“Entendemos que se está empezando la casa por el tejado y así es difícil vivir con cierta comodidad”. Julia, vecina de Valdebebas, uno de los grandes desarrollos urbanísticos madrileños iniciados antes de la crisis y situado en el distrito de Hortaleza, continúa: “Somos ya casi 10.000 vecinos, pero no hay colegios, solo tenemos dos líneas de autobús y faltan escuelas infantiles”. La mujer es también una de las portavoces de la Asociación por el Uso Responsable del Suelo (AURES), una entidad creada hace apena un mes con un único objetivo: oponerse a la construcción en su barrio de uno de los tres proyectos de vivienda pública presentados por el Ayuntamiento de Madrid que combina uso residencial y dotacional.
Los anteproyectos de los denominados ARTEfactos -planeados para los distritos de Carabanchel, San Blas y Hortaleza- forman parte del Fondo de Reequilibrio Territorial del Ayuntamiento y cuyos pilares fundamentales, como subrayan desde el Gobierno municipal que preside Manuela Carmena, son “la corresponsabilidad y solidaridad territorial, la mejora social y urbanística y el fomento de la participación ciudadana en las decisiones de sus propios barrios”. Pero incluso antes de que los tres proyectos se presentaran el pasado febrero se han encontrado con la oposición de los vecinos de Valdebebas. La razón: los habitantes del desarrollo urbanístico creen que el Ayuntamiento debería vender la parcela e invertir el dinero en dotaciones para el barrio.
“Esta es una parcela destinada a vivienda libre y por tanto el Ayuntamiento debería venderla”, subraya Julia, señalando el descampado donde el Consistorio ha planeado la edificación de 31 viviendas públicas destinadas a alquiler, y quien al igual que el resto de vecinos prefiere no facilitar su apellido. José Manuel, que vive en el barrio desde hace tres años, asiente junto a ella, y poco a poco más vecinos de la zona se van acercando para conversar con eldiario.es y explicar por qué se oponen al proyecto.
“Cada parcela tiene su uso y lo que queremos es que se cumpla esa planificación y que se rentabilice el patrimonio de los madrileños”, prosigue la portavoz. “Yo compré una vivienda de protección pública”, cuenta Lorena, quien quiere dejar claro que ella “no es ninguna rica”. “Yo estoy en paro como mi marido [de pie junto a ella] que es huérfano de padre desde pequeño”, continúa. “Solo hay dos líneas de autobús en todo el barrio, ninguna marquesina, estoy pagando 900 euros de IBI y no entiendo que la prioridad en el barrio sea la vivienda social”, afirma. “Yo pago 1.800 de IBI”, remacha otro vecino.
Los presupuestos municipales de este año incluyen una partida para elaborar el proyecto de una instalación deportiva básica y una escuela infantil en el barrio pero la construcción de vivienda pública sigue siendo una prioridad del Ayuntamiento que dirige Manuela Carmena. “La evolución del parque residencial de vivienda pública en la ciudad ha pasado de 10.600 viviendas en 2010 a 8.719 en 2012 y 6.000 en mayo de 2015, lo que da una idea del deterioro del parque público”, afirmaba el pasado martes el delegado del área de Coordinación Territorial y Cooperación Público Social, Nacho Murgui, durante la presentación de las actuaciones en materia de vivienda del Fondo de Reequilibrio Territorial. Hacía así referencia a la venta a fondos de inversión de las casas destinadas a alquiler público llevadas a cabo por el anterior equipo municipal y como por ello se ha reducido la oferta de vivienda municipal. “Es importante garantizar el acceso a una vivienda digna, como un eje más del reequilibrio territorial”, subrayaba Murgui. Según datos del Ayuntamiento, más de 14.000 personas han solicitado una casa pública de alquiler.
Los vecinos de Valdebebas dicen que no rechazan que se construya “vivienda social” en el barrio pero “en la parcela destinada a ello”. Sin embargo, el único espacio de uso residencial en propiedad del Ayuntamiento es precisamente el objeto de la discordia, el solar 106 y con unas vistas espectaculares al Parque Forestal de Valdebebas. “La anterior corporación municipal [dirigida por la popular Ana Botella] vendió el resto de parcelas y esta es la única que hay disponible en todo el distrito”, explican fuentes de la Junta Municipal de Hortaleza. La venta más reciente, realizada en 2015, se materializó con la nueva corporación después de que la operación ya estaba iniciada de la anterior legislatura. “Paralizarlo habría supuesto desembolsar una indemnización millonaria”, señalan las mismas fuentes.
La necesidad de acceso a vivienda pública
El proyecto, que también cuenta con la oposición de Ciudadanos y del PP –Esperanza Aguirre se ha involucrado personalmente en las protestas y ha participado en movilizaciones contra el denominado ARTEfacto– sí tiene el apoyo del PSOE. Como señaló el concejal de Hortaleza, Ramón Silva, durante el Pleno de la Junta Municipal celebrado el pasado 22 de febrero, y que se alargó hasta casi las tres de madrugada, “el acceso a la vivienda pública es una necesidad que hay que cubrir y la solidaridad debe estar en todos los sitios; y en los distritos donde hay parcelas para esas viviendas deben hacerse y no sólo en los del sur o el este”.
Los tres ARTEfactos contemplan la construcción de 87 viviendas de alquiler, sin derecho a propiedad, con diferentes tamaños y destinatarios. Así por ejemplo, el de Carabanchel, está pensado como un edificio de viviendas para mujeres en situaciones desfavorecidas, el de San Blas proyecta casas de uno, dos y tres dormitorios y algunas adaptadas a personas con algún tipo de discapacidad y en el de Hortaleza las viviendas serán más pequeñas y por tanto pensadas para familias monoparentales o jóvenes. Sus inquilinos serán los que cumplan los requisitos de los diferentes programas que tiene en marcha la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) y cuyos criterios generales exigen vivir o trabajar en Madrid, no tener una vivienda en propiedad ni superar 3,5 veces el IPREM, el indicador público de referencia para las ayudas públicas y que este año se sitúa en 532 euros.
Los edificios están ideados como inmuebles sostenibles y en todos se contempla que los bajos se destinen a instalaciones municipales, pensadas para que puedan usar todos los vecinos del barrio. En concreto, en el de Valdebebas el Ayuntamiento ha propuesto un centro cultural con un auditorio interior y exterior al que se le pueden dar varios usos, y que se irá definiendo y concretando con las diferentes propuestas enviadas por los vecinos.
Información insuficiente
La Asociación de Vecinos de Valdebebas, que desde enero se ha reunido en cuatro ocasiones con el Ayuntamiento sobre el proyecto, critica que en la primera vieran ya el anteproyecto elaborado. “Han trabajado en ello un año y la única noticia que tuvimos fue una reunión con la empresa que ha elaborado el proyecto para preguntarnos por las necesidades dotacionales del barrio”, explica el vicepresidente, Martín Caballero en conversación telefónica.
Los habitantes de Valdebebas no ven claro tampoco que en la zona de viviendas del edificio estén proyectados espacios comunes, como ya existen en otros muchos edificios en Europa o EEUU y que está pensados para ahorrar espacio y energía en las casas. En los tres proyectos se contemplan zonas comunes de lavandería, comedor o cocina, ya sea para reuniones de vecinos, celebraciones y actos conjuntos, lo que no quita que en las viviendas también haya espacio, más pequeño, destinado a cocina. “Quieren construir un comuna”, exclama un vecino. La expresión la había acuñado meses antes Aguirre y su grupo municipal en el Ayuntamiento para descalificar al proyecto. Esther, otra de las habitantes que se opone al plan municipal, se pregunta: “¿Vamos a poder acceder a estos espacios los vecinos?”.
Para Julia, todo el proyecto “es un experimento con gente porque van va traer a personas sin medios a un sitio donde no tienen nada”. Cuando la conversación va llegando a su fin un vecino comenta: “En Carabanchel sí que lo veo bien”. Al preguntarle por qué señala que “ahí hay gente que lo necesita más”. La portavoz de AURES le interrumpe y puntualiza: “Porque ahí es ciudad consolidada”.