El edificio que albergó La Ingobernable busca inversor después de tres operaciones fallidas y un desalojo

El edificio del Paseo del Prado 30, donde hasta hace pocos meses estaba alojado el centro social autogestionado La Ingobernable, ha tenido muchos proyectos de vida. Ninguno ha salido bien. Tras tres operaciones fallidas y un desalojo, uno de los inmuebles más codiciados de Madrid busca de nuevo inversor. El último fiasco se conoció la semana pasada: el alcalde de Madrid anunció que el proyecto de crear un museo judío a través de una fundación vinculada con el exregidor y exministro Alberto Ruiz-Gallardón se abortaba. El futuro del inmueble, convertido en el símbolo de la cruzada de José Luis Martínez-Almeida contra la okupación, se queda de nuevo en un limbo. Inutilizado y vacío.

Su ubicación jugosa y la propiedad municipal explican que haya sido el centro de operaciones atravesadas por intereses políticos varias veces en su historia. Tras el intento fracasado y polémico de cederlo por 50 años a la fundación vinculada a Gallardón después de un cuestionado desalojo, el Ayuntamiento de Madrid estudia qué hacer con él. De momento, ha decidido guardar en un cajón el procedimiento administrativo para protegerlo y evitar que los próximos inversores lo tiren abajo iniciado en 2017 por la corporación de Manuela Carmena, según confirmó el concejal del área de Desarrollo Urbano esta semana en la comisión del ramo. “La época oscura de desconfianza ante lo que huele a privado ha terminado. Cuando haya un proyecto específico se verá la idoneidad. Ahora no toca”, dijo Mariano Fuentes. El edil garantizó, en todo caso, que el inmueble no se iba a demoler “a día de hoy” y criticó a la oposición por tardar en completar la protección cuando gobernaban. El procedimiento solo necesita pasar por el último trámite: que se apruebe en Pleno.

Más Madrid, que formuló la pregunta a Fuentes, teme que el nuevo inversor tenga vía libre para hacer lo que quiera con el edificio. “Nos saltaron todas las alarmas al escuchar que este Ayuntamiento protege el patrimonio en función de unos inversores”, señala la concejala Pilar Perea, que asegura que hoy se “mantiene la amenaza e incertidumbre que ya vivimos cuando se cedió gratis y a dedo por 75 años a la Fundación Ambasz” por parte de la exalcaldesa Ana Botella en 2013. “Parece claro que garantizando que el edificio no puede ser demolido a través del Plan Especial conseguiremos librarnos de nuevos intentos de ofrecerlo a nuevos ”inversores“ o a saber quién”, añade la edil.

Aquella cesión, la de 2013, también fue un fiasco. La fundación Ambasz no puso en marcha el museo de arquitectura con el que se comprometió a través de un contrato de cesión con el Ayuntamiento de Madrid. A finales de 2013, cuatro años después de sellar el pacto, intentó derribar el edificio completo y volver a construirlo, con el visto bueno de la Comunidad, pero en medio de estas gestiones el inmueble fue okupado por La Ingobernable. La corporación de Carmena, unos meses después, extinguió el contrato. Poner punto y final a la cesión fallida costó al erario público 1,4 millones de euros, pagados a Ambasz como indemnización por romper el acuerdo antes de tiempo. Medio año antes, el equipo de Ahora Madrid abrió un expediente para desalojar el centro social pero nunca lo ejecutó. Lo hizo el Gobierno de Martínez-Almeida al llegar al Palacio de Cibeles, cumpliendo una de sus principales promesas electorales. Hace unas semanas el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha resuelto que ese desalojo fue ilegal porque el procedimiento para vaciarlo se inició cuando aún estaba cedido a la fundación Ambasz.

Esta operación dejó un importante daño colateral que puede determinar el futuro del edificio: el Ayuntamiento de Ana Botella, precisamente para facilitar la operación, rebajó la protección del inmueble del Nivel 2 grado Estructural –según el Catálogo de Elementos Protegidos del Plan General de 1997– al Nivel 3 grado Ambiental. Solo así la fundación podía derruir el edificio y levantar otro nuevo. Una nueva valoración del inmueble realizada en 2015 al revisarse el Plan General lo describió como un “interesantísimo ejemplo de arquitectura institucional del periodo republicano” cuya “conservación ayuda a conocer el desarrollo de las instituciones madrileñas y su evolución en el siglo XX”. El inmueble también forma parte de la candidatura del eje Prado-Retiro, donde se inserta el espacio, a ser patrimonio mundial de la Unesco. Sobre la mesa del actual Consistorio está el proceso iniciado en el anterior mandato para devolver la protección al Nivel 3.

¿Fundación Sandretto? ¿Una sede del Hermitage?

Entre los candidatos en liza a ganar la cesión del Ayuntamiento está la Fundación Sandretto, una entidad italiana que en septiembre de 2017 llegó a otro acuerdo fallido con el Ayuntamiento de Manuela Carmena para la cesión durante 50 años de la Nave 9 de Matadero. Esta organización ni siquiera inició las reformas y el pacto se revirtió en noviembre de 2019, con PP y Ciudadanos ya en la alcaldía. ¿Ahora podrían intentarlo de nuevo con otro inmueble? Otra opción, mucho más improbable, sería un acuerdo con el Museo Hermitage de San Petesburgo. El Ayuntamiento de Madrid se postuló a finales de enero para acoger en la capital una sede del museo ante las reticencias del Gobierno municipal de Barcelona, liderado por Ada Colau, a ejecutar allí el proyecto. Nada se ha vuelto a saber de aquel ofrecimiento, que todo apunta que –más allá del primer misil político– quedará en agua de borrajas. El Consistorio tiene grandes aspiraciones para el inmueble: “Queremos un proyecto de dimensión internacional, de relevancia cultural extraordinaria”, dijo el alcalde, que avanzó que ya se han presentado algunas ideas sin concretar cuáles. En la comisión de Cultura, el Gobierno se reafirmó en el que uso será cultural, en respuesta a una pregunta del PSOE.

Lo que seguro no será es un centro de salud, que es lo que han pedido en varias concentraciones los vecinos del barrio. Reclaman a Martínez-Almeida que cumpla la palabra que les dio en campaña electoral: que el desalojo estaba justificado porque se necesitaba un centro sanitario en el barrio. La zona cuenta con uno antiguo y con deficiencias. En los últimos meses, PSOE y también Más Madrid han empujado para que el Ayuntamiento le dé ese uso y no otro. Para ello habría que modificar el Plan General de Ordenación Urbana, dado que actualmente el edificio solo es apto para usos culturales o de oficinas de la administración pública (antes era una sede de la UNED).

La convulsa historia de este edificio tuvo un capítulo más en el pasado que se descubrió con la publicación de los Correos de Blesa. Era el año 2008 y el Ayuntamiento, entonces dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón, planeaba construir en este emplazamiento otro museo –el tercero de la biografía– de la Fundación Caja Madrid. Al frente de la entidad bancaria estaba Miguel Blesa. Los emails publicados, entre otros medios por elDiario.es, revelaron que el expresidente del Gobierno, José María Aznar, quiso convencer a Blesa para que comprase obras de arte por valor de 54 millones de euros a través de la entidad al artista Gerardo Rueda.

El sobrino del pintor se los había ofrecido a Aznar, pero la compra fue rechazada. Rafael Spottorno –entonces presidente de la Fundación Caja Madrid, posteriormente jefe de la Casa del Rey y hoy condenado a dos años de prisión por las tarjetas Black junto a Rodrigo Rato y Miguel Blesa– vio en la operación un “precio disparatado”. El proyecto nunca vio la luz porque, pese a que el precio de compra se redujo a seis millones y fue finalmente aceptado, el coste de levantar un edificio de cero era demasiado alto para la Fundación Caja Madrid, “prohibitivo”, según Spottorno.

Con el fracaso de la última cesión, que se ha abortado antes de firmarse, se abre una nueva etapa de incertidumbre para el edificio que pudo ser tres museos y no fue ninguno, y que aún vive bajo la amenaza de demolición. Lo cierto es que solo las actividades y talleres de La Ingobernable, cortadas de raíz en noviembre con el desalojo, abrieron sus puertas al barrio.