El Gobierno de Cifuentes da por muerta la relación “especial” con Ciudadanos
El Gobierno de Cristina Cifuentes da por terminada su “relación especial” con Ciudadanos. A año y medio de los comicios, los mimbres para la confrontación electoral ya están colocados. El portavoz del Ejecutivo, Ángel Garrido, acusa a los de Ignacio Aguado de ponerse “enfrente y colaborar con la oposición de izquierdas”. “ Eso cambia la relación, no por una decisión nuestra sino de Ciudadanos”, ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Por tercera semana consecutiva, la presidenta no ha aparecido en este espacio para contar los acuerdos del Gobierno y someterse a las preguntas de los periodistas.
Esta ruptura pública entre los socios de investidura no va a tener de momento consecuencias en el pacto firmado por PP y Ciudadanos y que permitió el ascenso a la presidencia a Cristina Cifuentes, ha asegurado el portavoz. El acuerdo se mantiene intocable en el papel pese a que la presidenta tendrá que sentarse este viernes por segunda vez y gracias al impulso de Ciudadanos en la comisión que investiga la corrupción.
El Gobierno se muestra molesto con este último episodio y acusan al “tripartito de la oposición” de pretender “empeorar y hacer daño a la imagen” de Cifuentes. “Pretendían que fuera sentada y fotografiada”, ha dicho Garrido.
La comparecencia de la presidenta tenía por objeto dar explicaciones sobre cómo el Gobierno pudo traspapelar una providencia judicial que le daba libre para entregar una documentación a la oposición sobre el caso Lezo, pero Ciudadanos tumbó las propuestas de Podemos y PSOE en la Mesa de la Asamblea porque, justificaron, no se ajustaban a reglamento. Después activó otra solicitud fechada en abril, que es la que finalmente ha salido adelante pero que limita el tema a los años en los que Cifuentes fue consejera en el consejo de administración del Canal de Isabel II.
El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, considera que el PP “ha entrado en parada” por la corrupción y los resultados en Catalunya y ha anunciado que desbloqueará su proposición de ley, que había recibido dos enmiendas a la totalidad de PSOE y Podemos, para limitar los mandatos a ocho años. Si las enmiendas no recaban el apoyo suficiente, el texto superará este escollo y dará el siguiente paso en la tramitación: el debate en comisión para generar el proyecto de ley definitivo. Esta medida está incluida en otra propuesta de ley registrada por el Gobierno en la Asamblea, que también está bloqueada, y forma parte del acuerdo de investidura.
