Sueldos de 600 euros al mes: la precariedad en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid

Salarios escuálidos por atender a personas dependientes en residencias subvencionadas con dinero público de la Comunidad de Madrid. En el caso de algunos centros apenas arañan los 600 euros. Es la situación que ha visibilizado Comisiones Obreras este lunes con una protesta que esconde historias como la de Marta (nombre ficticio), una auxiliar de enfermería cuya nómina es de 618 euros. Trabaja todos los días en jornada completa cuidando a personas con Alzheimer en el centro Fundación Reina Sofía, sostenido con fondos regionales pero gestionado por Clece.

La precariedad se extiende, denuncia el sindicato, por todas las residencias y centros de día gestionados con este modelo indirecto, cuyas plantillas han perdido al menos el plus de transporte (88 euros al mes) que contemplaba el convenio regional del sector. La falta de acuerdo entre patronal y trabajadores ha obligado a adoptar el marco estatal, que no incluye este extra. “Las patronales están haciendo lo que les da la gana con las condiciones laborales. Han ido arramplando con todo y estamos viendo casos diferentes en función de cada nómina. Lo común a todas es que el convenio regional ha caído porque no ha habido acuerdo y se ha caducado”, explica la responsable del sector privado, Marga Enderiz. El marco estatal tiene un salario base ligeramente más alto (15 euros para las auxiliares), pero la diferencia no compensa la eliminación de pluses.

Dentro de la generalidad, hay sin embargo plantillas que están sufriendo el cambio de marco más que otras. Es el caso de las que dependen de Clece, una empresa vinculada a la constructora ACS que gestiona tres residencias en Madrid: el Centro Reina Sofía, con el 100% de usuarios con Alhzeimer, Oscasur y El Berrueco. En conjunto atienden a más de 300 residentes adjudicatarios de una plaza pública.

“Nos tratan como si fuéramos un número”

En las dos primeras, los comités de empresa denuncian que los salarios han bajado entre “cinco y 400 euros” en último mes por la pérdida del plus de transporte (88 euros al mes), el plus asistencial (120 euros) y la reducción del porcentaje del salario base que cobran las trabajadoras con contrato en prácticas (del 90 al 80%). Estas últimas, principalmente auxiliares de enfermería, son las más afectadas por las medidas, que han dejado su ya escuálido sueldo (750 euros) en apenas 620 euros por jornada completa, según figura en las nóminas a las que ha tenido acceso eldiario.es

“Es un desgaste psicológico y físico muy grande. Yo trabajo en unidades donde la gente ya no se vale por sí misma y el nivel de exigencia del cuerpo es terrible, y la responsabilidad. Cuidamos personas y nos están tratando como si fuéramos un número, y los residentes, igual”, cuenta una trabajadora que prefiere no dar su nombre. Dice que, de mantenerse estas condiciones, tendrá que dejar el trabajo. “Otras compañeras están igual. Hay mucha preocupación, y también de las familias”, admite.

La empresa avisó por carta a la plantilla –la mayoría mujeres entre auxiliares, enfermeras, trabajadoras sociales, terapeutas, médicas, recepcionistas y personal de limpieza– de que perderían una parte del salario porque no se había renovado el convenio regional del sector. A partir de enero se rigen por el marco nacional, que no contempla esos pluses, derechos adquiridos por estas trabajadoras a base de años de negociación colectiva.

Reducciones de jornada del 14%

Clece se agarra al ajuste a este nuevo marco para precarizar más a las trabajadoras. Su plan “organizativo”, al que ha tenido acceso eldiario.es, pasa por reducir un 14% las jornadas de todo el personal que trabajaba de lunes a domingo y obligar a hacer turnos rotatorios (ahora son fijos). La plantilla, además, dejará de hacer festivos y domingos y se contratará personal solamente para esos días porque, con el convenio estatal, tendrían que remunerarse aparte. Las auxiliares aseguran que los que han trabajado en enero no se los han pagado pese a que ya se rigen por el marco estatal (el convenio regional no lo contemplaba).

“Como los sueldos son tan bajos la gente que trabaja aquí compatibiliza esto con otros empleos. Si nos hacen rotar, no puedes combinarlo. Nos desestabiliza del todo a muchas. Tenemos hijos pequeños y no nos llega”, denuncian desde el comité de empresa de Orcasur. Este martes han convocado concentraciones delante de su centro y también en el Reina Sofía.

Ambos centros funcionan en régimen de gestión indirecta y a ellos son derivadas personas adjudicatarias de plazas públicas en la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional paga a las empresas un fijo al día por residente (54 euros) y son ellas quienes gestionan el servicio, que no es gratuito. A los usuarios que viven en estas residencias se les retira un 85% de su pensión, explican las trabajadoras, que aseguran que los familiares “están muy preocupados por los cambios”. De este modelo dependen el 60% de las plazas residenciales de la región.

En un escrito remitido al comité, Clece justifica que el cambio de convenio ha generado un “desequilibrio” que les obliga a “modificar sustancialmente” las condiciones de trabajo para “mantener” los puestos de trabajo. “Las medidas propuestas por la empresa se concretan en el retorno a un régimen de turnos rotativos y la distribución del trabajo en dos plantillas [...], así como la reducción de jornada de los trabajadores, todo ello en aras de favorecer el mantenimiento del empleo”, dice el informe de la empresa que ha podido ver eldiario.es.

La Comunidad de Madrid se desentiende

Este medio se ha puesto en contacto con Clece, que ha optado por no hacer declaraciones al respecto. La Consejería de Políticas Sociales, responsable de subvencionar a la empresa, justifica que “no puede intervenir en las relaciones laborales que establecen las entidades gestoras con sus trabajadores”. Ambas partes se reúnen esta semana para llegar a un acuerdo sobre las nuevas condiciones. Hay una residencia más, El Berrueco, que depende de la misma empresa pero eldiario.es no ha podido confirmar que la situación se repita.

El responsable político de las residencias, el consejero Carlos Izquierdo, fue reprobado la semana pasada en el pleno de la Asamblea por su “nefasta gestión”. En ella se engloba la que ha hecho de las residencias y que ha costado a la Comunidad de Madrid denuncias por la muerte de dos usuarios y la falta de personal. Además, en junio la Consejería tuvo que trasladar a centenares de mayores a nuevos centros porque varias de las concesionarias se negaron a seguir al bajar la oferta un 12%.