La justicia investiga una denuncia por torturas en una residencia de ancianos a partir de imágenes grabadas por una cámara oculta

Un juzgado de instrucción de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) ha admitido a trámite una denuncia por presuntos delitos de torturas y contra la integridad moral en la residencia de mayores El Escorial. Los hechos que se investigan son anteriores a la pandemia y entre las pruebas que figuran en la denuncia hay imágenes aportadas por la familia de una residente que colocó una cámara oculta en la mesilla de la habitación. Este dispositivo estuvo grabando entre septiembre de 2019 y el 17 de febrero de 2020, fecha en la que los trabajadores se dieron cuenta de que ese aparato estaba registrando todos sus movimientos. A partir de ese momento, las hijas de la residente se reunieron con la dirección del centro y tras varios encuentros, les facilitaron todo el material: 41 grabaciones de vídeo. 

Fuentes judiciales consultadas por esta redacción aseguran que en esa documentación “hay imágenes reveladoras” del “comportamiento” de una de las trabajadoras. En el acta de inspección emitida por la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid el pasado 3 de junio, publicado por elDiario.es, el trabajador autonómico que acudió al centro anotó que la dirección de la residencia de El Escorial tomó la decisión de despedir a una de las auxiliares involucradas en este caso tras “catalogar sus acciones como presuntos malos tratos hacia la residente”. Los responsables del centro también detectaron “malas praxis, tratos bruscos y no profesionales, faltas de respeto, trato poco cariñoso y deshumanizado [en] el resto de imágenes” visualizadas. 

Fuentes de la empresa que gestiona el centro — grupo Santa Gema — aseguran que actuaron en cuanto vieron las imágenes. “Una vez que tenemos conocimiento de los vídeos se despide a la trabajadora y se procede a la sanción del resto. Entendemos que los otros [profesionales] pueden tener actitudes despreciativas pero no tenían, a nuestro juicio, la gravedad” de la denunciada, apunta un abogado de la compañía. Ante esta situación, optaron por presentar una “denuncia penal” solo contra la auxiliar despedida, este procedimiento ha sido admitido a trámite y se están incoando diligencias previas, según confirman fuentes judiciales. Más allá de este despido, comunicaron los hechos a la Comunidad de Madrid y sancionaron a tres profesionales más con suspensiones de empleo y sueldo, que oscilaron entre los 15 y 45 días, dependiendo del caso.

Tras admitir a trámite la denuncia, el siguiente paso del juzgado de instrucción será llamar a declarar a la auxiliar investigada y a otros testigos, según exponen las fuentes jurídicas consultadas. Ante la dirección del centro, las trabajadoras amonestadas alegaron que sufrían “estrés laboral” y aseguraron “no ser conscientes de sus acciones” cuando se vieron en las imágenes, tal y como figura en el documento de inspección. 

La Fiscalía de Madrid también ha denunciado estos hechos y ha optado por emprender acciones judiciales contra las cinco auxiliares “por el trato deshumanizado hacia una mujer con incapacidad total”, según explicaron desde su gabinete de prensa en un comunicado emitido la semana pasada. Iniciaron este procedimiento después de que la Consejería de Políticas Sociales les remitiese las grabaciones. El Ministerio Público “entiende que los hechos relatados son constitutivos de un delito contra la integridad moral”.