La Comunidad de Madrid parchea con una privatización sus problemas para reclutar rastreadores tras semanas de polémicas

La Comunidad de Madrid ha optado por privatizar parte del equipo que realiza el seguimiento de casos de COVID-19 tras las polémicas creadas al buscar rastreadores voluntarios entre el personal del Ayuntamiento de Madrid y licenciados de la Universidad Complutense. A pesar de las advertencias de los especialistas en Salud Pública durante meses sobre la importancia de contar tras el confinamiento con un equipo amplio y consolidado de rastreadores, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso continúa improvisando su estrategia mientras el número de contagios se dispara en la Comunidad de Madrid. 

La especialista en Salud Pública Helena Legido-Quigley, que imparte clases en las Universidad Nacional de Singapur y en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, destacó la semana pasada en declaraciones a esta redacción que “ni se recomienda que se externalicen servicios para contratar a los rastreadores ni reclutar a voluntarios”. La Comunidad de Madrid no ha cumplido ninguna de estas dos sugerencias.

Legido-Quigley, que es una de las científicas impulsoras de la petición para que se realice una evaluación independiente de la respuesta dada a la COVID-19 por parte del Gobierno central y las 17 comunidades autónomas, recordaba que expertos en Salud Pública llevan “tres meses insistiendo” en que los equipos sanitarios destinados exclusivamente a contener la pandemia “se tienen que desarrollar de la mejor forma posible”. Esta especialista en Salud Pública detallaba que para conseguirlo las administraciones deben “fortalecer Atención Primaria y Salud Pública”, impulsando que ambos departamentos trabajen coordinados. Asimismo, destaca que las plantillas que se encarguen de realizar el seguimiento de los contactos deben estar formadas por “equipos multidisciplinares”, con capacidad de realizar “test en 24 horas” y conseguir alcanzar “un 80% de los contactos, como mínimo”. 

Se han multiplicado por 18 los casos semanales en menos de un mes

Durante la desescalada, colectivos sanitarios ya alertaron de que los refuerzos no estaban llegando a Atención Primaria ni a Salud Pública. Para el Gobierno regional este problema se ha ido acrecentando conforme el número de contagios se iba disparando semana a semana, pasando de 285 casos positivos durante la semana del 15 de julio a 5.325 alcanzados en los últimos siete días, según los informes publicados por el Ministerio de Sanidad. Durante este periodo, el número de nuevos infectados registrados en la Comunidad se ha multiplicado por 18, un elevado repunte si además se tiene en cuenta que parte de la población se encuentra todavía de vacaciones en otra provincia. 

Así evoluciona la epidemia en la Comunidad de Madrid

Evolución de los casos, las muertes, los hospitalizados y los ingresados en UCI acumulados durante los últimos 7 días

Fuente: Ministerio de Sanidad

El incremento de la curva semanal de contagios ha provocado que se ponga cada día más el foco en el seguimiento que realiza la Comunidad de Madrid a estos casos y a sus contactos. Tras semanas de polémica en la búsqueda de rastreadores, sin cumplir el número de incorporaciones anunciadas y recurriendo a profesionales voluntarios, finalmente el Gobierno de Díaz Ayuso ha optado por parchear el problema recurriendo a la privatización de un equipo de 22 profesionales sanitarios, formado por 20 auxiliares de enfermería y dos médicos. Este viernes 7 de agosto por la tarde, la directora general de salud pública, Elena Andradas, adjudicaba a dedo mediante un procedimiento de emergencia un contrato de 194.223 euros a la empresa Quirón prevención SL para realizar durante tres meses el seguimiento de las personas que han estado en contacto con un caso positivo de COVID-19. 

En la resolución de licitación, publicada en el portal de contratación de la Comunidad, la Consejería de Sanidad reconocía que no contaban con recursos públicos para contener la expansión del virus. En el documento, Andradas asegura que “la situación epidemiológica reflejada por los sistemas de información específicos muestra un el incremento en el número de casos que obliga a proveer un mayor número de efectivos destinados a las labores de averiguación y seguimiento de contactos” al tiempo que añade después que “el tiempo de formación necesario, la eventual rapidez con la que puedan producirse cambios en la situación epidemiológica y el carácter anticipatorio que se busca, acortan los tiempos y hacen inviable recabar los medios materiales y humanos precisos dentro de los recursos propios de la Administración”. Por esta razón, continúa exponiendo, “se hace imprescindible cubrir estas necesidades mediante la contratación de un proveedor externo con experiencia de estas tareas”.

Críticas en la oposición

La oposición al Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos ha criticado la privatización de este servicio. El portavoz de Más Madrid en la Asamblea autonómica, Pablo Perpinyà, ha publicado en su cuenta de Twitter que los populares optan por “hundir y degradar de forma irresponsable lo público para que luego sus amigos hagan negocio”. Para el portavoz socialista Ángel Gabilondo esta adjudicación “muestra incapacidad e improvisación en el control” de la COVID-19 por parte del Gobierno autonómico. 

La secretaria general de CCOO Sanidad, Rosa Cuadrado, también se ha mostrado en contra de la licitación de este servicio, llegando a calificar de “vergüenza” y “desfachatez” la decisión del Gobierno autonómico. Cuadrado ha lamentado que, tras intentar reclutar a voluntarios entre licenciados universitarios, adjudiquen “un contrato a una empresa externa con dotación presupuestaria para que las empresas privadas sí puedan cobrar”. 

Por su parte, desde la Asociación Madrileña de Salud Pública, su portavoz Fernando García, considera que “es una buena señal” que la Comunidad opte por contratar a profesionales para realizar el seguimiento del virus, aunque considera que esta actuación es “muy insuficiente”. “Debería haber un ejército de personas bien formadas y remuneradas para las labores de rastreadores, provenientes de profesiones sanitarias o de otro tipo”, destaca, aunque en este caso explica que la adjudicación a una compañía privada “no facilita la coordinación que debe haber entre las actividades de salud pública y atención primaria, uno de los problemas que hay en Madrid”. “El carácter público del sistema nacional de salud haría más sencilla esa coordinación”, reseña García.

Un mes de decisiones polémicas

La gestión del seguimiento de los casos de COVID-19 ha protagonizado varias polémicas en las últimas semanas. Aunque en mayo el Gobierno autonómico se había comprometido a contratar a 400 técnicos en Salud Pública para realizar esta función, a finales de julio se supo que la plantilla era más reducida y que Madrid solo contaban con 182 rastreadores. Ante el repunte de la pandemia, la Consejería de Sanidad aseguró que empezarían el mes de agosto duplicando la plantilla. Aun con ese anuncio el seguimiento epidemiológico de la región se alejaba del que tenían otras comunidades al cerrar el pasado mes. Si en Madrid la tasa se situaba en un rastreador por cada 18.500 madrileños, en Catalunya el indicador se reducía a uno por cada 10.000 catalanes y en Castilla-La Mancha (427) a uno por cada cada 4.700 habitantes.

Para ampliar el número de profesionales destinados a contener la pandemia, el Ejecutivo de Díaz Ayuso recurrió a voluntarios, trató de reclutarlos entre el personal del Ayuntamiento de Madrid y licenciados de la Universidad Complutense. En el campus universitario no fue bien acogida esta propuesta y varias facultades criticaron las condiciones laborales ofertadas a sus estudiantes. Mientras se producían estas ofertas, Andradas reconocía en una respuesta emitida a través del portal de transparencia que no les estaba resultando fácil cubrir las plazas ofertadas, la directora autonómica de Salud Pública destacaba que habían procedido a ofertar estos a otras ramas profesionales como biología o educación social “ante la dificultad de cubrir puestos ofertados”.

 Actualmente, desde la Consejería de Sanidad no aportan la cifra concreta de profesionales destinados al rastreo, continúan asegurando que tienen “más de 400”, una estimación alejada de la recomendación planteada por la Asociación Madrileña de Salud Pública, que insiste en recordar que en “una población como la de Madrid harían falta entre 800 y 1200 personas para esta tarea”.