El Gobierno de la Comunidad de Madrid sigue recurriendo a los tribunales para impedir que los ciudadanos accedan a información declarada pública por el Consejo de Transparencia regional. Después de hacerlo a finales del año pasado para evitar el acceso al expediente académico universitario de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, la Cadena Ser reveló el lunes que ya lo había hecho antes para evitar dar a conocer las actas de las inspecciones a las residencias de mayores en los peores momentos de la epidemia de COVID. La estrategia se complementa con la reciente reforma del Consejo para reducir sus atribuciones.
Ayuso ha ido cubriendo de cemento los resquicios que la ley dejaba para los que los ciudadanos conociesen datos incómodos para el Gobierno regional. La última palada fue la modificación navideña del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, aprobada en una ley ómnibus sin apenas debate ni deliberación en la Asamblea regional. El organismo ha quedado desdibujado hasta en el nombre: del “buen gobierno” se pasó a la “protección de datos” como complemento de la “transparencia”.
El cambio legal quedó aprobado el 27 de diciembre y supuso cercenar la independencia de sus miembros. Hasta entonces, el nombramiento era por seis años sin posibilidad de renovación y requería una mayoría reforzada en la Asamblea regional. Ahora es de cuatro años prorrogables y depende del propio Gobierno madrileño. Además, el régimen sancionador se eliminó de un plumazo, con lo que incumplir los requerimientos no conllevará represalias.
Los tiempos administrativos de la Comunidad de Madrid no son, con todo, especialmente veloces. Como la propia modificación de la norma estipula que el Consejo debe seguir funcionando en los términos originales hasta que se elija a los nuevos miembros, la Comunidad de Madrid sigue expuesta a sorpresas desagradables. La última que ha trascendido es que presentó un recurso judicial para evitar publicar las actas policiales de lo sucedido en las residencias de mayores cuando la COVID-19 hacía estragos entre la población más vulnerable.
Razones ignotas para una ocultación
Fueron más de 7.000 mayores los fallecidos sin trasladarse al hospital. “Este Consejo no ha conseguido averiguar la razón por la que esta documentación obra en poder de la Comunidad y no en el Ayuntamiento”, argumentó el organismo, compuesto por una terna que incluye a dos catedráticos de Derecho de la Universidad Complutense. La Comunidad de Madrid se escuda en la protección de datos y en la dificultad de recopilar la información manteniendo el anonimato, y replicó a la última exigencia del Consejo —formulada en diciembre de 2022— con un recurso contencioso-administrativo. Desde entonces ha pasado más de un año. De encontrarse una resolución desfavorable, el Gobierno podría seguir dificultando el acceso tras asegurarse de que la norma que lo obligaba ya no castiga la desobediencia.
“Esto de intentar por todos los medios que trascienda [solo] lo que a la Administración le interesa suena más a dictadura que a un Estado de Derecho”, protesta Carmen López, una de las principales portavoces del colectivo Marea de Residencias, que agrupa a familiares de víctimas de la COVID en residencias de mayores. La asociación lleva desde 2020 tratando de que los juzgados investiguen a Ayuso y los a la sazón consejeros de Sanidad y Justicia, Enrique Ruiz Escudero y Enrique López, por su papel en la gestión de la crisis. Todavía no ha conseguido que se les tome declaración. “Se hace todo lo posible por no llegar al fondo de la cuestión. Es muy penoso”, critica.
Los sobresalientes de la presidenta, materia privada
Si Ayuso tuvo tropiezos curriculares en la carrera de Periodismo o si la completó de sobresaliente en sobresaliente podría ser de interés, resolvió el Consejo de Transparencia, a la hora de determinar si estaba justificado que la Universidad Complutense la nombrase alumna ilustre en 2022. Este reconocimiento había creado polémica entre alumnos, profesores y trabajadores de la institución académica, y suscitó una solicitud de información. Ayuso no estuvo por la labor y recurrió a los abogados. El expediente transita ahora por la sección octava del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que todavía tiene que pronunciarse al respecto.
De concurso público a nombramiento a dedo
El Partido Popular siempre ha visto con recelo el Consejo de Transparencia, creado en 2019 en un contexto político diferente al actual. Gobernaba entonces en minoría Ángel Garrido, tras la dimisión de Cristina Cifuentes. Las elecciones estaban a la vuelta de la esquina tanto en Madrid como en el conjunto del Estado y la irrupción de Podemos y Ciudadanos, con encuestas muy favorables, obligaban a los partidos a apostar por la responsabilidad pública y la rendición de cuentas. En este contexto, PSOE, Podemos y Ciudadanos se pusieron de acuerdo para impulsar una ley de transparencia ambiciosa.
El PP votó en contra. En el debate parlamentario, la diputada Eugenia Carballedo —después sería presidenta de la propia Asamblea de Madrid, hoy tiene escaño en el Congreso— argumentó que la norma obligaba a los Ayuntamientos a asumir cuantiosos costes por su puesta en marcha, podría “paralizar la Administración” y, entre otras aparentes carencias, optaba por elegir a los tres consejeros en la Asamblea en lugar de decantarse por un modelo basado en el “concurso público de funcionarios”, como proponía el PP. Entre su entrada en vigor en enero de 2020 y su reciente dilución han pasado tres años, la mitad del mandato previsto.