Las organizaciones vecinales preparan para este domingo una “masiva” movilización para defender la sanidad pública. Ha pasado un mes desde la última protesta, cuando más de 30.000 manifestantes marcharon por el centro de la ciudad para criticar la decisión del Gobierno madrileño de reabrir en precario las urgencias extrahospitalarias, cerradas desde el inicio de la pandemia. El plan ha revelado numerosos fallos: algunos centros abrieron sin profesionales, otros simplemente permanecieron cerrados, y los sanitarios que intentan desenvolverse en este caos temen por su salud mental.
“Queremos dejar a nuestros hijos y nietos el más valioso de los legados, que hemos recibido gracias al esfuerzo de nuestros mayores. No solo estamos defendiendo el derecho a la Sanidad Pública, sino también el derecho a una sociedad más justa y democrática”, defiende el manifiesto de la protesta que comenzará a las 12.00 horas en cuatro puntos de Madrid: Nuevos Ministerios, Ópera, Hospital La Princesa y Atocha. Desde esos puntos saldrán las columnas de gente que terminarán confluyendo en la Plaza de Cibeles, donde se ha montado un escenario para los discursos centrales de la protesta.
Desde que ha sido anunciada, la manifestación no ha hecho que ganar simpatizantes. Actores como Luis Tosar, Alberto San Juan o el grupo Vetusta Morla, entre otros, han compartido en las redes sociales su apoyo. Los sindicatos UGT, CCOO, CGT y los de Satse y Amyts –de enfermeras y médicos, respectivamente– también apoyan la convocatoria. Asimismo, Más Madrid, Unidas Podemos e IU se unirán a la protesta, aunque los organizadores han pedido que no haya banderas de ningún partido en la marcha.
Aunque la marcha, según los organizadores, se lleva gestando desde hace meses, la gestión de la reapertura de las urgencias de atención primaria ha provocado la difusión masiva de la convocatoria. Ha pasado de ser una reivindicación de los barrios por la situación de los centros de salud a una impugnación general del modelo sanitario del PP de Isabel Díaz Ayuso, que se esfuerza en descalificar a sus críticos y desviar la atención con mensajes contra el Gobierno central por asuntos varios.
El punto de inflexión fue el relanzamiento de los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) que el Gobierno regional había cerrado en 2020 por la pandemia. El plan se puso en marcha el 27 de octubre, tras semanas de tensión con los sindicatos y un conato de huelga que el Ejecutivo consiguió frenar a tiempo. Para reabrir esos centros, la Consejería decidió recurrir al personal de los 41 Servicios de Atención Rural (SAR) y a profesionales de Atención Primaria que se prestasen a realizar jornadas complementarias. El plan consistía por tanto en hacer funcionar 78 centros con la plantilla de los 41 que ya funcionaban y algunos voluntarios.
El compromiso de Ayuso era ambicioso habida cuenta de los recursos que iba a destinar: que todos los centros contaran con equipos completos (médicos, enfermeros y celadores). La primera noche de su puesta en marcha, según, los datos recabados por la Plataforma SAR y Apertura SUAP, solo 28 de los 78 puntos de urgencias contaban con el grupo médico completo. La Comunidad dice que el 95% de los puntos de atención funcionó con personal sanitario, pero no aclara cuántos centros funcionaron con los tres servicios.
Noches de caos, huelgas y dimisiones
Los testimonios recogidos por este diario desde entonces en diferentes crónicas y reportajes dan cuenta de una situación límite en el servicio, con centros cerrados, médicos trasladados en Uber a mitad de turno, renuncias de personal sanitario por las condiciones de trabajo y un sinfín de trabas burocráticas que han llevado a más de 200 profesionales de urgencias a una huelga por el “total descontrol” de la gestión. El paro de los médicos tiene no obstante un 100% de servicios mínimos para que su reivindicación no afecte a los pacientes. Los médicos de familia de la región han anunciado que se sumarán a las protestas a partir del 21 de noviembre, con un paro indefinido al que están llamados 4.240 trabajadores.
La respuesta del Gobierno Ayuso ha ido en varias direcciones, no necesariamente alineadas. Su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, negaba a principios de mes que hubiese un “caos”. En unas declaraciones posteriores, matizaba que el plan “no había podido expresarse en su máxima expresión” y acusaba no a la gestión de su departamentos sino al “boicot” de la izquierda.
Es la misma palabra que ha usado la presidenta madrileña para abordar la situación. “Cada vez que a la izquierda le va mal, recurren a la sanidad pública, que pretenden boicotear una y otra vez porque solo saben vivir de sembrar el terror y el miedo entre los ciudadanos”, afirmó hace unos días en la Asamblea. Esta semana se ha reafirmado. “¿34 médicos dan para una huelga, un boicot y manifestaciones? ¿Ya estamos con el 'No a la guerra'?”, le preguntó de forma irónica, en sede parlamentaria, a la portavoz de Más Madrid, Mónica García.
Ayuso aprovechó su intervención para cargar contra el presidente del Gobierno, a quien suele señalar cuando tiene que dar explicaciones por su gestión: “El problema de la Comunidad de Madrid se llama Pedro Sánchez y se llama usted. No hacen nada por defender a la región. Están abandonando los museos nacionales, intentan ahora también descapitalizarlos… Han intentado destrozar la educación concertada en la Comunidad de Madrid con la ley Celaá. Están ustedes intentando acabar con la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid e ir contra todos los patrimonios”.
A pesar de las dificultades para reconocer los déficits del plan con el que han reabierto de forma precaria las urgencias extrahospitalarias de la región, el Gobierno puso en marcha hace apenas una semana un sistema de videollamadas médicas para estos centros. Sanidad ha reconocido que no puede aportar un médico en los casi 80 puntos que ha rebautizado como “centros 24 horas”. En 34 de ellos, habrá dos enfermeras y un sistema de videoconsulta con un facultativo.
Apenas días antes, se producía la enésima renuncia en el seno de la Consejería. La gerente adjunta de asistencia sanitaria, Nuria Fernández de Cano, renunció el 4 de noviembre, solo unas semanas después de que lo hiciese su jefa, la gerente de Atención Primaria, Sonia Martínez Machuca, “por motivos médicos y personales”. En verano, el departamento de Ruiz Escudero ya había ejecutado una remodelación del equipo, con los ceses de los responsables de Asistencia Sanitaria y el Summa 112.
Meses de organización en los barrios
El hecho de que la cita se produzca en medio del caos de las urgencias ha sido una coincidencia. José Luis Yuguero, representante de la Red de Solidaridad Popular de Latina y Carabanchel, asegura a este diario que llevan meses organizando la manifestación del domingo: “Más o menos desde el verano”. El portavoz de esta asociación ciudadana, que ha registrado la convocatoria ante la Delegación del Gobierno, cree que la semilla de la protesta fue implantada hace más de dos años, poco antes del estallido de la pandemia.
“Cerraron los centros de salud del barrio, y con la llegada de la COVID la situación fue a peor. No nos quedó otra que salir a la calle, y lo mismo hicieron en otros distritos de la ciudad. Fue entonces cuando decidimos coordinarnos para intentar que el problema que estaba teniendo la atención primaria saliera a la luz”, explica Yuguero.
Durante año y medio, todos los jueves del mes, los vecinos de Puerta del Ángel celebraban una asamblea en las puertas de los centros de salud que habían sido desmembrados. Las asambleas y concentraciones en defensa de la atención primaria se han convertido en algo habitual, y no solamente en el barrio de Yuguero.
“La posibilidad de quedarnos con los centros de salud cerrados ha llevado a distintos distritos a movilizarse. Empezamos a coordinarnos y apoyarnos entre nosotros”, afirma Jorge Aranda, de la Asamblea Popular de Carabanchel. En Abrantes, el centro de salud al cual está adscrito, pasaron de tener 16 médicos a ver un cartel colgado en la puerta que avisaba de la total ausencia de los facultativos. “Una escena tristemente actual”, dice con relación a la falta de médicos en las urgencias extrahospitalarias.
Las asociaciones vecinales decidieron llevar la protesta más allá de las calles de los propios distritos y pueblos. Este domingo marcharán en cuatro columnas hasta encontrarse en Cibeles, donde los organizadores leerán el manifiesto de la convocatoria. Después de haberse encontrado con la resistencia del Ayuntamiento, han obtenido el permiso para montar un escenario en la plaza. “Va a ser un momento muy emotivo. Queremos que la gente lo viva al máximo, para que se acuerden de lo importante que es luchar en la calle”, afirma Yuguero, que detalla que también habrá una batucada compuesta por 400 personas.
El objetivo de la marcha, según consta en el manifiesto que firman los vecinos, es rechazar el “plan de destrucción de la Atención Primaria” del Gobierno de Ayuso, que “aspira a privatizar” el servicio madrileño de salud a través de la promoción de la colaboración público-privada. Asimismo, el documento resalta que, a pesar de ser la comunidad con mayor renta per cápita, es la que menos invierte en Atención Primaria y la que menos centros de salud tiene por 100.000 habitantes.
Desde que la convocatoria se hizo pública el lunes, decenas de asociaciones se han sumado a la iniciativa. Yuguero explica que de once plataformas que empezaron a organizar la marcha, el martes llegaron a ser más de 40 durante la reunión para finalizar los detalles. Desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm), hasta la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), pasando por la Plataforma de Pensionistas Indignados y por el movimiento 15-M.
También la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (Medsap), conocida como marea blanca, formará parte de la protesta. Su portavoz, Carmen Esbri, reconoce que el movimiento “ha perdido la fuerza” que tenía en 2012, cuando se expandió a todo el territorio nacional. “La gente se cansa, otros se bajaron del carro porque tenían intenciones distintas. Es difícil mantener la denuncia activa permanentemente. Pero las personas que somos conscientes y queremos salvar un derecho fundamental como es la sanidad pública, siempre hemos estado allí”, asegura. Quizá la protesta de este domingo sirva como bengala.