Citaciones equivocadas, testigos que no asistirán: el juicio a la Gestapillo se convierte en un vodevil

“Disculpa por el lío”. La quinta jornada del caso de los espías ha arrancado con la magistrada pidiendo perdón. Se dirigía al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Por “lío”, la jueza del caso se refería a la amenaza que tuvo lugar en la misma sala de vistas 24 horas antes, cuando amenazó con enviar a la Policía a buscar al expresidente a su casa por eludir una citación para declarar como testigo que en realidad nunca existió.

Todo fue fruto de un “error administrativo”, uno más de los que se suceden en el juicio de la llamada “gestapillo”, una trama de espionajes y seguimientos a dirigentes políticos del PP de Madrid enfrentados a la entonces presidenta, Esperanza Aguirre. Diez años después el asunto llega a juicio entre un sinfín de descuidos, descoordinaciones y olvidos y en el que solo el PSOE ejerce la acusación.

La “gestapillo” se lo inventó uno de los presuntos espiados, el vicealcalde de Madrid y mano derecha entonces de Alberto Ruiz-Gallardón, Manuel Cobo, para definir las maniobras de policías y guardias civiles adscritos a la Comunidad de Madrid para vigilar los movimientos de los rivales políticos de Esperanza Aguirre y después volcarlos en rudimentarios partes de trabajo.

El juicio que indaga sobre hechos de hace una década, cuando Aguirre preparaba el asalto a la presidencia nacional del PP descabalgando a Mariano Rajoy, trata de dirimir si hubo malversación de caudales públicos y está dejando momentos esperpénticos desde que arrancó el pasado 5 de febrero en la Audiencia Provincial de Madrid. En la sala de vistas han tenido lugar, a la vista de abogados, imputados y medios de comunicación, citaciones en días erróneos y hasta llamadas a supuestos testigos que nada tienen que ver con el caso.

Esta conversación por videoconferencia está sacada íntegramente de la sesión del lunes:

-“Le llamamos en relación a la malversación caudales públicos en la que se acusa, entre otros, a su ex marido”

-“Disculpe, creo que hay un error. Debe ser otra persona”

La persona al otro lado era Yolanda Laviana Fernández, una mujer completamente ajena a Sergio Gamón, el principal acusado, y a la que confundieron con su expareja, con el mismo nombre y el mismo primer apellido. Tras el error, la persona que debía haber sido citada, Yolanda Laviana Díaz, no ha sido llamada a declarar y su paso como testigo por el juicio se ha suprimido pese a haber reconocido a El País en 2009 que su exmarido había espiado al exvicepresidente de la Comunidad Alfredo Prada, en aquel momento enfrentado a Aguirre.

Otro de los citados en la caótica jornada del lunes, el asesor de Granados Marcos Peña, tampoco estaba correctamente convocado.

El jurado popular tampoco podrá escuchar a Manuel Cobo, ingresado en el hospital tras una delicada operación. Cobo es un personaje central de la historia porque fue uno de los espiados y relató entonces cómo sus enemigos internos en el partido siguieron sus seguimientos para hacerlo depender de ellos. Los partes sobre el entonces vicealcalde de Madrid, hombre fuerte del Gobierno de Gallardón y alineado con Mariano Rajoy, no dejan lugar a dudas. Pero Cobo, el dirigente que más claro habló del espionaje -hasta el punto de ser expedientado por su propio partido- no comparecerá en el juicio.

Ante el incordio que supondría tener que suspender las vistas, la jueza alegó que ya iban a venir otros testigos y que el exvicealdalde ya había declarado durante la instrucción, donde ratificó que existieron los seguimientos y confió en que la justicia aclare quién estuvo detrás. Sin pegas de ninguna acusación, se le tachó de la lista de testigos.

Sí que ha comparecido Alfredo Prada, otro de los que fueron seguidos cuando ejercía como consejero de Aguirre. Durante su declaración como testigo dijo haber “sentido un daño familiar enorme” por ver en los partes de seguimiento eventos familiares en los que había sido espiado. Aguirre descartó ese espionaje dando a entender que además Prada era uno de los suyos, “el más aguirrista”, dijo aludiendo a su propio apellido.

El juicio es un rosario de errores y asusencias clamorosas pese al interés mediático que siempre ha levantado una supuesta trama de espionaje que aireó las peleas por el poder en la trastienda del PP. Decenas de periodistas siguen las vistas a través de varias pantallas de la sala de prensa de la Audiencia Provincial de Madrid.

Por el banquillo han pasado ya cinco cargos políticos. Ninguno como acusado pese a que el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), José Luis Olivera, ha señalado con el dedo hacia arriba. “Eran unos mandados. Les dijeron que hicieran esto y lo hicieron”, ha admitido.

Francisco Granados, que acudió en calidad de testigo, resumió el viernes en una sola frase sus voluntades ante el tribunal, aunque la tuvo que pronunciar fuera de la sala. “Vengo a aclarar algunas payasadas que se han dicho”, dijo el exconsejero de Presidencia señalado por dos acusados, José Luis Oreja y Antonio Coronado, como conocedor de la trama. El presunto cabecilla de la trama Púnica negó cualquier comunicación con ellos en tono displicente. “¡Qué pintan dos señores de seguridad en el despacho de un consejero!”.

Esperanza Aguirre llegó dos horas antes a la Audiencia Provincial precisamente para evitar a los medios, a los que retiró los micrófonos a la salida. Dentro, en una declaración de 17 minutos, dijo no saber nada. Según su testimonio, no fue informada por las presuntas víctimas, Prada y Cobo, y tampoco por Francisco Granados, a quien dos de los acusados aseguran haberle comunicado que no aceptarían la “orden ilegal” de espiar. La exlideresa aseguró que ni siquiera recordaba que había mandado iniciar una investigación interna tras las informaciones de El País.

“De todo esto han pasado muchos años, de verdad”, aseguró la expresidenta que solo admitió conocer a Gamón, el director general de Seguridad que ella nombró, el marido de la persona a la que contrató como una de sus secretarias, y que supuestamente ordenó seguir a adversarios internos. Entre ellos, Cristina Cifuentes.

El tono lastimero monopolizó su breve declaración, en la que hubo suficiente tiempo para indicar a uno de los abogados de la acusación, del PSOE, cómo debía colocarse el micrófono. “Si no se pone el micrófono y habla tan deprisa no le entiendo” [...] “Póngaselo de lado” [...] “Si se lo pusiera así, en vez de así”.

Tras el malentendido del lunes, Ignacio González ha llegado a la Audiencia Provincial un día más tarde con la certeza de que la atención mediática este martes estaba en otro sitio. El que fuera mano derecha de Aguirre y hoy imputado por gravísimos delitos en la Operación Lezo ha trazado su declaración con la misma escuadra y cartabón que su exjefa. Veinte escasos minutos que se resumen en tres noes: no conocía, no ordenó nada y no podía hacerlo porque no tenía competencias, ha dicho, sobre los agentes acusados: dos policías y tres guardias civiles.

El interrogatorio a los acusados tampoco se libró del esperpento. Un funcionario de la Comunidad de Madrid no pudo contener las lágrimas mientras afeaba al abogado que representa al gobierno regional que se dirigiese contra él, alguien de “la familia”. Un agente se explayó en críticas por los medios con los que hacían los seguimientos -habló de un Seat Toledo “cochambroso”- mientras que el supuesto cabecilla recibía constantemente advertencias de su abogado para que no se fuese por las ramas y dijese algo que no debía.

Los letrados de la Comunidad de Madrid, personada en el caso, han rehusado hacer preguntas a los testigos. Tampoco profundizaron mucho con los abogados. El letrado de la acusación particular, del PSOE, no ha sido este martes mucho más insistente y de hecho durante el juicio se ha saltado algún interrogatorio. La magistrada se ha permitido adjudicarle al único letrado que ejerce la acusación, un “escaso interés por la causa”. La Fiscalía, entretanto, pide la absolución en un juicio en el que apenas formula preguntas. Las probabilidades de que el caso acabe en condena parecen así muy reducidas.

La magistrada no se cansa de pedir concisión en las preguntas y las respuestas. Y veta automáticamente las cuestiones que indagan en las rivalidades políticas que presuntamente motivaron el espionaje. Este martes ha pedido a todas las partes “filtrar un poquillo” en este sentido. “Tienen ustedes que filtrar lo que es el problema judicial de los problemas políticos, que no pueden reflejarse en el acta y no se van a juzgar. Es cierto que esto es muy mediático pero hay que tener en cuenta por lo que estamos aquí”, ha advertido tras interrumpir al jurado popular, que no ha podido completar su interrogatorio.