Distrito Castellana Norte (DCN), la empresa privada formada por BBVA y la constructora San José, se ha opuesto a través de un recurso en los tribunales a que tres paquetes de documentos del expediente de la Operación Chamartín sean públicos como había ordenado una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Este recurso, que se suma a uno anterior para impedir el acceso a más documentación del desarrollo urbanístico, también va a impedir que Izquierda Unida acceda a la documentación. La formación política había acordado este jueves una fecha para que dos parlamentarios del Congreso de los Diputados accedieran al expediente completo. Sin embargo, apenas horas después, desde la dirección general del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), propietaria de los terrenos cedidos a DCN, se les ha informado de que la consulta no podrá realizarse debido a los recursos presentados por DCN.
El dirigente de Izquierda Unida y concejal de Ahora Madrid, Carlos Sánchez Mato, explica que desde la subdirección de infraestructuras de Adif se les ha indicado que “mientras no se sustancie no nos podrán enseñar o dar copia de nada. Solo nos responderán verbalmente en la medida de sus posibilidades”. “Nos parece una maniobra más para seguir ocultando información relevante para la ciudadanía”, critica el edil, que señala que esto no impide “que cejemos en nuestro empeño de que haya transparencia en la gestión del patrimonio público.
Asociaciones vecinales y oenegés como Ecologistas en Acción, que se oponen al último acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Madrid, DCN y el Ministerio de Fomento para este desarrollo del norte de la ciudad, solicitaron por separado entre mayo y junio toda documentación del expediente de la Operación Chamartín a través del Portal de Transparencia.
En la última respuesta de Adif, el organismo público accedió a facilitar una parte de la documentación relativa a la Operación Chamartín, pero rechazó el acceso a tres informes. Adif alegó para mantener en secreto estos documentos, que la sociedad privada que forma BBVA y constructora San José se había opuesto a que se facilitase la información. De hecho, pese a que la empresa pública dependiente del Ministerio de Fomento autorizó el acceso al resto de la documentación, concedía dos meses a DCN para interponer un recurso en caso de que estuviera en contra, atendiendo a los procedimientos legales.
La Federación regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y Ecologistas en Acción recurrieron al Consejo de Transparencia por recibir fuera de plazo la respuesta a su solicitud. El órgano mediador dio por buena la respuesta de Adif, pero no aceptó que los tres documentos, los “más comprometidos” según los colectivos vecinales, siguieran siendo secretos y resolvió que Adif los tenía que remitir a la FRAMV, a Ecologistas en Acción y al propio consejo de transparencia, en un periodo de cinco días hábiles.
Los documentos nunca han llegado a las manos de las asociaciones porque DCN ha presentado dos recurso ante el Tribunal Contencioso-administrativo que los ha bloqueado. Las asociaciones recibieron una carta de Adif comunicándoles el recurso de BBVA y la constructora San José y se les indicaba que tienen derecho a personarse en el proceso judicial.
Desde Distrito Castellana Norte defienden los recursos alegando que se trata de documentos “privados”. “En esta documentación hay datos sensibles de DCN y de su negocio y no tenemos por qué compartirlos con competidores y terceros, porque esto podría suponer un perjuicio para nosotros”, defiende la empresa en respuesta a eldiario.es.
Convenio secreto desvelado por eldiario.es
El convenio que firmaron en 1994 el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y Distrito Castellana Norte (DCN) –una sociedad integrada por BBVA y la constructora San José– para el desarrollo de la llamada Operación Chamartín ha sido secreto durante 25 años. Este diario desveló en exclusiva este y los sucesivos contratos que se fueron renovando a lo largo de estos años y que han significado modificaciones sustanciales de las condiciones del acuerdo original.
La evolución de estos contratos supone una transformación completa del plan inicial, con condiciones muy distintas a las que, en su momento, consiguió el banco Argentaria –entonces público– cuando ganó el concurso convocado por Renfe para esta operación. En un primer momento, el terreno afectado era de 625.000 metros cuadrados, menos de la mitad del que finalmente será.
Veinticinco años después de su inicio, el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Fomento y DCN (BBVA y la constructora San José) escenificaron en julio un acuerdo para el desarrollo del norte de la ciudad. El Gobierno de Manuela Carmena, que ha aprobado en junta de Gobierno la modificación del plan especial, quiere llevarlo a Pleno para su aprobación definitiva, que debe ratificar también la Comunidad de Madrid, antes de que acabe el año.