Julián M.R murió en octubre de 2018 de cáncer de pulmón. Tenía 61 años y trabajó durante más de 30, media vida, en mantenimiento de Metro de Madrid. Le tocó, cuenta su familia, “lijar, soplar y recubrir piezas con amianto” y lo hizo “sin protección y sin información”. Fue el primer empleado del suburbano con la enfermedad profesional reconocida y también el primero que ha demandado a su empresa.
Julián inició el proceso en vida, ya muy enfermo, aunque no podrá ver el desenlace. El juicio está fijado para el próximo lunes. Metro de Madrid tendrá que defender ante el juez su actuación, ya tachada como negligente por la Inspección de Trabajo y pendiente de que la Fiscalía valore si la ausencia de medidas de protección es un delito.
La familia, que asume ahora las riendas del periplo judicial, solicita a la compañía una indemnización de 400.000 euros por “daños y perjuicios derivados de lesiones, secuelas y daño moral”. “El Instituto Nacional de la Salud le dio la enfermedad profesional y eso acredita que el tumor fue debido a la exposición al amianto. El incumplimiento de las medidas de seguridad, que fueron obviadas, hace a Metro responsable del daño”, dice el abogado que lleva el caso, Fernando Morillo, de la Asociación de Víctimas del Amianto.
Morillo lleva más de 10 años litigando en los tribunales estas compensaciones para trabajadores y familiares que contraen enfermedades por la exposición a este material cancerígeno. “En muchos casos, las personas se mueren en el curso del procedimiento”, dice en conversación con eldiario.es. Enumera casos de memoria distribuidos por toda la geografía española: de Uralita, de Renfe, de Alstom... “La mayoría de veces se gana, aunque lo que varía es la indemnización porque no hay un baremo propio y tenemos que usar el de accidentes de tráfico. Eso genera inseguridad jurídica porque depende un poco del juez”, explica.
“No les daban mascarillas ni los equipos de protección homologados”, relata Eugenia Martín, esposa de Julián, al otro lado del teléfono. Dice que afronta el juicio “bastante bien”, convencida de que las posibilidades de que la justicia les dé la razón son elevadas por los hechos probados hasta ahora. “Queremos que Metro pague porque no hay otra forma. Se han saltado todas las normas. A Julián no nos lo van a devolver”, dice.
El papel que reconocía que su enfermedad estaba relacionada con su desempeño profesional llegó en septiembre de 2017, un año antes de su fallecimiento. Martín explica que hasta dos meses después Metro de Madrid no emitió el parte que la hacía efectiva y que obligaba a la compañía a hacerse cargo de todos los gastos derivados de los tratamientos médicos. La familia afirma que se ha sentido “abandonada” por Metro. “Nadie vino a verle ni me llamó para preguntar. Ha sido un vacío total”.
El suburbano no ha querido hacer declaraciones sobre el juicio que afronta en los próximos días. Tampoco ha respondido sobre si tiene más demandas pendientes de resolver en los tribunales por el mismo asunto.
Un pleiteo largo
El abogado de Julián augura que la compañía se sentará en el banquillo. Que no habrá intentos de acuerdo para evitar el juicio. “Las empresas de este tipo suelen ser muy reacias a alcanzar acuerdos porque detrás del caso de Julián van a venir muchos más y, si reconocen su responsabilidad, eso marca para los posteriores”, considera Morillo, que cree que la estrategia judicial de Metro será recurrir cada uno de los pleitos mientras las sentencias no sean firmes.
“Es una empresa fuerte económicamente. Para Metro de Madrid los 400.000 euros de indemnización son una cifra importante pero menos relevante que tener un fallo en el que se reconozca su responsabilidad”, prosigue Morillo. La familia y el letrado saben que se enfrentan a un “mastodonte” que ha contratado al famoso despacho de abogados Sagardoy para hacer frente en los tribunales a la crisis del amianto, pese a que como empresa ya cuenta con un gabinete jurídico propio de 30 letrados.
Más de un año después de que estallara la crisis, los equipos de mantenimiento siguen encontrando piezas con amianto. Los depósitos de la compañía son un baúl de pedazos de trenes encapsulados y tapados en estaterías. Unos 40 convoys están parados sine die mientras la subida de la demanda de viajeros requiere más conductores y más vehículos. Los trabajadores han visto morir a dos de sus compañeros y otros dos están enfermos por exponerse sin protección al asbesto, algo contrario a la ley desde 2006 y que ha costado a la compañía una multa de 191.000 euros por parte de la Inspección de Trabajo.
Aún no se ha abonado a la espera de lo que diga la Fiscalía. A la información que maneja el Ministerio Público se ha incorporado hace una semana el resultado de la comisión de investigación que han hecho sobre el asunto los diputados de la Asamblea de Madrid. “Dejadez, incapacidad, imprudencia en la gestión y no cumplimiento de la ley” encabezan sus conclusiones, que ya tiene en sus manos la fiscal.