Los colectivos sociales han salido en auxilio de Nacho y Lola (24 y 23 años) y su familia. Estos jóvenes han vivido angustiados a lo largo de las últimas semanas debido a una sentencia de desahucio que les acechaba desde el pasado 17 de diciembre. Ante el desamparo de la administración y la vulnerabilidad de su hija Yaiza (siete años), que sufre una discapacidad del 77%, varias asociaciones se han movilizado para buscarles una alternativa habitacional. “A raíz de la pandemia hemos caído en picado”, cuenta Lola de San Antonio, madre también de un bebé de ocho meses y otra niña de tres años.
Para evitar que aumentase la exclusión, en caso de que el desahucio se acabara ejecutando, colectivos sociales de la capital se han unido para buscar una solución habitacional a esta familia. La Asociación para la inclusión de niños y jóvenes con diversidad funcional (APAIPA) y la Asociación Vecinal de Aluche iniciaron a finales de diciembre una recogida de fondos para que los padres de Yaiza cuenten con un colchón económico, que les ayude a encontrar una nueva vivienda y asumir la renta equivalente a un año. Organizaciones como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) han apoyado esta propuesta.
Este martes la iniciativa se hacía realidad, después de haber recaudado alrededor de 10.000 euros, según informan desde APAIPA. Ese mismo día Nacho y Lola iniciaban la mudanza. Respaldados económicamente y avalados por la asociación para la inclusión de niños con diversidad funcional han conseguido firmar un contrato que les permite asentarse durante un año y “volver a nacer”, indica Nacho Curto. “Estás en un sitio donde sabes que no te van a echar. Te puedes centrar en tu trabajo y las niñas, como en nuestra vida normal de antes”, concluye.
Dos sentencias en contra
El 17 de diciembre la justicia les condenó por un delito leve de usurpación cometido al ocupar el piso en el que ha residido la familia desde el mes de junio de 2019 hasta este martes. El juzgado de instrucción número 8 de Madrid les ha impuesto a cada uno una multa de 180 euros. El 25 de enero llegó otra sentencia del juzgado de primera instancia número 11 de Madrid que también les instaba a abandonar la vivienda.
Los procedimientos fueron iniciados por la propietaria del piso. La pareja alega que en un principio “desconocían” que estaban cometiendo un delito. “No hemos tirado la puerta abajo para entrar. Pagamos 300 euros a una persona con la que coincidimos en la cola de alimentos y nos ofreció un alquiler. Nos dio las llaves y pensamos que era su casa”, cuenta de San Antonio, que añade que días después, charlando con sus vecinos, se dieron cuenta de que habían ocupado el inmueble. Una de las denuncias presentadas por la propietaria, que figura en una de las sentencias, contradice esta versión y asegura que “pudo comprobar” que para entrar en su casa “los ocupantes fracturaron la cerradura de la puerta de acceso a la vivienda”. El letrado de la demandante asegura que ya ha “tenido noticias” de que la familia Curto De San Antonio “tiene la voluntad de marcharse” del inmueble.
A la familia le ha quitado el sueño durante semanas una de las frases redactadas por el magistrado en una de las sentencias, donde se destaca que si la resolución es firme se procederá “al desalojo inmediato de los denunciados de la vivienda, poniendo en conocimiento de los Servicios Sociales” esta actuación “para asistencia de los menores”.
Objetivo: mantener el núcleo familiar unido
Para evitar que la unidad familiar terminase en la calle, la presidenta de Apaipa se ha convertido en la sombra de esta pareja durante las últimas semanas: les ha acompañado a asambleas de vivienda, ha redactado informes sociales, ha lanzado una campaña de recogida de donativos y ha buscado a un casero que se compromete a alquilar un piso a una familia sin contratos de trabajo.
“Nos parecía que era una urgencia habitacional. En el fallo, el juez plantea que los servicios sociales se harán cargo de los menores”, apunta Charo Benítez, que asegura que se volcaron con esta familia porque apuestan por “prevenir” situaciones de exclusión social, y así conseguir “que permanezcan unidos y tengan una solución”.
Antes de iniciar la ocupación, cuando Curto y De San Antonio no pudieron hacer frente a un alquiler, la propuesta de la trabajadora social municipal — siempre según el relato de Benítez — fue separar a la familia. “Les ofrecieron un albergue para él y una casa de acogida para ella y las niñas”, añade la presidenta de Apaipa y refrenda De San Antonio.
Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Madrid aseguran que los servicios sociales realizan un “seguimiento” de la unidad familiar y han propuesto “una derivación a una de las viviendas alternativas del Servicio de Asesoramiento a la Emergencia Residencial (SAER)”, que se realizaría “en el momento que se disponga de la fecha de lanzamiento, estando ahora mismo aplazado sin fecha por la situación de la unidad familiar”. Benítez y De San Antonio aseguran que no tenían constancia de esta información. Fuentes municipales aseguran que la recomendación se hizo desde el SAER a servicios sociales el 5 de enero, pero no aportan la fecha en la que fue comunicada esta decisión a la familia. Benítez va más allá, asegura que si la administración hubiese planteado una alternativa a la familia ellos no hubiesen tenido que lanzar esta campaña. “Nuestro objetivo es que consigan una vivienda social”, indica.
Moratoria antidesahucios
A pesar de que el 20 de enero el Gobierno amplió la suspensión de desahucios, De San Antonio y Benítez explican que hace unos días “la abogada llamó” a la madre de la familia “después de un juicio civil” para decirle que tenían “20 días para desalojar la vivienda, aunque se podía recurrir”. elDiario.es ha tratado de verificar este extremo por varias vías sin haberlo conseguido. Los letrados de oficio que han llevado el caso aseguran a esta redacción que no tienen constancia de que existiese una fecha definitiva de desahucio.
La afectada y la presidenta de Apaipa destacan que el dictamen de la primera sentencia motivó que comenzaran a lanzar la campaña. A esta iniciativa también se ha sumado la Asociación Vecinal de Aluche (AVA) alegando que “es un caso de justicia social”. “Si la sociedad es incapaz de ayudar a una familia para que se mantenga unida por una vivienda, creo que fallamos, más aún con la discapacidad que tiene Yaiza”, añade Elena Bermejo, una de las portavoces de AVA.
Por su parte, el magistrado del juzgado de instrucción número 8 de Madrid que ha dictaminado su desahucio también se ha posicionado sobre el “estado de necesidad alegado” por la familia. En la sentencia reseña que “no procede estimar dicha circunstancia al no cumplirse los requisitos exigidos para ello”. “La jurisprudencia viene exigiendo no solo acreditar cumplidamente la situación de necesidad, sino justificar que se ha acudido a las instituciones de protección social y que no existe otro modo menos lesivo para hacer frente a una situación de necesidad angustiosa, extremos estos que no se cumplen”, apunta.
La familia se defiende sosteniendo que su defensa “se equivocó y no dio al juez los informes sociales”. Para tratar de demostrarlo aporta un contrato de suministro de electricidad con Iberdrola a su nombre y en su domicilio, también enseña fotocopias de solicitudes de la renta mínima de inserción y de un inmueble en la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS). Asimismo, muestra la denegación del Ingreso Mínimo Vital, fechada en noviembre, por superar “en su conjunto, los ingresos y rentas computables” con unos ingresos de 12.410 euros. “Hemos tratado de hacer las cosas bien”, expone De San Antonio.
Nueva oportunidad laboral
Antes de la irrupción de la pandemia, Curto se quedó en paro. “Cobrábamos la prestación, pero no podíamos pagar la renta”. Con la llegada del virus, su situación se complicó: “Hasta ese momento había tenido trabajo. No era con contrato, pero al ser camarero, no me faltaba”, añade. Las restricciones en la hostelería han hecho más complicado que este joven se pueda reenganchar al mercado laboral, aunque gracias a la difusión de la campaña ha conseguido una nueva oportunidad laboral. “Está trabajando como camarero. Le han dado de alta en la Seguridad Social y falta que le hagan el contrato”, cuenta Benítez.
Como a sus padres, a Yaiza también le ha afectado la pandemia. La pérdida de la docencia presencial en una casa en la que no hay ordenadores, hizo que el seguimiento de las clases fuese complicado. “Hacíamos las videoconferencias con el móvil, pero en cuanto me llamaban se estropeaba”, incide su madre. A la familia “se le acumuló mucho trabajo” del colegio, finalmente junto a sus profesores tomaron la decisión de que repitiese este curso. Con la llegada a una vivienda en la que no tienen amenaza de desahucio esperan asentarse. De San Antonio celebra que su nueva casa de 50 metros “no es fría, no tiene humedades y es accesible totalmente” para su hija mayor. Tras meses de quebraderos de cabeza, los padres celebran con “satisfacción” esta nueva mudanza. “Dejamos de vivir con miedo”, sentencia De San Antonio.