El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha avalado el cese del jefe de la UCI pediátrica del Hospital La Paz de Madrid, el doctor Pedro de la Oliva, decretado por la Comunidad de Madrid. La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado el recurso de apelación interpuesto por el Ejecutivo autonómico y ha revocado la sentencia de un juzgado de lo Contencioso de la capital que, en febrero del año pasado, había anulado ese cese y ordenado su readmisión en el puesto.
Esa decisión acabó derivando en el “cierre técnico” de la unidad por la renuncia de sus compañeros ante el regreso de De la Oliva, al que atribuyen comportamientos agresivos e intimidatorios. Ahora, la instancia superior considera que la “situación de conflictividad” y los distintos hechos en los que esta situación se “exteriorizó” justificaban “suficientemente” su cese en el puesto de libre designación que venía ocupando desde 2013.
Los “hechos” a los que se refiere la resolución —que destacan que no son negados por el propio de De la Oliva— son la existencia de un escrito de queja ante el “comportamiento agresivo e intimidatorio” del doctor firmado por 37 de sus compañeros médicos del hospital infantil, la presentación de 15 solicitudes de “conflicto interno y acoso” o los “diversos” conflictos que mantenía con el personal de enfermería.
La sentencia conocida este viernes es el último capítulo de un enquistado conflicto laboral que se remonta años atrás. Y abre la vía a su resolución, según ha afirmado en su cuenta de X —antes Twitter— la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. “La UCI Pediátrica del Hospital La Paz podrá recuperar su actividad lo antes posible. La Justicia avala la decisión de la Comunidad de Madrid de cesar al jefe del servicio”, ha afirmado.
En 2020, la gerencia del centro sanitario acordó el cese de De la Oliva por razones organizativas y ante la “situación insostenible” que se vivía en la unidad. La práctica totalidad de facultativos y demás personal sanitario del centro, además de la dirección, lo acusan de “trato vejatorio” reiterado. El cese se basó en las conclusiones de una investigación interna realizada a instancias de seis médicos del servicio que en agosto de 2020 pidieron que se pusiera en marcha el protocolo interno de conflictos por un posible caso de acoso laboral. Tras meses de investigación, la Junta Técnica Asistencial instó a su cese por su incapacidad para gestionar el servicio.
Pero esa decisión fue anulada el 6 de febrero de 2023. El juez consideró que “no se estaba ante [un caso de] acoso laboral”, sino ante “claros incumplimientos” de unas órdenes impartidas por un superior jerárquico. Y que, en ese supuesto, decaía la “motivación y razón” del cese. En su recurso ante esa decisión, la Comunidad de Madrid alegó que había sido un cese “por causas organizativas” teniendo en cuenta la “situación insostenible” que se vivía en la unidad.
Con estos elementos, los jueces del TSJ de Madrid entienden, a diferencia de la sentencia anulada, que el cese no se justificó únicamente en la existencia de una situación de acoso, sino, principalmente, en “necesidades organizativas”. Unas necesidades que, a juicio de los magistrados, se basan en un cambio en las condiciones subjetivas que se tuvieron en cuenta para nombrarlo como jefe. En concreto, de sus habilidades en la gestión de personas.