Las entidades religiosas se han ahorrado 45 millones por no pagar el IBI en Madrid desde 2007
Las entidades religiosas se han ahorrado más de 45 millones de euros por no pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en la ciudad de Madrid entre 2007 y 2015. Según la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los bienes inmuebles de las Iglesia Católica y de las asociaciones confesionales no católicas están exentas de pagar el IBI. Solo en 2015, esta exención le costó al Ayuntamiento de Madrid más de 6 millones de euros por las 1.708 propiedades de las entidades religiosas, en su mayoría de la Iglesia Católica, confirman fuentes del consistorio.
Estos datos se revelan tras una solicitud de información de eldiario.es al Ayuntamiento de Madrid. Según esa información, el patrimonio de la Iglesia Católica y las otras entidades religiosas en la capital ascendería a los 1.290 millones de euros, promediando un valor de 756.000 euros por inmueble. “Tenemos edificios grandes con un valor catastral muy alto pero tampoco son edificios que puedas tener en el mercado”, explican desde la Archidiócesis de Madrid.
Este medio solicitó los datos desglosados por entidad religiosa pero el Ayuntamiento respondió que “no es posible” difundir la información tributaria de forma individual aunque sí es posible facilitar el “coste del beneficio fiscal” de la exención de impuestos a un “grupo singularizado de contribuyentes”.
Beneficio fiscal y valor catastral de los inmuebles de la Iglesia que no pagan IBI
Fuentes del Ayuntamiento explican que están incluidos en la bonificación fiscal “los inmuebles que estén en propiedad de la Iglesia, aunque estén arrendados a terceros”. Sin embargo, matizan, se excluyen los que no tienen valoración catastral, como la Catedral de la Almudena.
Entre 2007 y 2015, el beneficio fiscal de la Iglesia por no pagar el IBI se duplicó, pasando de 3,7 a 6 millones de euros. La subida se debe principalmente al aumento de las cuotas a pagar en el impuesto y también al incremento de las bases catastrales, confirman fuentes del Ayuntamiento.
Evolución del beneficio fiscal a la Iglesia por no pagar el IBI
En el caso de la Iglesia Católica, la exención fue reconocida en el Concordato firmado por el Gobierno de Franco con la Santa Sede en 1953 y actualizado con los mismos privilegios fiscales en 1979. El tratado garantiza que no pagarán IBI los templos y capillas destinados al culto, sus dependencias, residencias de obispos y sacerdotes, locales destinados a las oficinas de la Iglesia, seminarios y universidades eclesiásticas y otros edificios destinados a las congregaciones religiosas como los institutos de vida consagrada.
En Madrid existen 495 templos e iglesias católicas y de otras confesiones, según el Portal de Datos Abiertos del consistorio. En caso de que todos estuvieran incluidos en la exención, esto supondría que apenas un 30% de los inmuebles beneficiados por no pagar el IBI serían lugares de culto.
Entre los inmuebles que no son de culto exentos de pagar el IBI por el Concordato estarían el lujoso ático de 370 metros cuadrados donde reside ex arzobispo de Madrid Rouco Varela o las instalaciones de la Universidad Eclesiástica San Dámaso.
Los inmuebles propiedad de la Iglesia con explotación económica como locales comerciales sí tendrían que pagar el IBI. Entre los 45 millones de euros que se han ahorrado las entidades religiosas no estarían incluidos los colegios concertados religiosos, que no pagan IBI al igual que el resto de centros educativos subvencionados por el Estado.
Varias alcaldías, entre ellas las de Madrid y Valencia, han iniciado movimientos para empezar a cobrar el IBI a la Iglesia. Joan Ribó, alcalde del consistorio valenciano, afirmó que cobrar el impuesto por los inmuebles no destinados al culto reportaría a Valencia alrededor de 3 millones de euros. Manuela Carmena también se pronunció a favor de “homogeneizar la tributación” de los bienes que sean propiedad de la Iglesia Católica.
Sin embargo, los ayuntamientos no tienen margen de maniobra ya que la exención del IBI está blindada por los tratados internacionales entre el Estado español y el Vaticano. Por tanto, depende del Gobierno central la modificación del régimen fiscal de los inmuebles de la Iglesia.
