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El Banco de España sanciona a Avalmadrid con 95.000 euros por dar millones en créditos de riesgo a un grupo de elegidos

Esperanza Aguirre, en los premios Avalmadrid en 2007. Agachado a su izquierda, el presidente de la patronal madrileña Arturo Fernandez, cuya empresa fue avalada por 2,6 millones en 2013

Raquel Ejerique

El Banco de España acaba de publicar las tres primeras sanciones firmes para Avalmadrid, la empresa de crédito en la que participa la Comunidad de Madrid con un 30% de las acciones y que está siendo investigada por la Asamblea, en parte, por la concesión de un polémico crédito al padre de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

La sociedad semipública ha sido multada con 95.000 euros por “incumplir la Entidad un requerimiento del Banco de España en materia de control interno (concentración y seguimiento del riesgo)”. Se refiere a los avisos que le dio el supervisor bancario después de que en el año 2012, los inspectores investigaran por primera vez a Avalmadrid y emitieran un demoledor informe sobre esta entidad.

Cuatro años más tarde hicieron otro análisis más profundo. Seleccionaron 167 operaciones aprobadas entre 2008 y 2016 (cuando estaban en el consejo Bankia, la Cámara de Comercio y la patronal madrileña CEIM, además de la Comunidad de Madrid) y se propuso multar a la sociedad: se habían avalado 82 millones de euros y quedaban 39 por cobrar. De ellos, solo siete se podían recuperar y el resto eran dudosos o morosos. 

Detectaron que Avalmadrid estaba siendo utilizada para financiar mucho a unos pocos. “El 1,7% de los acreditados/avalados cuentan con un riesgo individual superior a un millón de euros y acumulan el 30,6% de los riesgos en vigor a diciembre de 2011”, dice el informe del Banco de España. El 1% se quedaba casi un tercio de los recursos financieros de Avalmadrid. Le urgían a tomar medidas y a hacer un mejor seguimiento de los riesgos, ya que detectaron también que el sistema de alerta era laxo.

Aunque el máximo órgano de gobierno de la entidad aseguró que había tomado medidas y cambiado su manual de riesgos el 1 de enero de 2013, aún tardó meses en implementar los cambios y siguió dando avales fuera de la norma impuesta por el Banco de España. Avalmadrid no solo no había mejorado el control, sino que había seguido aprobando operaciones de más de un millón de euros con apenas siete empresas. El importe concedido en condiciones de riesgo pese a las advertencias sumaba 10,7 millones, de los cuales 6,4 no tenían posibilidad de reaval.

Por el mismo descontrol, la autoridad bancaria ha multado con 38.000 euros a la Cámara de Comercio de Madrid, accionista también de Avalmadrid, (más un 20% que ha sido descontado por pago adelantado), ya que permitió ese mismo desorden en el seguimiento de los riesgos. Juan Pablo Lázaro, exconsejero y expresidente de la patronal CEIM, tendrá que afrontar también una sanción de 10.400 euros por el mismo motivo.

Fuentes del Banco de España explican a eldiario.es que la publicación de estas multas se debe a que son ya sentencias firmes. Todavía queda por resolver la responsabilidad de otros actores que intervinieron en esta gestión investigada, entre ellos, la responsabilidad de la Comunidad de Madrid. El proceso sigue a la espera de la resolución de las alegaciones.

El caso de Arturo Fernández

Uno de los empresarios a los que se le concedió una cantidad excesiva de dinero contra la normativa fue Arturo Fernández, empresario de cabecera de Esperanza Aguirre. El también presidente de la patronal madrileña, hoy condenado por las tarjetas black, recibió cinco avales entre mayo y julio de 2013, que sumaban 2,5 millones de euros y sin reaval, justo lo que impedía la normativa del Banco de España que a esas alturas estaba supuestamente implementada. Quedaron sin pagar 1,3 millones, aunque es posible que un parte de esa deuda se recupere con la ejecución hipotecaria de un chalet que puso Fernández como garantía. Como él, el Banco de España encontró numerosas operaciones de alto riesgo concentradas en unas pocas manos. En algunos casos, a personas relacionadas con los poderes públicos o económicos o con el consejo de administración de la propia Avalmadrid. En total, facilitó 24 millones a personas cercanas al máximo órgano de gestión.

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