insoportable“ que ha llegado a ser esta situación para los pequeños. ”Tanto ellos como nosotros lo estamos pasando muy mal“. ”No morimos gracias a dios, los niños se levantan diciendo que les duelen la mano, le duelen los pies del frío y por mucho que les pongas ropa no entran en calor“, lamenta.
Otra vecina del sector V, Fátima, de 42 años, ha reclamado a los políticos que “hagan su trabajo”. “En la Cañada no hay marihuana, hay muchas personas trabajadoras que llevan muchos años viviendo ahí”.
Desde las puertas de la Cámara madrileña en Vallecas, los vecinos han reivindicado poder pagar sus facturas: “Nosotros estamos dispuestos a pagar y vivir como un barrio más en la Comunidad de Madrid”, ha explicado Cristina, presidenta de la Asociación de vecinos del sector cinco en el que reside, que ha reclamado una mesa de diálogo entre los afectados para que sean legalizados.