Leganés, un año de pandemia en la ciudad con mayor mortalidad por COVID

Sacramento Camuñas emigró en los años sesenta. De Moral de Calatrava, en Ciudad Real, se marchó a Madrid, como tantos jóvenes de la España del desarrollismo. Se instaló en Leganés, junto a su marido, Andrés, y desde entonces no se ha movido de allí. Él tiene 76 años, ella 71, y ambos forman parte de la generación que vivió la transformación del pueblo en ciudad. Sentados en un banco en la plaza mayor, junto al Ayuntamiento, Andrés recuerda: “Aquí estaba el campo de fútbol, ahí atrás había una vaquería… Esto era un barrizal”. 

Han pasado muchos años, muchas vivencias, pero a Sacramento el recuerdo de la primavera de 2020 ya no se le olvidará. Cuando enfermó de COVID, en lo peor de la primera ola del virus, ingresó en un hospital Severo Ochoa completamente desbordado. “Yo estaba en una silla y había un chico en el suelo tirado, tendría unos 25 años. Yo pedía que lo atendiesen a él… No se me borra la imagen. No sé qué le habrá pasado”, medita.

Sacramento pasó por el Severo Ochoa y por el hospital de campaña en Ifema, hasta que se le aclararon los pulmones. Su marido, que también se contagió, no estuvo tan grave. Un año después, un día de semana por Leganés, es típica la estampa de gente mayor como ellos, paseando, sentados en bancos, yendo a la compra antes de comer, en una ciudad con gente de avanzada edad, que hace 15 años, antes de la crisis económica, de la expansión cuantitativa y de los recortes sanitarios, se tenía como modelo de calidad de vida para la clase trabajadora. Pero llegó el virus y en dos meses, la localidad, de 191.000 habitantes, se convirtió en un agujero negro: desde febrero de 2020 hasta enero de este año murieron 692 personas por COVID, la mayoría entre febrero y mayo, lo que la convierte en la ciudad con mayor tasa de mortalidad de toda España: fallecieron uno de cada 330 habitantes con PCR positiva.

Los motivos de este récord siguen sin estar claros, porque no ha habido un estudio epidemiológico concreto. Pero los indicios apuntan a la elevada concentración de residencias de mayores —ocho en poco más de un kilómetro, todas privadas, o privatizada su gestión—, a la avanzada edad de la población, a la arquitectura acelerada de los años sesenta y sus bloques de pisos altos, estrechos y mal ventilados.

Se trata, no obstante, de especulaciones más o menos informadas, al menos según el alcalde, el socialista Santiago Llorente: “Sinceramente, no tengo ni idea; ni yo ni nadie”, acaba admitiendo en su despacho el 8 de marzo, tras volver del acto público por el día de la mujer. “En la primera corona metropolitana del sur, Alcorcón, Leganés y Getafe, tenemos una población similar. 190.000 nosotros, Getafe 185.000, Alcorcón 172.000. La esperanza de vida está un mes arriba o abajo [84 años en 2017, según el Instituto Nacional de Estadística]. Y en cuanto a residencias, nosotros tenemos ocho, pero son más pequeñas. Alcorcón tiene cuatro, pero una sola tiene 400 residentes. Son números parecidos, no hay una explicación fácil”, compara. Y abunda: “No tiene que ver con la situación socioeconómica ni demográfica, porque los tres municipios somos clavados, y si nos comparamos con los tres distritos del sur de Madrid (Latina, Carabanchel, Villaverde) también somos parecidos”.

En la puerta del Hospital Severo Ochoa hay un cartel colgado desde julio que advierte: “No bajemos la guardia”. El personal tampoco se cansa de repetir el mensaje. Los delegados de UGT, Javier García y Javier Galán, recuerdan aquellos días de marzo y abril como una “pesadilla”. “Estábamos en una sala haciendo el triaje, veías la cola de pacientes esperando delante de ti, muchos en camilla, mirabas para atrás y tenías una ventana que daba al mortuorio […]. Venían camiones a por los cadáveres. Pensabas ‘esto no puede ser”, recuerda García. El hospital no estaba preparado para lo que vino. Se llamó a la ONG Médicos del Mundo para establecer los circuitos de seguridad por su experiencia en lugares donde suelen darse las epidemias, de las que no había rastro en el Madrid globalizado.

Un año después, la situación no es comparable, pero entre el personal aún hay secuelas. “Hay compañeros que están de baja, vienen y se echan a llorar”, dice Mercedes Romero, delegada de CCOO que, aunque cree que no se volverán a ver cifras como las 300 personas ingresadas durante dos semanas seguidas (el día pico, el 24 de marzo, se llegó a 411 en urgencias, cuando la capacidad máxima era de 90), el que siga habiendo unos 30 pacientes en planta en esta fase de descenso de la tercera ola recuerda a la plantilla “el fantasma de marzo”.

Además, apunta que cada vez que viene una ola, la atención a otras patologías se reduce. “¿Dónde están los infartos y los ictus?”, se pregunta. Todos los trabajadores reclaman reforzar las plantillas, que, aunque recibieron refuerzos con contrataciones específicas para la COVID, han vuelto ahora a reducirse para dotar al hospital Isabel Zendal, la apuesta millonaria de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. “Las plantillas están al 200%, con una carga física y emocional insufrible. Tenemos muchas fisuras como sistema sanitario”, resume María Jesús Antoranz, delegada del sindicato de enfermeros Satse en el hospital leganense.

Familiares y residencias, en el juzgado

De las ocho residencias de mayores de Leganés, cuatro están siendo investigadas por el Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad por el trato a los residentes: Vitalia, Domus VI, El Encinar y Parque de los Frailes. La cifra total de fallecidos sigue sin ser hoy definitiva, porque varía en función de si se considera solo a quienes murieron en el centro o a los que llegaron al hospital, o bien a quienes tenían prueba PCR que certificase la infección o solo síntomas compatibles, pero ronda la mitad de los muertos en Leganés.

La instrucción avanza lenta. El juzgado archivó inicialmente la causa por estar basada en “conjeturas” hasta que la Audiencia Provincial le ordenó que al menos recabase pruebas. “Están pidiendo la documentación a las residencias, pero aún no han llamado a nadie a declarar”, indica Carmen López, de la Asociación por los Derechos de los Mayores y sus familiares (Ademaf), vinculada a la Marea de Residentes. La portavoz denuncia que la empresa Aralia, concesionaria de Parque de los Frailes, ha amenazado en dos ocasiones a la asociación con acciones judiciales por injurias. La última, el pasado febrero.

López, que perdió a su madre, alerta sobre la total falta de información que los residentes tienen hoy de sus familiares y del estado de las instalaciones y servicios, cuyas carencias venían denunciando desde bastante antes de la irrupción del coronavirus. “Desde hace un año nadie entra, así que no hay reclamaciones y denuncias, los residentes no ven a la familia más que en una sala de visitas [y estos] no pueden ver si tienen úlceras, si les están dando la medicación”, protesta, aunque concede que “por lo menos, ya están vacunados”.

“Es como si hubiese perdido una parte de mí”, dice una trabajadora de DomusVI, la residencia con peores cifras de fallecidos [60 en la primera ola] en un mensaje de texto sobre lo vivido en los peores momentos. “La Comunidad de Madrid nos dejó abandonados, las ayudas solo nos llegaron de externos”, recuerda Mercedes Gómez, gobernanta de la residencia Los Balcones, que, con 23 fallecidos, es una de las que salió mejor paradas. Allí desconfían de las salidas de fin de semana de los residentes, ya vacunados casi en su totalidad. Así que, si salen, al volver tienen que presentar una PCR negativa y pasarse una semana en aislamiento.

En la plaza, Sacramento y Raúl reconocen hoy que desconfían de todo. “Las hemos pasado canutas. Esto no terminó ni sabremos cuándo. La tele dice de la misa la mitad”, se recela ella, que apunta con orgullo que es familiar de Ignacio Camuñas, ministro de UCD en los setenta. Raúl reflexiona, con un pesimismo en el que pesa lo sufrido el año pasado, puede que también la etapa vital: “Hoy en día cada uno va a lo suyo. Antes esto era más familiar, más sano. Nadie se fía de nadie”.