Ayuso trata de impedir en los tribunales hacer públicas las actas de las reuniones sobre residencias en pandemia

El Gobierno de la Comunidad de Madrid está litigando en los tribunales para tratar de impedir hacer públicas las actas de las reuniones en las que se tomó la decisión de no dar asistencia hospitalaria a los mayores de las residencias durante la pandemia de la COVID-19. En total, también tras esa orden del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, murieron en esos centros más de 7.000 mayores. Según ha informado la Cadena Ser, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha recurrido por la vía de lo contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para vetar la publicación de las actas.

La información publicada por la citada radio apunta a que todo se debe a la petición de un particular que en 2022 solicitó, a través del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, acceso a “las Actas de Inspección de Residencias de Mayores y otros centros residenciales”. La Viceconsejería de Interior rechazó en cambio la solicitud alegando que publicar esas actas podría chocar con la ley de protección de datos.

Pero el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid obligó a la administración a remitir “la información solicitada por el Reclamante, en el plazo máximo de 20 días”. Finalmente, el Ejecutivo de Ayuso ha recurrido por la vía de los contencioso-administrativo ante el TSJM.

El texto en el que el Consejo de Transparencia pedía hacer públicas las actas de las reuniones sobre residencias argüía que es información que contribuye a un mejor conocimiento de las instituciones al versar “sobre las actuaciones llevadas a cabo por la Policía local de Madrid en residencias de mayores” por lo que existe “un interés público prevalente sobre los derechos a la protección de datos”. “Este Consejo no ha conseguido averiguar la razón por la que esta documentación obra en poder de la Comunidad y no en el Ayuntamiento”, apuntó.

Con todo, en su escrito de diciembre de 2022, el Consejo de Transparencia instó la Viceconsejería a remitir “la información solicitada por el Reclamante, en el plazo máximo de 20 días” así como a remitir al Consejo una copia de dicha información.